El anuncio de una planta maderera en Rivera desató un choque entre el Frente Amplio y el Partido Nacional

Los blancos argumentaron que la compra de tierras y los permisos municipales se cerraron durante la administración de Luis Lacalle Pou.

Mientras el gobierno del Frente Amplio defiende que la instalación de la fábrica es un logro propio tras meses de gestiones fiscales y energéticas, desde el Partido Nacional salieron al cruce con documentos para demostrar que el proyecto industrial ya estaba aprobado y en marcha desde el año 2024.

Lo que el gobierno nacional presentó el miércoles pasado como un hito de su gestión, la confirmación de la inversión de 250 millones de dólares de la forestal brasileña Braspine en Rivera, derivó en pocas horas en una disputa política de sobre quién merece el crédito de una apuesta industrial que tiene raíces documentadas en el período anterior.

La ministra de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona, encabezó el pasado jueves una conferencia de prensa en la que presentó la llegada de Braspine como resultado de "meses de negociación" del actual gobierno. El presidente de la República, Yamandú Orsi, sumó desde su cuenta de X: "Nada es casualidad. Horas de trabajo, conversaciones y decisiones. MIEM, MTOP, UTE, Intendencia de Rivera. El desarrollo, si se piensa desde el interior del país y con visión estratégica, da sus frutos".

La oposición no tardó en contestar, el senador del Partido Colorado (PC) y exintendente de Rivera, Tabaré Viera, publicó en X: "Falso. Esto es saludar con sombrero ajeno. La obra está en pleno desarrollo. Cuatro empresas la están construyendo. BrasPine concretó la inversión antes que asumiera este gobierno".

La línea de tiempo que incomoda al Ejecutivo

Los argumentos de Viera tienen respaldo documental. El proceso administrativo que habilitó la planta se inició durante la administración anterior: el 8 de enero de 2025 Braspine presentó la primera carta a la Intendencia de Rivera, en febrero entregó la documentación completa, y en mayo de 2025 la Junta Departamental aprobó por unanimidad, los 22 ediles presentes, la ordenanza de recategorización del padrón rural N.° 12.406 a suburbano para la instalación de la planta.

Más atrás aún, la propia web corporativa de Braspine registra que en 2024 se anunció su tercera fábrica, con Uruguay como destino, y en junio de ese año la empresa presentó el proyecto ante el intendente de Tacuarembó antes de definirse por Rivera. El senador del Partido Nacional (PN), Sebastián Da Silva, fue más directo y calificó el anuncio oficialista de "anuncio trucho".

Lo que dice la empresa: obras en junio, producción en 2027

Más allá de la disputa política, la realidad industrial avanza. El director de Braspine, Giovani Giacomet, confirmó que ya culminó la etapa de movimiento de tierra y que en junio comenzarán las obras de construcción civil. La intención de la compañía es ampliar su oferta exportadora con la producción uruguaya de pino, con inicio de operaciones proyectado para el segundo semestre de 2027. La planta contará con un aserradero de pino, remanufactura de madera y un sistema de cogeneración de energía eléctrica, y exportará hacia Brasil, Estados Unidos, Europa y Asia.

Giacomet también precisó los factores que inclinaron la balanza a favor de Uruguay: "La disponibilidad de madera de pino y la seguridad del país; esa combinación terminó de decidir la mejor ubicación".

El gobierno no cede el mérito

Frente a las críticas, el Ejecutivo sostiene que su aporte fue real y determinante. La confirmación de la inversión ocurrió luego de meses de trabajo entre el gobierno y la empresa, con UTE como actor clave en la negociación energética. Cardona anunció además que el gobierno trabaja en un decreto sobre la energía que generan los cogeneradores, que abarcará no solo a Braspine sino también a otras empresas.

En esa línea, la ministra subrayó que el proyecto también requirió coordinación entre el MIEM, el Ministerio de Transporte, UTE y la Intendencia de Rivera para viabilizar la infraestructura necesaria. La aprobación formal de COMAP, que data de diciembre de 2025, ya bajo la actual administración, habilitó los beneficios fiscales del régimen de promoción de inversiones, un escalón sin el cual ningún proyecto de esta escala se concreta.

La disputa de fondo: ¿quién construye el país?

El episodio de Braspine ilustra una tensión recurrente en la política uruguaya: los grandes proyectos de inversión se fraguan en años, atraviesan gobiernos y rara vez tienen un único padre. Lo cierto es que la infraestructura del norte del país, la madera disponible, la seguridad jurídica, la energía renovable, es el resultado acumulado de décadas de política forestal y de Estado, no de una sola gestión.

La polémica se enmarca además en un momento de presión creciente sobre el gobierno: la oposición golpea al Poder Ejecutivo de Orsi con interpelaciones constantes y llamados de ministros al Parlamento, buscando instalar una narrativa de gestión débil en los primeros meses de mandato.

Lo que no está en disputa es la magnitud del proyecto: 250 millones de dólares de inversión, 400 empleos en su pico operativo y la primera planta internacional de una firma con 30 años de trayectoria en la industria forestal brasileña. Para Rivera y para el norte del país, eso vale, independientemente de quién se quede con la foto.