El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que habilita a las personas a jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años, siempre que acrediten 30 años de aportes.
Desde el gobierno detallaron que el esquema mantiene la edad de retiro de referencia en los 65 años tomando como modelo la legislación de países como Canadá o Suiza.
El equipo económico inició la ronda de contactos con las organizaciones sociales y las comisiones expertas de la regla fiscal.
El Poder Ejecutivo presentó un proyecto de ley que habilita a las personas a jubilarse de forma anticipada a partir de los 60 años, siempre que acrediten 30 años de aportes.
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La iniciativa fue expuesta en rueda de prensa por el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Juan Castillo, junto al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone.
Castillo explicó que el proyecto recoge un reclamo surgido del diálogo social y de la campaña electoral del Frente Amplio. "Esto es atendiendo fundamentalmente una demanda del diálogo social, trabajo colectivo que se estaba haciendo desde allí, que se incorporó, luego 9 meses de trabajo y que estamos monitoreando desde el gobierno, el Poder Ejecutivo, viendo los momentos de aplicar y darle forma a este proyecto de ley que emana", afirmó.
El ministro remarcó que la iniciativa busca atender también a las poblaciones más vulnerables. "Eso tiene en cuenta el diálogo social, pero tiene en cuenta también a las poblaciones más vulnerables, que es algo que nosotros estábamos bastante preocupados. Fue motivo del debate de la discusión de la ley 20.130, fue motivo también de un elemento que estuvo presente en la campaña electoral, en el diálogo social, y que ahora es la oportunidad que se tiene de darle la posibilidad a personas que siguen a los 60 años de edad y por diversos motivos no tienen la posibilidad de poder seguir trabajando, y esto le genera esas condiciones", sostuvo.
Sobre los próximos pasos, Castillo indicó: "La presentación de este proyecto, los contenidos, el intercambio tiene que ver con que se va a abrir un debate parlamentario ahora, y nosotros estamos ajustando la respuesta. Hasta ahora con la fuerza política, a partir de mañana con las organizaciones sociales que también tenemos la misma visita".
Consultado sobre si el beneficio estará asociado a un determinado nivel de ingresos, Oddone lo descartó de plano. "No, no tiene que ver con nivel de ingreso. Esto es una elección individual de las personas. Las personas lo que van a poder es decidir retirarse por esta causal de manera anticipada después de los 60 años cuando tengan 30 años de aporte", explicó.
El ministro del MEF detalló el criterio central del diseño del proyecto, enfocado en proteger a los sectores más vulnerables. "Lo que nosotros nos preocupamos en el diseño es que esté contenido allí que las personas más vulnerables, o sea, el 30% más vulnerable, estén esencialmente protegidas, haciendo que sus condiciones de jubilación sean iguales o incluso en la mayoría de los casos mejores que las que tenían antes de la vigencia de la ley 20.130", señaló.
Para el resto de la población, aclaró, el esquema sigue orientado a sostener la edad de retiro de 65 años. "Por supuesto, para el resto de las personas los incentivos son hasta que permanezcan hasta los 65 años, pero si una persona, como recién explicaba Juan, llega a los 60 años y pierde su trabajo o está en condiciones físicas de no poder realizarlo, va a tener la oportunidad de retirarse anticipadamente, y no como lo que establece el marco vigente, que solamente algunos colectivos lo pueden hacer", sostuvo.
Oddone defendió el carácter de acceso universal de la herramienta como una forma de dar previsibilidad al sistema. "Los colectivos que hoy tienen beneficios para poderse retirar antes de los 65 años son algunos. ¿Quién nos garantiza a nosotros que en el futuro no haya otros colectivos que logren incorporarse? De esta manera, con este régimen que es de acceso universal, dando la libertad a todas las personas, despejamos esas incertidumbres para el sistema", afirmó.
El subsecretario también vinculó el proyecto con un cambio en la forma de actualizar el suplemento solidario. "El cambio que estamos haciendo en la actualización del sistema de suplemento solidario, que creo que es una gran contribución, también despeja otra incertidumbre, porque hoy, así como está establecido, deja un margen de discreción a que el Poder Ejecutivo interprete vez a vez cuál es el mecanismo de indexación del suplemento solidario: si es el IPC, si son los índices medios de salarios, o como rige hoy, una semisuma. Nosotros con lo que estamos estableciendo es un régimen general que también al sistema le quita un nivel de incertidumbre, porque quita esa discreción del Poder Ejecutivo de qué índice utiliza para actualizar el suplemento solidario, que es precisamente el componente que contempla a las personas más vulnerables", explicó.
Sobre el proceso de negociación en marcha, Oddone precisó: "Hemos informado ayer a la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio y hoy a las autoridades. En las próximas horas estaremos con representantes de las organizaciones sociales que participarán en el diálogo social y, a su vez, con miembros del Comité Fiscal Asesor y con los reportantes al comité de expertos de la regla fiscal, que son un poco las personas que siguen con una mirada económica estos temas".
Por otro lado, agregó: "Por supuesto, el ámbito propio es la comparecencia parlamentaria, que todavía no tenemos fijada, pero además estamos totalmente abiertos a conversar con la oposición sobre este tema".
Consultado sobre las críticas de la oposición, que advierte que impedir la jubilación activa podría alentar el trabajo informal entre los mayores de 60 años, Oddone aclaró primero que el régimen general no cambia: "El régimen mantiene la edad de retiro de los 65 años, y tal y como establece la ley 20.130, las personas que alcanzan los 65 años van a poder jubilarse a los 65 años y seguir trabajando, o sea, que eso no se cambia en absoluto".
La restricción, explicó, aplica únicamente a quienes opten por el retiro anticipado. "Lo que sí se cambia es que las personas que se acojan al retiro anticipado, por el hecho de acogerse al retiro anticipado, no van a poder trabajar. Ahí es donde está centrada la discusión", sostuvo.
Sobre el riesgo de informalidad, el subsecretario reconoció el punto planteado por la oposición, aunque relativizó su alcance. "El nivel de informalidad entre las personas mayores de 60 años es un nivel relativamente elevado, comparado con los jóvenes, en torno al 40% según lo que la encuesta continua de hogares va a establecer. Nosotros no creemos que el fomento de la ley lo vaya a incentivar, pero es un problema que no lo va a resolver, eso está claro. Y seguramente tenemos que trabajar desde otros instrumentos, de otros mecanismos, para sacar ese problema, en el cual la oposición, y que lo han levantado, tienen un punto que puede ser considerado", afirmó.
Oddone insistió en que el diseño busca reafirmar la edad de retiro en 65 años, tomando como referencia la experiencia de otros países. "Al final del día lo que es importante, lo que la ley establece, es reafirmar que la edad de retiro es a los 65 años. Pero al igual que muchos países del mundo, como Finlandia, Canadá, Estados Unidos, Suiza, lo que hacen esos países que tienen edad de retiro de 65 años es habilitar mecanismos para que las personas que no pueden trabajar entre los 60 y los 65 años, ya sea por condiciones físicas o porque no consiguen trabajo, puedan retirarse anticipadamente", señaló.
Oddone remarcó que se trata de un rasgo típico de países con la transición demográfica consolidada y rentas relativamente altas. "Son países todos que llevaron el régimen a 65 años, pero que habilitan los anticipos. Lo que tenemos en Uruguay hoy vigente es que llevamos la edad de retiro a los 65 años, pero no tenemos la posibilidad de que las personas que enfrenten esta dificultad se puedan retirar antes. Estamos generando esta oportunidad. Por supuesto, porque toda solución genera desacomodos en algún otro punto", sostuvo.
Oddone resumió los dos ejes que guiaron el diseño del proyecto. "Lo que nosotros hemos vigilado es proteger a la población más vulnerable y, a su vez, que el régimen siga siendo sostenible financieramente, que era un elemento central para poder consolidar un cambio que se había introducido en el pasado", aseguró y remarcó además que para el 30% más vulnerable de quienes se jubilan por año, “las condiciones de jubilación son iguales o mejores que las que regían antes de la ley 20.130”, mientras que para el 70% restante el proyecto apunta a incentivar la permanencia en actividad hasta los 65 años.