En la previa de una nueva Marcha del Silencio, Alba González sostuvo que la decisión presidencial “no puede tener más dilaciones”.
Familiares reclamaron al gobierno que ordene a las Fuerzas Armadas entregar información sobre desaparecidos.
A 50 años de los asesinatos en Buenos Aires de los dirigentes uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a Rosario Barredo y William Whitelaw, la Marcha del Silencio volverá a recorrer este miércoles 20 de mayo la avenida 18 de Julio con una consigna centrada en el pedido de verdad y justicia y con reclamos al gobierno y a las Fuerzas Armadas para que aporten información sobre los detenidos desaparecidos.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
La convocatoria a la edición número 30 de la Marcha del Silencio fue presentada este martes en una rueda de prensa realizada en la sede del PIT-CNT, donde integrantes de la Asociación Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos remarcaron la necesidad de acelerar las investigaciones y de terminar con las trabas burocráticas que, aseguran, siguen dificultando el acceso a archivos y documentación militar.
En representación del colectivo, Alba González reclamó una intervención más firme del presidente Yamandú Orsi sobre las Fuerzas Armadas. “La orden a las Fuerzas Armadas del presidente no puede tener más dilaciones”, afirmó durante la conferencia, al insistir en que los mandos militares deben entregar toda la información disponible sobre el destino de los desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.
La Marcha del Silencio se realiza cada 20 de mayo desde 1996 y se transformó en una de las manifestaciones más emblemáticas de Uruguay en materia de derechos humanos. La fecha recuerda los homicidios cometidos el 20 de mayo de 1976 en Buenos Aires, en el marco del Plan Cóndor y de la coordinación represiva entre las dictaduras de Uruguay y Argentina.
En paralelo a la convocatoria de este año, Madres y Familiares informó que se incorporaron ocho nuevos nombres al listado de desaparecidos, luego de una actualización realizada por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh). Según el relevamiento, el organismo recibió 326 denuncias vinculadas a presuntas desapariciones forzadas durante la dictadura, tanto en el país como en el exterior.
De ese total, 205 casos continúan siendo investigados como desapariciones forzadas, mientras que otros expedientes siguen bajo análisis o fueron descartados. La organización mantiene dentro de su listado algunos casos que la Inddhh considera aclarados, al entender que la localización de restos no implica que exista una resolución completa sobre las circunstancias de los hechos y las responsabilidades involucradas.
Semanas atrás, integrantes del colectivo se reunieron con el presidente Yamandú Orsi para transmitirle su preocupación por el ritmo de las investigaciones. Ignacio Errandonea cuestionó que, tras un año de gobierno, no se hayan eliminado los obstáculos administrativos para acceder a archivos considerados clave en la búsqueda de información.
En los últimos años hubo algunos avances en las excavaciones realizadas en predios militares. En 2024 se confirmó que los restos hallados en el Batallón 14 pertenecían a Amelia Sanjurjo Casal, mientras que meses después se identificaron restos de Luis Eduardo Arigón Castel en el mismo lugar. Antes de esos hallazgos también habían sido encontrados e identificados los restos de Roberto Gomensoro, Ubagésner Chaves, Fernando Miranda, Eduardo Bleier, Julio Castro y Ricardo Blanco Valiente.
La movilización de este miércoles volverá a desarrollarse en silencio, con miles de personas portando fotografías de desaparecidos y reclamando respuestas sobre el paradero de quienes aún permanecen desaparecidos, en una marcha que mantiene vigente el reclamo de memoria, verdad y justicia medio siglo después de los crímenes.