El CED destacó las fortalezas institucionales de Uruguay, pero habló de la importancia de hacer algo más frente a un desafío demográfico.
La estabilidad de Uruguay no alcanza por sí sola para crecer, advierten desde el CED.
Con la estabilidad como base y el desafío de impulsar el crecimiento ante un escenario demográfico complejo, expertos reflexionaron sobre la realidad del país y las oportunidades que existen en materia de innovación para dotar de mayor dinamismo a la economía.
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Bajo la consigna “Uruguay: Los desafíos de los próximos 10 años”, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) celebró sus diez años con un seminario internacional realizado en el hotel Hyatt Centric de Montevideo, donde reunió a referentes políticos, economistas y especialistas de la región para debatir sobre los desafíos a futuro.
El encuentro puso sobre la mesa la necesidad de impulsar transformaciones estructurales para mejorar la productividad, fortalecer el capital humano y aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios tecnológicos y comerciales a nivel internacional.
Durante su intervención, el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde, planteó que Uruguay enfrenta un escenario demográfico que obligará a repensar sus estrategias de desarrollo y advirtió que las fortalezas institucionales del país, aunque valiosas, resultan insuficientes para garantizar un crecimiento sostenido. “La estabilidad no alcanza, la estabilidad no es suficiente”, afirmó Iturralde, al tiempo que llamó a abandonar la inercia y asumir con mayor urgencia las reformas necesarias.
Uno de los principales puntos señalados por Iturralde fue el impacto del envejecimiento poblacional sobre la economía uruguaya, particularmente por la reducción prevista de la población en edad de trabajar. Según explicó, a partir de 2031 comenzará a disminuir ese segmento de la población, lo que implicará una presión creciente sobre la capacidad productiva y los mecanismos de sostenimiento de la población económicamente inactiva. “Vamos a ser menos personas activas para sostener a más personas inactivas”, sostuvo.
En ese contexto, el director ejecutivo del CED aseguró que mejorar la formación de los trabajadores y elevar la productividad dejará de ser solamente un objetivo deseable de política económica. “Las discusiones sobre mejorar el capital humano y mejorar la productividad ya no son una discusión opcional, son casi de supervivencia para una sociedad como la nuestra”, enfatizó.
La advertencia introduce una dimensión de largo plazo en el debate económico nacional, en un país donde el envejecimiento demográfico, las dificultades educativas y el crecimiento moderado de la productividad constituyen desafíos relevantes para el desarrollo.
Iturralde también cuestionó la idea de que la solidez institucional uruguaya sea, por sí sola, una garantía de prosperidad futura. Si bien destacó el valor de la convivencia democrática, la estabilidad política y la previsibilidad institucional, sostuvo que esas características deben complementarse con una agenda de transformación económica. “Nos encanta que los presidentes se saluden, tengan vínculo en la civilidad, la institucionalidad, pero necesitamos romper la inercia”, señaló.
El director del CED advirtió que existen experiencias internacionales de países que, pese a contar con instituciones estables, no lograron revertir sus problemas estructurales y terminaron atravesando procesos prolongados de estancamiento.
En ese sentido, mencionó a Europa como una referencia de los riesgos que supone no reaccionar a tiempo frente a los cambios económicos y sociales. “Tenemos que gritar fuerte la necesidad de tener otro sentido de urgencia en muchas cosas”, expresó.
Pese a las advertencias, Iturralde planteó una visión optimista respecto a las oportunidades que podrían abrirse para Uruguay durante los próximos diez años. A su entender, las transformaciones tecnológicas y los cambios en el comercio internacional pueden reducir algunas de las desventajas históricas que enfrenta el país por su tamaño, su escala económica y su distancia de los principales centros de consumo. “El mundo que se viene tiene algunas características que puede ser mejor para países como Uruguay”, afirmó.
El director ejecutivo del CED sostuvo que las cadenas comerciales y productivas valoran cada vez más la previsibilidad y la confianza, dos atributos que Uruguay puede utilizar para fortalecer su inserción internacional. “El comercio cada vez valora más la certidumbre. No es necesario ser más barato, alcanza con tener niveles de competitividad razonables, siempre que uno pueda dar certidumbre, estabilidad, certezas”, explicó.
Sin embargo, remarcó que para aprovechar esas ventajas será necesario profundizar la apertura económica y adaptar el marco regulatorio a las nuevas tecnologías. “El único antídoto a ser pequeños es ser muy abiertos”, afirmó, y reclamó una regulación que “abrace decididamente el cambio tecnológico, sobrepasando los miedos”.
Iturralde cerró su intervención con una mirada hacia 2036, al expresar su aspiración de que las decisiones adoptadas durante los próximos años permitan construir un Uruguay “más justo, más libre y más próspero”.
La agenda del seminario también incluyó una reflexión sobre el escenario político internacional a cargo del politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizó las tensiones que atraviesan las democracias contemporáneas, la alternancia política y el vínculo entre los resultados económicos y la legitimidad institucional.
Malamud señaló que existe una diferencia significativa entre el respaldo ciudadano a la democracia como sistema de gobierno y la satisfacción con su funcionamiento. Según los datos regionales mencionados durante su exposición, alrededor del 60% de los latinoamericanos prefiere la democracia frente a otras formas de gobierno, mientras que solamente un 30% se declara satisfecho con sus resultados.
El politólogo sostuvo que los cambios de orientación política que se observan en América Latina deben interpretarse también como parte de una dinámica de alternancia democrática. En ese sentido, señaló que los desplazamientos electorales hacia la derecha pueden ser seguidos por nuevos movimientos hacia la izquierda, sin que ello implique necesariamente una ruptura del sistema democrático.
Durante el intercambio se planteó además la creciente insatisfacción de los ciudadanos con el funcionamiento del Estado y con los servicios que reciben a cambio de los impuestos que pagan. Ante la interrogante sobre si existe una crisis del Estado que termina confundiéndose con una crisis de la democracia, Malamud sostuvo que las investigaciones comparadas ofrecen una distinción importante. De acuerdo con estudios académicos citados por el politólogo, los ciudadanos no necesariamente están dispuestos a sacrificar la democracia para resolver problemas económicos.
Otro de los ejes de su intervención fue el cambio en las formas en que pueden debilitarse los regímenes democráticos. Malamud explicó que, históricamente, las rupturas democráticas solían producirse mediante intervenciones externas al gobierno, como golpes de Estado impulsados por actores que habían perdido el poder. En cambio, advirtió que actualmente los riesgos pueden surgir desde el propio sistema político, cuando dirigentes elegidos democráticamente comienzan a debilitar los mecanismos institucionales que limitan su poder.
“Hoy la democracia, cuando peligra, no es de golpe y no es de afuera, es de a poco y de adentro, con los que ganaron que no se quieren ir”, afirmó. En ese marco, mencionó los casos de Donald Trump y Jair Bolsonaro como referencias para analizar las tensiones entre liderazgo político, legitimidad electoral y respeto a las instituciones.
El especialista también abordó las diferentes perspectivas desde las cuales se evalúa la calidad democrática, señalando que politólogos y economistas pueden llegar a conclusiones distintas sobre un mismo gobierno. Como ejemplo mencionó la llegada de Javier Milei a la Presidencia en Argentina, cuando algunos análisis institucionales expresaron preocupación por los riesgos democráticos, mientras que otras evaluaciones pusieron el acento en la posibilidad de que una mejora del desempeño económico fortaleciera la legitimidad del sistema.