Pasaron más de tres meses desde que una resolución de un órgano federal de Brasil formalizó la suspensión de los derechos antidumping sobre las importaciones de leche en polvo procedentes de Uruguay y Argentina, y el caso sigue sin cerrarse.
Uruguay eleva la presión sobre Brasil y exige archivar la investigación por dumping contra la leche en polvo
La industria exportadora sostiene que la causa impulsada desde Brasilia es irregular y genera pérdidas millonarias al condicionar las ventas del sector.
-
Yamandú Orsi ve "encaminada" una salida al reclamo de Brasil por dumping en la leche en polvo
-
Brasil define en mayo si aplica sanciones por dumping a Uruguay y peligra el 20% de las exportaciones lácteas
El sector lácteo y la Cancillería presionan para que Brasil descarte las sanciones comerciales antes de fin de año.
Son tres las empresas uruguayas involucradas en la investigación, Conaprole, la principal, que derivó en la aplicación de esas medidas ante importaciones que supuestamente ingresaron al mercado brasileño a precios inferiores a los de la industria láctea doméstica.
La delegación del gobierno de Uruguay en el Grupo Mercado Común del Mercosur, que sesionó en Montevideo el 9 y 10 de este mes, llevó el tema a la comitiva brasileña. Recordó la aprobación de la resolución 907 del Comité Ejecutivo de Gestión de la Cámara de Comercio Exterior de Brasil (Gecex), del 3 de junio, e informó que el 29 de julio se publicó una circular de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) que dio inicio al "proceso de evaluación de interés público".
Según el acta de la reunión, la comitiva uruguaya dijo estar siguiendo esa evaluación "con especial atención" y pidió a la delegación brasileña conocer los plazos previstos para que el Departamento de Defensa Comercial elabore la Nota Técnica a partir de la cual la Secex deberá remitir una recomendación a la Secretaría Ejecutiva de la Camex. Los argentinos acompañaron el planteo uruguayo sobre el procedimiento y sobre "la incertidumbre que genera para los exportadores la falta de una pronta resolución".
Los plazos que dio Brasil
Frente a esos planteos, la delegación de Brasil citó otra circular del Secex, del 17 de agosto, según la cual la fase probatoria de la evaluación de interés público finalizará el 2 de octubre y la etapa de manifestaciones finales se extenderá hasta el 26 de ese mes. Después, el Departamento de Defensa Comercial dispondrá de 20 días (prorrogables por igual lapso) para elaborar su Nota Técnica, y la Secex tendrá cinco días, también prorrogables, para remitir al Gecex su recomendación.
Los brasileños agregaron que, hasta que el Gecex delibere, sigue en pausa el cobro de los derechos antidumping. La normativa permite mantener esa suspensión hasta un año, prorrogable una única vez por igual período, al cabo del cual los derechos podrían extinguirse.
Las delegaciones de Uruguay y Argentina reiteraron su posición de que los derechos dispuestos en la resolución 907 no resultan aceptables, tanto por la cuantía como por los vicios de forma que atribuyen a la investigación previa. Pese a eso, el acta consigna que Uruguay destacó la "buena disposición de las autoridades brasileñas para mantener abiertos los canales de negociación" y reiteró su intención de seguir buscando una solución duradera.
Un expediente de casi dos años
El caso arrancó formalmente en diciembre de 2024, cuando la Secex anunció que tenía "elementos suficientes" para investigar prácticas de dumping en las exportaciones lácteas de Argentina y Uruguay a partir de un reclamo de productores brasileños. El organismo brasileño avisó en esa fecha que iniciaría la investigación para averiguar la existencia de dumping en las exportaciones de leche en polvo, entera y descremada, sin fraccionamiento.
El expediente tuvo un primer giro favorable a mediados de 2025: en agosto de ese año hubo un dictamen intermedio en el que el gobierno de Lula da Silva resolvió no aplicar ni medidas preventivas ni aranceles sobre la leche en polvo argentina y uruguaya. La calma duró poco: en noviembre de 2025 el hoy vicepresidente brasileño, Geraldo Alckmin, reimpulsó la investigación desde el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio, lo que en enero de 2026 llevó a los gobiernos y exportadores de ambos países a cuestionar la reapertura del expediente y a advertir sobre sus "graves consecuencias".
El antecedente de mayo
En abril, tras una gira por Barcelona, el presidente Yamandú Orsi contó que había conversado el tema con Lula da Silva y con el titular del Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Aloizio Mercadante, y que la resolución del caso se estaba "encaminando". Los resultados de la investigación reimpulsada por Alckmin estaban previstos para el 5 de mayo.
Ese mes, el Gecex terminó resolviendo aplicar un derecho antidumping definitivo a las importaciones de leche en polvo de Argentina y Uruguay, pero con suspensión inmediata por razones de interés público. Los cálculos del Departamento de Defensa Comercial habían identificado márgenes de dumping superiores al 60% tras analizar las respuestas de cuatro exportadores argentinos y tres uruguayos.
La decisión generó malestar entre legisladores y productores brasileños: el Frente Parlamentario Agropecuario y representantes del sector lácteo local reaccionaron porque, aunque el panel había reconocido oficialmente la práctica de dumping, la aplicación de las medidas quedó suspendida en forma temporal para evaluar los impactos en la inflación alimentaria y los efectos diplomáticos dentro del Mercosur.
Esa suspensión por interés público es la que dio origen, en julio, a la evaluación que sigue en curso y que la delegación uruguaya buscó destrabar en la reunión del GMC de este mes.
Las voces del sector
El exembajador de Uruguay en Brasil, Guillermo Valles, resumió en junio el estado del expediente. "Acá no se archivó nada. El procedimiento sigue", señaló, al explicar las etapas que restaban.
Para Conaprole, el mercado brasileño es uno de los más importantes para sus exportaciones de leche en polvo. Durante la investigación, la empresa uruguaya alegó que el proceso fue "irregular e ilegítimo" y que Brasil ha icumplido normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En esa línea, el gerente general de la cooperativa, Gabriel Valdés, había cuestionado en su momento la apertura de la causa por considerar que el producto investigado (leche en polvo) no es comparable con la leche cruda que motivó el reclamo de los productores brasileños, y advirtió que una eventual sanción tendría impactos "inmediatos" en el empleo del sector.
