La gremial señaló que el plan para bajar el costo de vida otorga ventajas injustas a los nuevos importadores y desincentiva la inversión privada.
Los técnicos de la Industria pidieron al Congreso abrir un debate específico sobre costos energéticos y logísticos.
La Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) advirtió ante el Parlamento que uno de los artículos del proyecto de ley de Competitividad y Reducción del Costo de Vida convertiría al país en el destino ideal para la liquidación de excedentes de Brasil, Argentina y Asia, o de productos próximos a su vencimiento.
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El gremio pidió eliminar o desglosar el artículo 140 de la iniciativa, que impulsa el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y advirtió que algunas empresas ya evalúan acelerar el cierre de operaciones o líneas de producción en el país si la norma se aprueba tal como está redactada.
El artículo en cuestión simplifica el registro de "importadores subsiguientes", el cual, habilita que existan múltiples proveedores para un mismo producto sometido a vigilancia técnica, sanitaria o de cualquier otro tipo, y permite que una empresa registre e importe un producto ya evaluado previamente por un primer importador, un año después del registro original. Según la CIU, esto desconoce la inversión que hizo quien registró el producto primero, desarrollo comercial, certificaciones, información del exterior, y le da una "ventaja injusta" a cualquier nuevo importador que se sume después.
El gremio sostuvo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes que, por el tamaño reducido del mercado uruguayo, un trámite de importación simplificado lo convertiría en destino preferido para liquidaciones regionales y asiáticas, lo que presionaría a la baja los precios de los actuales proveedores de marcas nacionales, que, según el documento presentado, ya operan en su piso de rentabilidad y podrían verse forzados a salir del mercado.
El vicepresidente de la CIU, Ruben Donnángelo, fue categórico ante los legisladores: "Los tiempos políticos no son los tiempos industriales, y van a seguir cerrando empresas". El dirigente enumeró cierres de fábricas de los últimos años, entre ellas Yazaki, Maestro Cubano, Colgate Palmolive, Sherwin Williams y Fanapel, para graficar la situación del sector, y agregó que "los costos de producir en el país hacen que muchas industrias ya no sean viables". "Uruguay es un país caro y el sistema político no ha mirado a la industria ni la ha ayudado", sostuvo.
Para la CIU, el proyecto no aborda los tres factores que consideran centrales para la competitividad industrial: los costos energéticos, las relaciones laborales y la logística portuaria. El economista del gremio, Sebastián Pérez, dijo que las autoridades del MEF trasladaron al sector que la discusión de esos tres temas quedaría postergada para el año próximo, y remarcó: "Estamos centrando toda nuestra energía sobre este artículo vinculado a uno o dos productos de la canasta básica".
Pérez también citó una frase del ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, sobre el "desvelo" que le genera al gobierno revertir los problemas de competitividad, y agregó su propia lectura: "El partido lo venimos perdiendo 2 a 0, porque ya vamos a terminar con un segundo año de bajo crecimiento".
Otros técnicos de la CIU sumaron reparos puntuales como Marcelo Ballesta, quien consideró "insuficiente" el plazo de un año antes de que se habilite el registro simplificado y cuestionó que la norma no exija al segundo importador demostrar identidad, origen y condiciones sanitarias del producto. También preguntó si no sería posible que el arancel diferencial para las micro, pequeñas y medianas empresas, previsto en el artículo 154, acompañe el ciclo de vida del registro, en lugar de aplicarse de forma fija.
El proyecto de ley había sido presentado el 10 de junio por Oddone y otros tres ministros en la Torre Ejecutiva, quien lo definió entonces como el "buque insignia" del gobierno de Yamandú Orsi. La iniciativa reúne más de 240 artículos distribuidos en cuatro capítulos, agilización de trámites, facilitación del comercio exterior, promoción de la competencia y reducción del costo de vida e innovación, y busca, según su exposición de motivos, trasladar al plano microeconómico los resultados macroeconómicos que el país ya había logrado.
En un primer momento, el proyecto recibió un respaldo amplio del sector empresarial. La Confederación de Cámaras Empresariales lo celebró apenas conocido, al igual que la Cámara de la Construcción, y la propia CIU, a través de su presidente, Leonardo García, lo calificó en junio como "muy positivo" y como "un paso adelante". Ese respaldo inicial convivió, sin embargo, con la advertencia de que se trataba de un punto de partida, ya que cámaras como la de la Construcción señalaron entonces que el problema de la competitividad no se solucionaría "con un solo proyecto". El giro más crítico de la CIU llegó recién en esta instancia parlamentaria, centrado específicamente en el artículo sobre importadores subsiguientes.
La discusión sobre la interoperabilidad entre organismos públicos que prevé el proyecto también generó cuestionamientos, en este caso desde la oposición, que trazó un paralelismo con un posible "Gran Hermano" económico por la creación de estructuras de control centralizadas. La CIU dijo compartir ese reclamo y adherir a la propuesta opositora de exigir autorización previa para el cruce de esa información.
El gremio, en cambio, no planteó objeciones a los cambios en compras públicas ni al autodespacho aduanero previstos en el proyecto, y dijo no tener aún cuantificadas las pérdidas del conflicto en el puerto de Montevideo.