La oposición acusa al gobierno de impedir el trabajo de la investigadora en el caso Cardama

Legisladores denuncian "ilegalidad" por la confidencialidad de la información impuesta por el Poder Ejecutivo y aseguran que limita su función.

La oposición acusa al gobierno de impedir el trabajo de la investigadora en el caso Cardama.

Foto: Astillero Cardama

La oposición cuestionó al gobierno por declarar confidencial la información remitida al Parlamento sobre el caso Cardama, al considerar que se trata de un procedimiento “absolutamente ilegal” que limita el accionar de la comisión investigadora y pone en duda el sentido mismo de su funcionamiento.

El cuestionamiento se produjo en el marco de la comisión especial creada para analizar el proceso de contratación y rescisión del vínculo entre el Estado y el astillero español Cardama, una instancia que desde su instalación a fines de febrero ha estado marcada por diferencias entre oficialismo y oposición. Mientras el Frente Amplio (FA) busca indagar eventuales irregularidades en la selección inicial, los partidos opositores apuntan a la decisión del gobierno de Yamandú Orsi de rescindir el contrato a comienzos de este año.

La nueva controversia está dada por el alcance de la confidencialidad aplicada por el Poder Ejecutivo a la documentación enviada. Se trata de expedientes vinculados al contrato, comunicaciones entre el Ministerio de Defensa, la Armada y la empresa, así como informes sobre la supervisión de la construcción de las patrulleras.

El gobierno argumentó que toda esa información está amparada por una cláusula de confidencialidad incluida en el contrato, por lo que su carácter reservado debe mantenerse incluso dentro del ámbito parlamentario. Esta postura generó inquietud entre legisladores de la oposición, que advierten que la restricción podría impedir el uso público y político de los datos recabados.

Aseguran que es "muy grave"

El diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, fue uno de los más críticos. Según sostuvo, la decisión oficial implica que la comisión “recibe todo, pero no puede decir nada”, lo que calificó como “muy grave” y contrario a la normativa vigente sobre acceso a la información pública. Desde Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone expresó su preocupación por posibles sanciones si se divulga información, incluso de manera involuntaria.

Para los denunciantes, la decisión condiciona fuertemente el trabajo legislativo. Según Abdala, si esta situación no se revierte, la comisión pierde su razón de ser.

Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Joaquín Garlo defendió la medida y aseguró que no se busca ocultar información, sino preservar tanto la transparencia como el cumplimiento del contrato firmado. Según su interpretación, la confidencialidad se traslada al ámbito legislativo sin impedir el acceso a los documentos.

El presidente de la comisión, el senador José Luis Falero, también manifestó preocupación y anunció que realizará una consulta jurídica para determinar si el procedimiento adoptado es correcto y evitar eventuales errores en el funcionamiento del órgano.

La presencia de Wilson en el Parlamento

En paralelo, la comisión resolvió convocar al excomandante en jefe de la Armada, Jorge Wilson, cuya comparecencia está prevista para el lunes 27 y es considerada clave para esclarecer distintos aspectos del proceso. Wilson tuvo un rol protagónico en la negociación por la compra de las patrulleras oceánicas (OPV) y fue sancionado posteriormente por las actuales autoridades.

Desde el oficialismo, el senador Eduardo Brenta señaló que existen versiones divergentes sobre cómo se originó el vínculo entre el Estado y Cardama, y consideró que el testimonio de Wilson podría aportar claridad. También subrayó que buena parte de la documentación es reservada debido a la cláusula de confidencialidad firmada en su momento, lo que —según afirmó— obliga al gobierno a actuar con cautela para evitar posibles reclamos contractuales.