El presidente del INC insistió en que el Estado saldrá con más capital a largo plazo, si se aprovecha los recursos al máximo.
La estancia María Dolores tiene 4.400 hectáreas en Florida y el INC pagó 7.379 dólares por cada una, un 40% por encima del valor de mercado.
Diez meses después de que el secretario de Presidencia, Alejandro Sanchez, anunciara la compra de la estancia María Dolores durante el cortejo fúnebre de José Mujica, el Instituto Nacional de Colonización (INC) compareció este lunes ante la comisión investigadora de la Cámara de Representantes para defender la operación.
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El presidente del INC, Alejandro Henry Rodríguez, salió con el argumento del largo plazo de que la tierra se va a valorizar, el Estado va a salir ganando y que los productores ya están recibiendo forraje, pero a la oposición no le convenció.
El 14 de mayo de 2025, el gobierno anunció que el INC había comprado 4.400 hectáreas en Florida "en honor a Mujica". El anuncio en ese contexto y con ese timing generó de inmediato una controversia que no se apagó más.
La compra se aprobó con tres votos a favor y dos en contra en el directorio del INC, con el voto decisivo de Karina Henderson, quien sumó su apoyo el mismo día que asumió su cargo. El precio fue de 32,5 millones de dólares al contado, a razón de 7.379 dólares por hectárea.
El problema es que ese precio choca con la tasación oficial. La oposición cita un informe del propio MGAP previo a la compra que establecía que el valor de mercado para operaciones similares en la zona era de 4.400 dólares la hectárea, lo que implica que el Estado pagó un 40% más que el valor de referencia técnica.
Las complicaciones no terminaron ahí. El Tribunal de Cuentas (TCR) observó la compra por mayoría, detectando cuatro irregularidades: que la votación requería cuatro votos y no tres, que había una prenda sobre el sistema de riego no contemplada, que no estaba claro si el precio total incluía ese sistema, y que el INC no tenía disponibilidad presupuestal para afrontar el desembolso. El INC igualmente reiteró el gasto y siguió adelante.
A eso se sumó el capítulo más complicado del proceso: el entonces presidente del INC, Eduardo Viera, quien había impulsado la compra, debió renunciar al conocerse que era colono, condición incompatible con su cargo según la Constitución.
Este lunes, Henry optó por el argumento patrimonial. "Al final del quinquenio el predio tendrá un valor que seguramente va a tener una capitalización del 4% anual, o sea que el Estado va a llegar al final del período con más capital en tierra", afirmó.
También defendió los resultados operativos en los ocho meses desde la compra: 49 productores ya recibiendo grano, 70 camiones de grano distribuidos, 143 camiones de maíz de planta entera entregados a otros productores. "Para nosotros María Dolores viene funcionando de forma muy buena y muy rápida", sostuvo.
Sobre la legalidad, fue contundente: "Es un elemento totalmente acabado", dijo, entendiendo que "los procesos se hicieron como correspondía". Y sobre la comisión investigadora en sí, no ocultó su incomodidad: "Si está todo en la Justicia, esto es un paso de más", afirmó, en referencia a la denuncia penal en curso.
El diputado colorado, Carlos Rydström, vicepresidente de la comisión investigadora, tuvo una lectura diferente de la comparecencia y dijo: "Se repitieron cosas que se han dicho una y otra vez, sobre la importancia estratégica o todo un montón de cuestiones más conceptuales, y que no resuelven los principales cuestionamientos".
Rydström también apuntó a una contradicción interna: un asesor de Henry habría defendido que el expresidente Viera podría haber seguido en el cargo, contradiciendo la posición que llevó al propio presidente de la República, Yamandú Orsi, a aceptar su renuncia. Y cuestionó la inconsistencia del proyecto productivo: "Una y otra vez vemos cómo cambia cuál es el plan de fondo, que si eran 16 colonos o si ahora son 6, que si los olivos no se iban a utilizar y ahora quizás sí, que si hay aprobación ambiental para el feedlot o quizás no".
Para la oposición, el patrón es claro: "Hubo una obstinación política de querer comprar esta estancia a como dé lugar y después tratar de hacer encajar en el procedimiento todos los demás pasos".
El argumento de la valorización futura tiene un problema de base. La Asociación Rural del Uruguay (ARU) cuestionó que el INC obtiene apenas un 1% de retorno sobre lo que otorga a los colonos, mientras el país carga con una deuda pública considerable. El economista Aldo Lema señaló en redes sociales que la rentabilidad social de compras de este tipo es "claramente menor a invertir en primera infancia u otras prioridades" del gobierno de Orsi.
El fondo del debate es más profundo que María Dolores. El INC maneja casi 600.000 hectáreas, con 400.000 en propiedad, lo que representa un patrimonio de entre 1.500 dólares y 2.000 millones de dólares de recursos públicos sobre los que históricamente se ha reclamado mayor transparencia y rendición de cuentas.
La comisión investigadora, que se postergó tres veces antes de instalarse, seguirá su curso. Henry adelantó que algunas preguntas muy específicas serán respondidas por escrito. La denuncia penal también sigue su curso y el campo, mientras tanto, produce forraje.
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