La gremial advirtió sobre sobrecostos y riesgos para la inversión y reclamó al Poder Ejecutivo medidas para garantizar la operativa.
La Cámara de Zonas Francas se suma al reclamo contra el gobierno por el conflicto en el Puerto de Montevideo.
La Cámara de Zonas Francas se sumó a los reclamos empresariales por la conflictividad en el Puerto de Montevideo y exhortó al Poder Ejecutivo a actuar "con celeridad" para garantizar la continuidad operativa de la terminal, al advertir que las interrupciones afectan el comercio exterior, generan sobrecostos y ponen en riesgo la posición de Uruguay como hub logístico regional.
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En un comunicado, la gremial manifestó su "preocupación" por las interrupciones intermitentes en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) y sostuvo que la situación afecta el normal funcionamiento del puerto, al que calificó como una infraestructura clave para el comercio exterior del país. Asimismo, recordó que las zonas francas dependen de una cadena logística previsible para cumplir con los compromisos asumidos con clientes e inversores.
"Cada interrupción portuaria genera sobrecostos y pone en riesgo la confianza de inversores y clientes globales", señaló la cámara. En ese sentido, consideró que el Poder Ejecutivo debe actuar "con celeridad" dentro del marco legal vigente para garantizar la continuidad operativa del Puerto de Montevideo y de sus terminales estratégicas, promoviendo protocolos de contingencia, servicios mínimos cuando corresponda e instancias de negociación con plazos definidos.
La organización afirmó además que asegurar el funcionamiento del puerto implica proteger el empleo, la inversión, las exportaciones y la imagen internacional de Uruguay, por lo que sostuvo que la continuidad de la operativa debe asumirse como una política de Estado para el desarrollo nacional y la inserción internacional del país.
El pronunciamiento se suma a los reclamos realizados en los últimos días por otras organizaciones empresariales a raíz del conflicto laboral en la TCP. Entre ellas, la Cámara de la Industria Frigorífica del Uruguay (CIF) y la Asociación de la Industria Frigorífica del Uruguay (Adifu) solicitaron al gobierno adoptar medidas que garanticen el funcionamiento del puerto, al advertir que las paralizaciones afectan directamente la cadena exportadora, la competitividad y la reputación del país.
Las gremiales frigoríficas señalaron que la industria trabaja con productos perecederos, cronogramas de faena y ventanas comerciales sujetas a fechas estrictas de ingreso, cupos y condiciones arancelarias, por lo que cualquier interrupción en la operativa portuaria repercute sobre toda la cadena productiva y compromete el cumplimiento de los contratos de exportación.
Los nuevos cuestionamientos profundizan la presión del sector privado sobre el gobierno para encontrar una salida al conflicto, en momentos en que distintas actividades vinculadas al comercio exterior advierten por el impacto que las medidas sindicales pueden tener sobre la competitividad y la confiabilidad logística de Uruguay.