La oposición citará a Lazo por el nuevo proceso de compra de patrulleras y denuncia falta de transparencia

Gabriel Gianoli reclamó conocer las gestiones del Ejecutivo, que busca adquirir una OPV mediante una negociación Estado a Estado.

La oposición volverá a llamar al Parlamento a Sandra Lazo por el caso Cardama. 

La oposición buscará convocar a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, a la Comisión de Defensa para que informe sobre el proceso que lleva adelante el gobierno para adquirir una nueva patrullera oceánica tras la rescisión del contrato con el astillero Cardama, en momentos en que el caso volvió a quedar bajo la lupa por el archivo de una denuncia presentada en España.

El diputado del Partido Nacional (PN), Gabriel Gianoli, adelantó que junto al legislador colorado Maximiliano Campo comunicaron al presidente de la comisión su intención de convocar a Lazo. El planteo se produce mientras el Poder Ejecutivo trabaja en alternativas para concretar la adquisición de una patrullera oceánica (OPV), aunque todavía no existe una compra adjudicada.

“Queremos convocar a la ministra para que nos informe cómo viene el proceso que está llevando el Poder Ejecutivo adelante en la intención de la compra de una patrullera oceánica”, explicó Gianoli, quien cuestionó la información recibida hasta ahora por la oposición. “No puede ser que nos sigamos enterando por la prensa. Venimos a Comisión de Presupuesto, venimos a Comisión Investigadora, pero nunca tenemos información”, sostuvo.

Gianoli reclama que el proceso pase por el Parlamento

El legislador nacionalista aseguró que la oposición pretende conocer formalmente las gestiones que está realizando el gobierno y cuestionó lo que definió como “falta de transparencia” y “oscurantismo”. Según Gianoli, existe información pública sobre recorridas por astilleros y contactos para conseguir una nueva embarcación, pero esos avances no han sido presentados ante el Parlamento.

“El prosecretario dice que tendrá novedades, en la prensa sale que estamos hablando con Hyundai en Corea, que es un privado. Por otro lado, decimos que esto sería Estado a Estado”, señaló, en referencia a las declaraciones del prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, quien había anticipado que podría haber novedades entre octubre y noviembre.

Gianoli contrastó el escenario con el procedimiento realizado durante el gobierno de Luis Lacalle Pou para la adquisición de las dos patrulleras que finalmente fueron adjudicadas a Cardama. Según recordó, en aquella instancia se invitó al entonces opositor Frente Amplio a participar del proceso. “Se podrá discrepar con el estilo, con el proceso, pero se informó a todo el mundo”, afirmó.

El diputado sostuvo que el ámbito para comunicar los avances debe ser el Poder Legislativo y consideró que Lazo, por su pasado como legisladora, debería compartir esa posición. “Nosotros nos queremos encontrar con ella en la Comisión de Defensa para que nos cuente en qué está el proceso de compra del que hablan, pero que nada ha sucedido hasta ahora”, expresó.

Además, vinculó la necesidad de resolver la adquisición con las capacidades de la Armada Nacional y reclamó acelerar una definición. “Han recorrido astilleros, han hablado de cosas de todo tipo, pero queremos que dejen de viajar y resuelvan el problema”, afirmó.

La denuncia de Cardama en España fue archivada

El reclamo parlamentario aparece en un momento en que el caso Cardama sumó una nueva novedad judicial. El Tribunal de Instancia de Vigo dispuso el archivo y sobreseimiento provisional de la denuncia por presunta estafa que había presentado el empresario Mario Cardama en España.

La acción había sido impulsada por el responsable del astillero bajo el argumento de que él también había sido víctima de maniobras fraudulentas de intermediarios durante la tramitación de los avales bancarios correspondientes a la construcción de los buques destinados a la Armada. Sin embargo, la Justicia española determinó que no correspondía avanzar con la denuncia en esa jurisdicción debido a que los hechos y las eventuales responsabilidades ya forman parte de la investigación penal que se desarrolla en Uruguay.

El episodio está relacionado con la garantía presentada para respaldar el contrato de las patrulleras y con la intervención de EuroCommerce, que emitió un aval que posteriormente fue catalogado como falso. El caso derivó en una investigación por un posible fraude contra el Estado uruguayo y se convirtió en uno de los puntos centrales de la controversia por el contrato.

La decisión de la Justicia española debilita uno de los elementos utilizados por Cardama en su estrategia jurídica, ya que el empresario había presentado la denuncia española como respaldo de su argumento de que también había resultado perjudicado por las maniobras vinculadas con la garantía.

Pese al sobreseimiento provisional en Vigo, los antecedentes de esa causa fueron incorporados por la defensa del empresario a los procedimientos vinculados al arbitraje internacional, mientras la investigación penal principal continúa su curso en Uruguay. Gianoli señaló que, respecto de la información que la comisión investigadora decidió trasladar a la Fiscalía, no existen novedades y recordó que hubo acuerdo entre los legisladores para enviar los antecedentes.

“Todos coincidimos en que era importante enviarlo y se coincidió sin ningún problema”, señaló el nacionalista, mientras el caso continúa desarrollándose simultáneamente en el plano judicial y en la discusión política por la forma en que el gobierno reemplazará las patrulleras que originalmente debía construir Cardama.