La prospección sísmica en Uruguay asoma como una estrategia de largo plazo que combina inversión privada, objetivos de soberanía energética y potencial de generación de ingresos de magnitud, con montos que podrían escalar hasta los 300 millones de dólares en próximos contratos.
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La exploración offshore de Ancap puede suponer ingresos significativos para Uruguay.
En el marco de un taller para periodistas realizado este miércoles, del que participó Ámbito, Ancap actualizó el estado de la exploración petrolera offshore, con presentaciones estuvieron a cargo de los gerentes de transición energética de Ancap, Santiago Ferro y Pablo Gristo.
El proceso, remarcaron desde la empresa estatal, se inscribe en una dinámica regional en el Atlántico Sur. Uruguay ya ha concesionado amplias áreas marítimas del orden del millón de kilómetros cuadrados y mantiene en curso campañas exploratorias con participación de grandes petroleras internacionales.
Ancap maneja una probabilidad de éxito geológico de hasta 25%, en línea con estándares internacionales para este tipo de cuencas. Sin embargo, se advirtió que incluso un hallazgo podría no ser comercialmente viable.
Inversión, permisos ambientales y marco regulatorio
El modelo vigente no implica inversión estatal, ya que la inversión es 100% privada. A la fecha, supera los 150 millones de dólares y podría escalar a 300 millones en próximos contratos. Solo en campañas recientes, se destacan estudios sísmicos 3D por unos 70 millones y la proyección de un pozo exploratorio con una inversión superior a 200 millones de dólares.
La perforación exploratoria, considerada un hito clave, podría concretarse entre este año y el próximo, dependiendo de la obtención de permisos ambientales. Las autoridades subrayaron que no se han registrado incidentes ambientales, de salud ni de seguridad en las operaciones realizadas hasta ahora, en un esquema de monitoreo permanente.
El marco regulatorio establece exigencias estrictas desde el inicio: todos los proyectos requieren autorización ambiental previa, se aplican mejores prácticas internacionales y, en caso de descubrimiento, están prohibidos el venteo y la quema de gas.
Impacto económico: ingresos actuales y potencial a gran escala
Más allá del resultado exploratorio, la actividad ya genera efectos económicos. En el último año, Ancap facturó unos 12 millones de dólares por contratos de exploración y venta de información geológica. A su vez, se estiman ingresos indirectos por alrededor de 100 millones para empresas uruguayas vinculadas a la cadena de servicios.
En caso de un descubrimiento comercial, el impacto sería importante y a nivel estructural. Proyecciones presentadas en el taller indican ingresos directos al Estado de unos 1.700 millones anuales en promedio, con picos que podrían superar los 4.000 millones de dólares. De ese total, Ancap captaría en torno a 370 millones por año, con una participación estatal global cercana al 60% de la renta.
Desde la empresa enfatizaron que la exploración no implica un giro en la política energética. Uruguay ya genera casi el 100% de su electricidad a partir de fuentes renovables, pero ese segmento representa solo el 22% del consumo total. El país sigue dependiendo del petróleo importado, que explica cerca del 35% de la matriz primaria. En ese contexto, una eventual producción local no aumentaría el consumo de combustibles fósiles, sino que permitiría sustituir importaciones o generar ingresos, manteniendo el actual rumbo de transición energética.
El diagnóstico oficial es que no existe un reemplazo inmediato de los hidrocarburos a nivel global: hoy el 86,7% de la matriz energética mundial sigue basada en combustibles fósiles, en un escenario donde las energías renovables crecen, pero no desplazan completamente al petróleo y el gas. Como referencia, Ancap menciona el modelo de Noruega, donde la explotación de hidrocarburos convive con la sostenibilidad y se canaliza a través de fondos intergeneracionales para evitar impactos macroeconómicos negativos.
Bajo esa lógica, el mensaje central del ente es que la energía actual puede financiar la transición futura, donde los eventuales ingresos del petróleo podrían acelerar inversiones en sectores donde la electrificación aún es compleja y consolidar el desarrollo energético del país en el largo plazo.


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