La gremial exige una reducción de la carga fiscal sobre las naftas y el gasoil para permitir una competencia equitativa en el mercado energético.
El gremio de vendedores de naftas descarta promover impuestos para los autos eléctricos y exige equidad fiscal
El sector de las estaciones de servicio enfrenta esta semana una tormenta perfecta: medidas de conflicto de FANCAP que interrumpen el suministro, la presión sostenida de la electrificación del parque automotor y una estructura impositiva sobre los combustibles fósiles que, según el sector, los condena a competir en desigualdad.
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Daniel Sanguinetti, presidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (UVNU), fue contundente en diálogo con Informativo Sarandí: "Lo que recomiendo a las personas es recargar combustible, no solo por la suba, sino por la eventual falta el fin de semana".
La Federación de Funcionarios de Ancap tiene previsto un paro de 24 horas que arrancará el viernes y finalizará el sábado a las 14 horas, lo que implica que no habrá despacho de combustible durante ese período. Para la semana siguiente se anticipan medidas más profundas, con un corte general de horas extras y cambios de turno que extendería el impacto sobre el abastecimiento.
No es la primera vez que el calendario del conflicto coincide con la instancia de revisión mensual de precios. Sanguinetti fue directo: "Sistemáticamente, cada fin de mes, previo a la modificación de precios en los combustibles, estamos sufriendo medidas de este tipo que nos afectan no solo a las estaciones sino a nuestros clientes".
"Estaciones están racionalizando el producto para no generar escasez. Puntualmente en varias zonas rurales del país y en algunas de Montevideo", explicó Sanguinetti. La práctica responde a una lógica de servicio esencial, en particular en el interior, donde una sola estación puede ser la única del pueblo, antes que a una estrategia especulativa. "Hay veces que viene alguien de un establecimiento agropecuario con una tarrina grande y se lleva lo poco que quedaba de gasoil", graficó el dirigente.
Más allá de la coyuntura del conflicto, la entrevista dejó al desnudo el desafío estructural que enfrenta el sector. La penetración del vehículo eléctrico ya se traduce en caídas concretas de ventas de combustible: 4% a nivel país en gasolinas, 6% en Montevideo, y más del 10% en zonas como Carrasco y Punta Gorda. En Maldonado se batió el récord de empadronamiento de autos eléctricos y algunas estaciones de la zona también empiezan a registrar mermas cercanas al 10%.
El dato más elocuente del cambio de época lo aportó el propio Sanguinetti: en abril, las ventas de autos 100% eléctricos representaron el 46% del total y los híbridos enchufables el 15%, sumando el 61% de las ventas mensuales del mercado automotor. Un punto de no retorno, al menos en el segmento metropolitano.
Acá está el nudo político de la posición del sector, y Sanguinetti lo expuso con precisión: "No pedimos más impuestos a los autos eléctricos. Lo que pediría es que le sacaran impuestos a los combustibles fósiles". La propuesta no es frenar la transición energética, sino nivelar la cancha fiscal para que la competencia entre fuentes de energía sea real y no subsidiada.
Según el dirigente, más del 50% del precio que paga el consumidor en la bomba son impuestos. Si se le extrae el componente impositivo a la nafta, quedan aproximadamente 45 pesos por litro, que contemplan la importación del crudo, el costo de refinería de Ancap y la distribución secundaria. Los otros 43 pesos son carga fiscal. "Nosotros somos más que nada agentes recaudadores de impuestos para el Estado", resumió.
Por otro lado, Sanguinetti recordó que el gasoil productivo, el que mueve el agro, la industria y el transporte de cargas, carga con subsidios cruzados que incluyen el fideicomiso del boleto y el factor de estabilización, sumando actualmente 4,20 pesos por litro de sobrecargo. "Eso encarece la producción tanto en el agro como en la industria y el transporte de la materia producida. Eso encarece la vida de todos los uruguayos", señaló.
La dimensión social del problema también fue puesta sobre la mesa. Las estaciones de servicio emplean a más de 8.300 personas, con un perfil específico: trabajadores con formación básica incompleta, muchos en su primer empleo y más de un tercio mujeres jefas de hogar. La electrificación del transporte no solo reduce los litros vendidos, también reduce la necesidad de personal de pista, dado que la carga eléctrica no requiere asistencia.
A eso se suma otro dato estructural: entre el 75% y el 80% de la carga eléctrica de los vehículos se realiza en los hogares y solo el 20-25% en la red pública, es decir, la mayor parte del "repostaje" del futuro eléctrico no pasará por las estaciones, lo que limita severamente su capacidad de reconversión hacia ese mercado.
El sector no pide detener la transición, en 2022 la Comisión Latinoamericana Empresaria de Combustible (Claec), con 12 delegaciones, decidió acompañar los procesos de transición energética en cada país. Lo que reclaman es saber hasta dónde se quiere llegar y en qué períodos de tiempo, y que esa transición no ocurra sobre una cancha inclinada donde el Estado resigna fiscalidad para fomentar los eléctricos mientras mantiene una carga impositiva máxima sobre los combustibles tradicionales.
La reunión que Sanguinetti pidió al Ministerio del Interior (MI), para abordar además el preocupante aumento de la violencia en estaciones, donde en el último año móvil se registraron seis hechos con un trabajador herido de bala, aún no tiene fecha confirmada. El sector espera respuestas en varios frentes a la vez.