Un relevamiento del Ministerio del Interior revela que el país pasó de 6.757 reclusos en 2003 a 16.570 en 2025, mientras persisten dificultades para la rehabilitación.
La cantidad de presos en Uruguay se duplicó en la últimas dos décadas.
La población carcelaria de Uruguay registró un fuerte crecimiento durante las últimas dos décadas, con una cantidad de personas privadas de libertad que pasó de 6.757 en 2003 a 16.570 en 2025, mientras que la tasa de prisionalización prácticamente se duplicó en ese período y alcanzó los 480 reclusos cada 100.000 habitantes.
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Los datos surgen de la última encuesta sobre personas privadas de libertad, presentada este viernes por el Ministerio del Interior (MI), que también expone dificultades vinculadas al acceso a la educación, las oportunidades laborales y las condiciones de rehabilitación dentro del sistema penitenciario.
En 2003, la tasa de prisionalización se ubicaba en 253 personas cada 100.000 habitantes, frente a las 480 registradas en 2025. Esto representa un incremento de casi el 90% en el indicador a lo largo de 22 años, mientras que la cantidad absoluta de reclusos aumentó más del doble. En cuanto a la composición de la población penitenciaria, nueve de cada diez personas privadas de libertad son hombres. La edad promedio es de 33 años entre los varones y de 35 años entre las mujeres.
Uno de los principales resultados del relevamiento está relacionado con las trayectorias educativas de las personas privadas de libertad. Más de la mitad abandonó sus estudios antes de cumplir los 15 años, mientras que tres de cada cuatro no superaron el ciclo básico y tres de cada diez no completaron la educación primaria.
Los datos también muestran que la mayoría de los reclusos tuvo algún tipo de experiencia laboral antes de ingresar al sistema penitenciario. Casi el 88% declaró haber tenido alguna vez un trabajo remunerado, mientras que seis de cada diez se encontraban trabajando antes de su detención.
Sin embargo, las oportunidades de formación y empleo dentro de las cárceles presentan un panorama diferente: cuatro de cada diez personas privadas de libertad estudian y menos de cuatro de cada diez trabajan durante su reclusión. En ese contexto, el 75% considera que el Estado podría mejorar sus condiciones de rehabilitación. Al consultarles sobre las principales necesidades para avanzar en ese proceso, el 74% identificó el acceso a un empleo como su principal demanda.
La encuesta también permite conocer algunas características de las trayectorias personales y familiares de la población penitenciaria. Siete de cada diez reclusos tienen hijos y, entre las mujeres privadas de libertad, el 70% fue madre antes de cumplir los 20 años.
Por otra parte, una de cada cinco personas estuvo en situación de calle en algún momento de su vida, mientras que una de cada cuatro estuvo vinculada al sistema de responsabilidad penal adolescente. El relevamiento identificó además que el 22,7% de los encuestados tuvo durante su infancia o adolescencia algún familiar vinculado al delito o a situaciones de violencia.
A su vez, el 71% declaró tener a una persona de su círculo cercano que se encuentra en prisión o cuenta con antecedentes penales, un dato que refleja la presencia de vínculos previos con el sistema penal en buena parte de la población encuestada.
Otro de los aspectos abordados por la encuesta es la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios. Seis de cada diez personas privadas de libertad afirmaron sentirse seguras dentro de la cárcel, mientras que el 10% declaró haber sufrido alguna agresión por parte de otro interno.
No obstante, el propio relevamiento advierte que existe un importante problema de subregistro de la violencia, debido a que el 86% de las víctimas no denuncia las agresiones ni otras situaciones violentas. Esta falta de denuncias dificulta conocer el alcance real de los episodios de violencia dentro del sistema penitenciario y constituye uno de los aspectos señalados por la encuesta al analizar las condiciones de vida de las personas privadas de libertad.