El candidato del Frente Amplio reafirmó su postura contraria al plebiscito del PIT-CNT, pero rechazó la declaración conjunta de sus competidores de la coalición.
Yamandú Orsi rechazó la invitación para unirse a los demás candidatos contra el plebiscito por la seguridad social.
El candidato del Frente Amplio Yamandú Orsi, rechazó la invitación extendida por su competidor del Partido Independiente y exministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, de sumarse a una declaración conjunta en contra del plebiscito de la seguridad social impulsado por el PIT-CNT. “Mi posición sobre el plebiscito es de público conocimiento, pero mal podría aceptar una invitación que, en esencia, deja inalterada una ley que el Frente Amplio no comparte”, aseguró.
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El plebiscito contra la reforma de la seguridad social es uno de los puntos que más discordia genera de cara a la campaña electoral, pero no solo entre el gobierno y analistas políticos y económicos —por los efectos que pueda llegar a generar sobre las cuentas públicas la aprobación de la reforma constitucional en materia previsional—; sino también entre e intra partidos. En ese sentido, los candidatos de la coalición se unieron en una declaración conjunta contra la iniciativa de la central sindical, y presionaron para que Orsi también se sumara, sabiendo de las diferencias que hay en la oposición —y, quizás, hasta en la fórmula presidencial— respecto de la consulta popular.
Si bien el Frente Amplio ratificó la "libertad de acción" para todos sus sectores ante el plebiscito, ni el candidato presidencial ni si candidata a vice, Carolina Cosse, se expresaron abiertamente sobre su postura personal. Pero ahora, Orsi respondió con una carta a la invitación de Mieres para firmar la declaración conjunta.
En un texto impreso pero firmado a mano, Orsi hizo pública su respuesta negativa a la invitación de Mieres, y explicó los motivos detrás de su decisión.
“Creo firmemente en el diálogo permanente entre todos los partidos como forma de fortalecer la convivencia democrática, pero también creo que ese diálogo, para ser genuino y fructífero, debe estar guiado por la franqueza y ajeno a los intereses inmediatos de una campaña electoral”, señaló, en primer lugar.
“Mi posición y la de mi fuerza política no concuerda con la ley de reforma del sistema previsional aprobada por este gobierno de coalición, que tú también integras”, continuó, refiriéndose directamente al extitular del MTSS; e insistió en que el programa del eventual gobierno frenteamplista “se plantea revisar esa ley a través de un diálogo social que escuche genuinamente la voz de los distintos actores del sistema”.
“Mi posición sobre el plebiscito es de público conocimiento, pero mal podría aceptar una invitación que, en esencia, deja inalterada una ley que el Frente Amplio no comparte”, concluyó, sin dejar lugar a dudas.
El primer punto del texto firmado por los candidatos de la coalición de gobierno señala que es "absolutamente inconveniente que la edad de retiro y los años de servicios mínimos requeridos para acceder a la causal jubilatoria común queden fijados en la Constitución de la República".
"Tales parámetros deberán necesariamente ser modificados a los largo del tiempo debido a factores demográficos, innovaciones tecnológicas, transformaciones del mercado laboral y cambios de las costumbres", se justifica.
De hecho, la rigidez al sistema que significaría su introducción en la Constitución es una de las principales críticas, sobre todo luego de conocerse los datos del Censo 2023 que dieron cuenta del envejecimiento poblacional que ya experimenta Uruguay.
Esto fue señalado expresamente en el punto número dos del texto, en el que también se agregó que “la proporción de adultos mayores en la población seguirá incrementándose, lo que impondrá a los trabajadores activos recientes contribuciones a la seguridad social"; por lo que “la eliminación y prohibición de los sistemas de ahorro individual” es “especialmente desaconsejable”.
Asimismo, para los candidatos de la coalición, "resulta particularmente desacertado equiparar la jubilación mínima con el Salario Mínimo Nacional (SMN) por cuanto, como ocurrió en el pasado, los gobiernos procurarán un bajo nivel de SMN de forma de contener el aumento del gasto público, generando una distorsión en el mercado de trabajo y deviniendo en un parámetro irrelevante para la fijación de salarios".
En el punto cuatro, subrayaron además que la iniciativa "requerirá sustanciales incrementos de las transferencias al régimen de jubilaciones y pensiones para su financiamiento con el consecuente aumento de los tributos". En especial, impuestos y contribuciones, que tendrá que "pagar la población uruguaya en su conjunto".
"Esta situación consolida la inequidad existente por cuanto la pobreza en nuestro país está concentrada en niños, niñas y adolescentes y porque el desempleo de los jóvenes es tres veces más elevado que el promedio de la población", puntualizó el texto, haciendo referencia a los altos niveles de pobreza infantil en el país.
Finalmente, hace hincapié en que la propuesta también plantea la "confiscación de los ahorros de cientos de miles de ciudadanos, lo que afectaría gravemente la credibilidad internacional lograda" por Uruguay durante décadas.
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