Luis Lacalle Pou delinea con su equipo la campaña contra el plebiscito del PIT-CNT

El presidente prepara una comunicación oficial sobre los riesgos de la reforma constitucional de la seguridad social.

El presidente lidwra la estrategia oficial contra el plebiscito del PIT-CNT.

Foto: Presidencia del Uruguay

El presidente Luis Lacalle Pou pisó el acelerador en la campaña oficial contra el plebiscito del PIT-CNT para reformar constitucionalmente el sistema de seguridad social y prepara un documento donde se expliquen los riesgos de la iniciativa para el Uruguay.

Para ello, se reúne este jueves en la Torre Ejecutiva con los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti, y de Economía y Finanzas (MEF), Azucena Arbeleche, el presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, y el principal asesor de la reforma previsional de su gobierno, Rodolfo Saldain.

Lacalle Pou, que días atrás anunció que liderará la campaña contra el plebiscito que propone rebajar la edad jubilatoria, equiparar jubilaciones mínimas al salario y eliminar las AFAP, trabaja en una respuesta oficial donde se explicarán los riesgos económicos y jurídicos que enfrentará el Uruguay en caso de aprobarse la iniciativa.

El último sondeo respecto a la reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT y que es rechazada por la totalidad de los candidatos presidenciales corresponde a Equipos Consultores y mostró que un tercio de la población está a favor de la propuesta, otro tercio la rechaza y el restante está indeciso.

En tanto, el 61% de los uruguayos no escuchó hablar o no tiene una idea clara sobre el plebiscito que impulsa el PIT-CNT contra la reforma de la seguridad social, lo que refleja el nivel de incertidumbre de cara a una de las consultas populares que se desarrollará en las elecciones 2024.

Tanto estimaciones privadas como oficiales prevén un duro golpe a la regla fiscal y un incremento del déficit de hasta el 8% del PBI en caso de que el Estado deba afrontar los cambios en el sistema de seguridad social.

A ello se suman consecuencias como el aumento del riesgo país en 200 puntos, la pérdida del grado inversor y la posibilidad de una lluvia de juicios contra el Estado por la confiscación de ahorros de las AFAPs.