La Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) solicitó que se otorguen nuevos beneficios impositivos a las empresas fronterizas para compensar la caída de ventas provocada por el ingreso de productos desde Brasil.
Pese a los incentivos impositivos reglamentados a fines de 2025, el comercio riverense exige más medidas de fondo.
El paquete de medidas para la frontera puesto en marcha a fines del año pasado no logró equiparar los costos de vida entre Rivera y la ciudad brasileña.
La Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR) solicitó que se otorguen nuevos beneficios impositivos a las empresas fronterizas para compensar la caída de ventas provocada por el ingreso de productos desde Brasil.
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El presidente de ACIR, Gustavo Laclau, en una entrevista para Radio Montecarlo planteó que en algunos rubros la diferencia de precios con el lado brasileño llega en promedio a 80%, y que es "muy difícil" sobrevivir con la carga impositiva actual.
Laclau remarcó que el reclamo no es de un puñado de grandes locales y dijo que en Rivera hay unas 7.500 empresas que atraviesan dificultades, frente a apenas 60 free shops. "Siempre nos toman como que somos todos free shop. Son solo 60 empresas de free shop y 7.500 empresas que estamos pasando por dificultades bastante grandes", afirmó. Lo que buscan, explicó, es que las autoridades entiendan que la frontera enfrenta demasiada competencia y plantearles soluciones para "fortalecer, generar empleo y desarrollar las empresas" del departamento.
Consultado sobre medidas concretas, el dirigente mencionó varias líneas: construcción, generación de empleo y alivios impositivos para que algunas empresas puedan ser competitivas. Como argumento, citó la experiencia de la devolución del IVA que el propio gobierno dispuso para la zona, según Laclau, esta medida permitió un 30% de mayor recaudación en los productos de la canasta básica. "Lo que demostramos con eso es que tenemos la posibilidad de generar mayores ventas, y eso genera empleo, en base a bajar un poco los costos que le están pesando demasiado a las empresas riverenses", dijo.
El planteo llega después de un paquete de medidas que el Poder Ejecutivo anunció en junio de 2025 para la frontera con Brasil con un costo fiscal bruto estimado en 6 millones de dólares. Incluyó la eliminación del IVA mínimo y una rebaja de 50% en la tasa básica, hasta 11%, para compras con pago electrónico en comercios minoristas a menos de 20 kilómetros de un paso fronterizo; la ampliación del descuento de Imesi en combustibles de 24% a 32%; un régimen simplificado de importación para productos de la canasta básica; el subsidio al arrendamiento de terminales de pago; y una rebaja de hasta 75% en aportes patronales para nuevos empleos formales. El decreto que reglamentó el régimen comenzó a regir el 1° de diciembre en Chuy, Río Branco, Aceguá, Rivera, Artigas y Bella Unión.
Laclau había recibido el anuncio inicial con conformidad, pero ya entonces advirtió que el IVA no era "totalmente la solución" y que había sectores, como el del gas, que quedaron fuera pese a su complicada situación. En noviembre, tras la reglamentación, sostuvo que las bajas de IVA volvían al comercio local "bastante competitivo en algunas áreas", pero que los costos seguían siendo "demasiado grandes" en una frontera muy competitiva.
La diferencia de precios que describe la ACIR tiene respaldo en mediciones recientes. Una ficha del Observatorio Económico de la UCU, difundida el 18 de setiembre, calculó que reparar una vivienda cuesta 116,5% más en Rivera que en Sant'Ana do Livramento con una brecha de 200,8% en la mano de obra de albañilería, aunque la obra gruesa, arena, portland, yeso, quedó cerca de la paridad.