Desde la Confederación de Cámaras Empresariales enumeraron las problemáticas en torno al aumento de las certificaciones médicas.
El sector empresarial advierte por el aumento del gasto a partir de las licencias médicas.
La Confederación de Cámaras Empresariales (CCE) planteó la necesidad de revisar el uso de las certificaciones médicas y promover ahorros en el Banco de Previsión Social (BPS), durante una asamblea que recibió a representantes de la Lista 30 del sector empresarial.
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El presidente de la organización, Leonardo Loureiro, sostuvo que las certificaciones generan dificultades para cubrir los puestos de trabajo y mayores costos para las empresas. Aclaró que se trata de un instrumento necesario, pero cuestionó su utilización y reclamó medidas para abordar un problema que, según señaló, el sector viene planteando desde 2015.
“Es un instrumento que tiene que existir, pero tiene que ser bien utilizado”, afirmó tras el encuentro celebrado este jueves en el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) , cuya convocatoria estuvo dirigida a las 29 cámaras socias de la confederación.
Loureiro ilustró la preocupación empresarial con un ejemplo sobre las necesidades de contratación. Según explicó, en determinados sectores, una empresa que antes necesitaba una plantilla de 110 personas para cubrir 100 puestos de trabajo ahora requiere 130, debido a las ausencias por certificaciones médicas.
“Eso es un gasto adicional para el sector empresarial”, sostuvo, al señalar que el impacto comprende tanto los aportes como la necesidad de disponer de más trabajadores para mantener la actividad. El dirigente no presentó una estimación global del costo ni identificó los sectores comprendidos en ese ejemplo. Su planteo apuntó a revisar el funcionamiento del mecanismo y su incidencia sobre la organización del trabajo.
La reunión tuvo como eje la presentación de las propuestas de la Lista 30, que competirá por la representación empresarial en las elecciones del BPS del 22 de noviembre, cuando se elegirán los representantes sociales de trabajadores, empresas y jubilados y pensionistas.
Loureiro destacó que la lista está integrada por cámaras empresariales, varias de ellas pertenecientes a la CCE, y reivindicó su alcance territorial y sectorial. “Entendemos que representa a todo el sector empresarial”, manifestó. En ese sentido, mencionó la participación de centros comerciales, organizaciones agropecuarias y entidades distribuidas en todo el país.
Además de las certificaciones médicas, el intercambio incluyó propuestas de ahorro y control del gasto dentro del organismo. Según anunció Loureiro, quien asuma la representación empresarial por esa lista se compromete a no recurrir a funcionarios en pase en comisión y a no utilizar de forma permanente una partida para contratar asesores que, de acuerdo con su declaración, ronda los 15.000 dólares por director. No precisó la periodicidad de ese monto. “Vamos a hacer nosotros mismos, los empresarios, con el ejemplo, un ahorro constante en esa temática”, afirmó.
La asamblea también analizó las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea y la participación de las cámaras en una actividad prevista para el 2 de diciembre en Punta del Este. Loureiro explicó que la confederación había solicitado al canciller Mario Lubetkin una participación activa del sector privado y que la coordinación se realiza con Uruguay XXI. Según indicó, las cámaras confirmaron su asistencia al encuentro.
Consultado sobre los primeros resultados comerciales, sostuvo que se incrementaron las exportaciones en determinados rubros, aunque no detalló productos, destinos ni cifras. “Hay que seguir trabajando para ver cuál es la mejor alternativa de aprovechamiento”, señaló. También planteó la necesidad de aportar insumos al gobierno para las negociaciones vinculadas con la implementación del acuerdo. El Acuerdo Comercial Interino entre ambos bloques comenzó a aplicarse provisionalmente el 1.º de mayo de 2026.
En materia de infraestructura, la confederación empresarial abordó la situación portuaria y valoró la iniciativa del gobierno de retomar el análisis de un puerto de aguas profundas. Loureiro consideró positivo que el asunto vuelva a integrar la agenda y reclamó una evaluación profesional de sus posibilidades.
“Creemos que es un tema interesante para que el país lo analice en forma profesional”, expresó. El presidente de la confederación también señaló que el sector espera la definición jurídica del gobierno sobre la iniciativa privada presentada para una segunda terminal especializada de contenedores. Ambos asuntos formaron parte del intercambio empresarial sobre infraestructura y competitividad.