La disputa en el sector de la pesca sumó un nuevo capítulo este jueves con fuertes acusaciones cruzadas entre la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y un grupo de trabajadores que integraban la tripulación del barco Cacique.
Nuevo capítulo en el conflicto de la pesca: una tripulación regresó sin autorización y anticipan sanciones
La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay advirtió que aplicará penalizaciones y desde el sector sindical piensan acudir a la Justicia.
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Con pérdidas económicas y acusaciones cruzadas, la tensión en la pesca amenaza con trasladarse de los muelles a los juzgados.
En un comunicado difundido en redes sociales, la cámara empresarial denunció que "un grupo de trabajadores exigieron al Capitán del barco donde estaban trabajando (Patrón de Pesca), que volviese a puerto antes de lo que tenía previsto". Según el relato de la patronal, esa presión se formalizó en una "protesta de mar" presentada por el propio capitán ante la empresa y la Prefectura Nacional Naval (PNN).
"Los barcos tienen una autoridad y no es la tripulación quien debe decidir nada. Es el Capitán del barco. Y el plan no era volver ayer", sostuvo CIPU, que desmintió que el regreso anticipado estuviera motivado por falta de provisiones. "Las provisiones de este barco eran para 10 días de navegación y fueron 7. Constatado con registros fotográficos, quedaban fuentes llenas de milanesas, guiso, así como provisión de carne, arroz, panchos, verduras, leche, etc.", agregó la cámara del sector.
Desde la cámara se afirmó además que "los trabajadores que tomaron esta medida serán sancionados como corresponde por la empresa", en tanto se evaluará el impacto económico del episodio, que incluyó también al barco pareja del Cacique, forzado a volver a puerto. Según cálculos de CIPU, la interrupción de la marea implicó una remuneración perdida "del orden de los 50.000 pesos por cinco días de trabajo embarcado".
Sanciones y tensión en la Justicia con el sindicato
El episodio podría escalar en los próximos días al terreno judicial, ya que la protesta de mar presentada por el capitán constituye un instrumento con validez legal y podría ser utilizada en eventuales demandas.
El sindicato de marineros, por su parte, prepara una respuesta pública y evalúa los pasos a seguir frente a las sanciones anunciadas. La controversia se da en un contexto de creciente tensión entre empresas y trabajadores, con acusaciones de "patoterismo" de un lado y de "persecución sindical" del otro. El conflicto en la pesca, lejos de apaciguarse, parece abrir un nuevo frente que combina sanciones empresariales, reclamos gremiales y un posible capítulo en la Justicia.
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