Colonización asegura que tiene la defensa para respaldar la compra de María Dolores ante la Justicia

El presidente del INC, Alejandro Henry, remarcó que tiene toda la información necesaria para comprobar que fue todo realizado en el marco legal.

El presidente del INC asegura que la compra fue siempre en el marco de la ley. 

Foto: INC

La oposición anunció que llevará el caso de la compra por 32,5 millones de dólares de la estancia en María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) a la Justicia y el presidente de la dependencia estatal, Alejandro Henry, aseguró que tiene la defensa para respaldar la adiquisión que fue realizada "dentro de lo que marca la ley".

Diputados del Partido Nacional (PN), el Partido Colorado (PC) e Identidad Soberana (IS) presentarán este jueves el reclamo formal ante la Suprema Corte de Justicia que incluirá acusaciones por presuntos delitos de abuso de funciones, falsificación ideológica de documento público, fraude y conjunción del interés personal y público.

Los legisladores opositores sostienen que la compra de la estancia se concretó en el marco de un "presunto desvío de los fines de la administración, utilización ilegítima de facultades y medios del cargo público, y perjuicio económico directo para el Estado".

La defensa del INC

Frente a esto, el presidente de Colonización aseguró que cuentan con toda la información necesaria para argumentar la compra y opinó que la oposición tiene intenciones que van más allá de la compra de tierra en concreto, que tienen que ver con "les molesta que estén trabajando para los pobres".

"Se ve que hay gente que le molesta que estemos trabajando para los pobres, para la gente más necesitada del sector rural”, lamentó en diálogo con el portal M24 y remarcó que la compra de la estancia María Dolores se realizó dentro de lo que marca la ley.

En ese sentido, para Henry el tema de discusión debe estar en el rol que tiene la dependencia estatal. "Pensemos que el INC es un excelente instrumento para tener una política de tierras y hay otra gente que piensa que el mercado debe regular todo”, comentó el jerarca.

“Creo que ese es el debate de fondo y no buscar tanto vericueto a una cosa que desde mi punto de vista es muy sencillo: la compra se había pactado entre privados y el INC está en su derecho de intervenir y, en este caso, hacer la opción de la compra”, añadió.

Los cuestionamientos de la oposición

La denuncia fue inicialmente anunciada por el diputado de IS, Gustavo Salle, luego de que Cabildo Abierto (CA) y el Frente Amplio (FA) decidieran aplazar la creación de una comisión investigadora en el Parlamento. Tras su comunicado, se sumaron a la iniciativa el legislador colorado Juan Martín Jorge, quien había solicitado la investigación parlamentaria y, posteriormente, diputados blancos.

Entre los puntos cuestionados, señalan que al momento de la operación el área de Liquidación del INC no contaba con presupuesto suficiente para afrontar el gasto, lo que implica una posible vulneración de las normas financieras.

En cuanto a la acusación de falsificación ideológica, afirman que la resolución se dictó sin contar con el informe técnico exigido por el artículo 28 de la ley 11.029. Ese documento habría sido agregado posteriormente, con fecha antedatada al 28 de abril de 2025, e incluía reparos "sustantivos" que no fueron considerados. Según los denunciantes, también faltó un estudio económico integral de la explotación regular, y la documentación se habría manipulado "para dar apariencia de legalidad a una decisión ya adoptada".

Los legisladores además acusan al directorio del INC de actuar de forma irregular, al aprobar la compra con solo tres votos cuando el Tribunal de Cuentas (TCR) exige cuatro. También objetan la contratación externa de un informe profesional y remarcan la conjunción de intereses, ya que dos integrantes del directorio eran colonos y no debían participar de la votación.