La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) solicitaron al gobierno la suspensión inmediata de la prospección sísmica que realiza el buque BGP Prospector en aguas uruguayas, al advertir que la actividad genera daños en la pesca, altera el tamaño de las especies y agrava la delicada situación que atraviesa el sector.
El sector pesquero reclama suspender la prospección petrolera por ser "un golpe de gracia para la industria"
Las cámaras advierten que la actividad sísmica reducirá la pesca y afectará el tamaño de las especies en plena zafra, y cuestionan las compensaciones previstas.
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Pesqueras exigen frenar la prospección sísmica y advierten por impacto en la zafra.
El presidente de las cámaras pesqueras, Juan Riva Zucchelli, expresó su preocupación por el inicio de las operaciones de la embarcación contratada por la empresa Viridien (CGG Services), y puso en duda que el barco no haya comenzado tareas antes de contar con la autorización formal del Ministerio de Ambiente (MA). Según relató, la embarcación ya se encontraba en la zona de operación días antes de que se emitiera la aprobación oficial, e incluso habría comunicado a los pesqueros la delimitación de un área de exclusión debido al despliegue de cables de hasta ocho kilómetros de longitud.
Zucchelli sostuvo que la industria está en contra de las prospecciones sísmicas porque “le hacen un daño muy grande a la industria en particular y al ambiente en general”. El empresario recordó que entre 2012 y 2014 se realizaron trabajos similares y que, tras esas campañas, se constató una merma en las capturas y cambios en el tamaño de las especies comercializadas por Uruguay, entre ellas merluza, calamar y cangrejo. "Es un golpe de gracia a la industria", sostuvo.
En ese contexto, las cámaras habían solicitado que al menos se postergara el inicio de la prospección hasta después de la zafra, con el objetivo de contar con dos meses completos de actividad sin interferencias. “Nosotros habíamos solicitado por lo menos la suspensión de esta autorización en los meses de marzo y abril”, explicó y añadió: “Queríamos tener una zafra entera con buenas posibilidades para recuperarnos un poco de los años anteriores, lamentablemente el gobierno no nos oyó”.
Dudas sobre los resarcimientos para la pesca
Otro de los puntos cuestionados son los mecanismos de compensación previstos ante eventuales pérdidas. Según explicó, las compensaciones solo abarcan a la flota de altura con permisos A y C, pero dejan fuera a otras categorías que también podrían verse afectadas. Además, el sistema exige demostrar en un plazo de apenas dos meses posteriores a la finalización de la prospección que hubo caída en las capturas o modificaciones en los tamaños, algo que consideran de difícil comprobación en tan corto tiempo. “No se puede hacer definitivamente en ese plazo, está demostrando que las compensaciones son una farsa porque no van a ser aplicables”, sostuvo el referente.
Para las cámaras, estas condiciones vuelven prácticamente inaplicable cualquier resarcimiento y profundizan la incertidumbre. No descartan, en ese escenario, recurrir a la Justicia para intentar frenar la actividad. Sin embargo, advierten que un eventual fallo podría demorar años, mientras que los efectos sobre la pesca serían inmediatos.
“Ya vivimos esta historia y sabemos cuáles son las consecuencias”, afirmó Riva Zucchelli, quien reclamó una revisión de la autorización otorgada, al considerar que la industria pesquera no está en condiciones de soportar un nuevo golpe.


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