La oposición denunció penalmente a la ministra Sandra Lazo por "extralimitación de funciones" en el caso Cardama

La denuncia de la Coalición Republicana pone la lupa sobre los interrogatorios irregulares que derivaron en arrestos para cuatro altos oficiales de la Armada.

Entre los oficiales sancionados durante el procedimiento interno del Ministerio de Defensa liderado por Sandra Lazo, figura el excomandante de la Armada, Jorge Wilson, por el caso Cardama.

Los partidos que integran la Coalición Republicana presentaron finalmente una denuncia penal contra la ministra de Defensa, Sandra Lazo, por su gestión en el caso Cardama, además de contra dos personas que actuaron sin vínculo funcional con la cartera durante la investigación interna sobre el contrato con el astillero español.

El diputado del Partido Nacional (PN), Pablo Abdala, confirmó la presentación en rueda de prensa este lunes y habló de "abuso de poder" por parte de la actual administración. Abdala explicó que la acción judicial apunta "contra la ministra Lazo y contra dos funcionarios que actuaron sin vínculo funcional durante muchos meses en el Ministerio de Defensa". Se refería a dos dirigentes políticos cercanos a la ministra que llevaron adelante una investigación interna sobre el proceso que derivó en la rescisión del contrato con Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas.

"Esto es la consecuencia de lo que entendemos es el abuso de poder con el cual actuó la actual administración en todo este tema de las patrulleras, porque claramente hubo una actitud de predeterminación en cuanto a terminar con todo, terminar con el contrato principal", agregó el legislador, y apuntó: "Una actitud de generarle dificultades a la ejecución de una obra que irónicamente siguieron pagando".

Según reconstruyeron distintos medios uruguayos, la denuncia fue impulsada además por los legisladores José Luis Falero, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo, de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, todos ellos integrantes de la comisión investigadora bicameral que auditó durante cinco meses el proceso de compra de los buques OPV (offshore patrol vessel). La acción judicial fue impulsada por los legisladores José Luis Falero, Pablo Abdala, Gabriel Gianoli, Maximiliano Campo, Felipe Schipani y Gerardo Sotelo, representantes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente, quienes integraron la comisión bicameral encargada de auditar la frustrada compra de dos buques de patrulla oceánica. El texto de la denuncia fue radicado ante el Ministerio Público.

La respuesta del oficialismo

El senador del Frente Amplio (FA), Eduardo Brenta, salió al cruce y aseguró que "la denuncia carece de asidero". El legislador insistió en que el proceso de contratación con Cardama derivó en un "intento de fraude" contra el Estado, en línea con la versión que sostiene el gobierno desde octubre de 2025.

Desde la Coalición Republicana también se apuntó, según trascendió, que las medidas impulsadas por el Ejecutivo formaron parte de una estrategia orientada a desacreditar la gestión anterior sin ponderar eventuales costos institucionales, mientras que el caso pasará a la órbita de la Fiscalía General de la Nación para determinar la eventual existencia de conductas punibles en el marco de la actuación ministerial.

De qué se trata el caso Cardama

El conflicto se originó en la compra de dos patrulleras oceánicas para la Armada Nacional, una licitación lanzada en 2021 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou que quedó desierta por los precios elevados y que, tras una convocatoria telefónica a distintos astilleros, terminó adjudicándose en 2023 al astillero español Cardama, con sede en Vigo, por un monto cercano a los 82 millones de euros.

Durante el proceso de renovación de la garantía de fiel cumplimiento asociada a la construcción de las patrulleras, el gobierno de Yamandú Orsi identificó que el documento presentado carecía de validez o correspondía a un documento falso, lo que llevó al Ejecutivo a abrir una investigación interna que detectó, además, irregularidades en la garantía de reembolso vinculada al mismo contrato. En octubre de 2025, Orsi anunció que existían "fuertes indicios de fraude o estafa al Estado uruguayo" y ordenó iniciar acciones judiciales contra la empresa.

La rescisión definitiva del contrato se concretó en febrero de este año. En esa instancia, Orsi anunció el inicio de cuatro acciones: rescindir el contrato de suministro por incumplimientos contractuales graves con Cardama e iniciar acciones por daños y perjuicios, además de disponer medidas para recuperar el patrimonio estatal, definir responsabilidades institucionales e individuales y avanzar en la compra de nuevas patrulleras para la Armada.

Los asesores en el centro de la denuncia

De acuerdo con la reconstrucción de la comisión investigadora, la ministra Lazo encomendó a dos asesores cercanos, identificados en la prensa como Marsiglia y Rojas, relevar información sobre el proceso de decisión que había desembocado en la elección de Cardama, pese a no tener designación formal dentro del ministerio. Esa pesquisa interna se convirtió en el germen de la rescisión, pero también derivó en cuatro sanciones disciplinarias a militares que fueron entrevistados durante el procedimiento: el excomandante Jorge Wilson, los contralmirantes Miguel de Souza y José Ruiz, y el capitán de navío Marcelo da Silva, todos ellos sometidos a arresto a rigor.

Uno de los legisladores de la oposición, Gabriel Gianoli, había cuestionado semanas atrás el rol de esos colaboradores: "Estamos hablando de personas que sin tener un vínculo legal con el ministerio interrogaron a oficiales superiores, manejaron información clasificada y hasta recibieron al dueño del astillero. Eso es usurpación de funciones y pesquisa ilegal". La oposición sostiene que la responsabilidad de la ministra se deriva de haber autorizado verbalmente esas actuaciones pese a la falta de designación formal de ambos asesores.

El frente internacional

En paralelo a la vía penal local, la disputa entre Uruguay y Cardama escaló al plano internacional. La empresa española presentó una demanda en la que sostiene que "nunca fue informada" por el gobierno uruguayo de la decisión de rescindir el contrato y que se enteró por la conferencia de prensa que encabezó Orsi a fines de octubre de 2025. Cardama denunció así un "intento de fraude o estafa" atribuido por el propio presidente, y sostuvo que, cuando tomó conocimiento del supuesto fraude relacionado con la garantía de fiel cumplimiento, solicitó asistencia a Uruguay, se dirigió de inmediato a la aseguradora Eurocommerce, que en ese momento confirmó la validez de la garantía, e incluso inició un procedimiento penal ante la Justicia española para investigar los hechos.

Por su parte, el gobierno uruguayo respondió reclamando la devolución de unos 33 millones de dólares. Meses antes, Cardama había explorado además la vía del arbitraje internacional: será previsiblemente la Corte Internacional de Arbitraje, con sede en París, la que determine si la empresa o el gobierno uruguayo tenían razón tras la cancelación unilateral de un contrato que ascendía a más de 80 millones de euros.

Con la denuncia ya presentada, el caso queda ahora en manos de la Fiscalía, que deberá evaluar si existen elementos para imputar a la ministra Lazo y a los dos asesores señalados por la oposición. La causa se suma a la que el propio Estado uruguayo mantiene abierta contra Cardama por los "indicios de estafa o fraude" detectados en las garantías del contrato original, en momentos en que el conflicto por la rescisión ya se dirime también ante tribunales internacionales.