El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó la denuncia por la construcción de las patrullas oceánicas y señaló que el Poder Ejecutivo “sigue con su convicción y va a agotar toda vía administrativa posible” en la causa que involucra al astillero español Cardama, mientras aclaró que "Uruguay necesita las OPV y se verá si es con este astillero o con otro".
"Uruguay necesita las patrullas oceánicas y se verá si es con este astillero o con otro", apuntó Alejandro Sánchez
El secretario de Presidencia ratificó la denuncia, aunque aclaró que el gobierno seguirá adelante con la construcción de los buques.
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El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, ratificó la denuncia contra Cardama.
Al término de la quinta reunión del Consejo de Ministros, encabezada por el presidente Yamandú Orsi, Sánchez se refirió a la situación originada en el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) durante la gestión anterior y se mostró “a la espera de que la Fiscalía General comience a trabajar” y se mostró “muy confiado en que actúe con la mayor celeridad posible”.
“Se ha presentado el proceso que llevó a la administración pública a denunciar la presunta estafa. Vencido el plazo de la garantía de fiel cumplimiento, que es un elemento principal de cualquier contratación en la administración pública, nos encontramos en una situación donde al parecer son garantías de papel”, recordó el jerarca sobre la denuncia y ratificó “la convicción de que hay que ir por el camino de la transparencia, la cristalinidad y la defensa de los recursos públicos y agotar toda la vía administrativa posible para este proceso de esclarecer".
“Uruguay necesita las patrullas”, señaló Sánchez
En conferencia de prensa, Sánchez se refirió a la adquisición de los buques y sostuvo que “es un objetivo reconocido por todo el sistema político que Uruguay necesita este tipo de patrulleras”, tras lo cual sentenció: “El Ejecutivo se encomienda a resolver los aspectos del contrato y a garantizar la posibilidad de que cuente con las patrulleras”.
En ese contexto, abrió la puerta a otras empresas, pero sin cerrar la de Cardama. “Veremos si este procedimiento será con el mismo astillero, con otro o en un consorcio. Será un tema a analizar al futuro”, sobre la posible continuidad del conflicto.
Por otra parte, planteó que “el Estado lleva invertidos 30 millones de dólares” en la construcción, por lo que consideró que “es importante ver qué se ha hecho hasta el momento y cómo puede seguir”, en alusión a la inspección de la situación en el astillero español.
Sobre la comunicación con el astillero español, aclaró: “Notificamos a Cardama y no tuvimos más comunicaciones. Seguramente van a hacer su descargo”. De todos modos, aclaró que, como parte del proceso administrativo, “si se necesita abrir espacios de mediación, el Ejecutivo está dispuesto a hacerlo”.


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