El ajuste combina la actualización por costos y un componente adicional para corregir desequilibrios financieros y sostener las inversiones del organismo.
La propuesta fue aprobada por el directorio de OSE y enviada al Poder Ejecutivo, que deberá resolver sobre el conjunto de tarifas públicas.
El directorio de la Administración Nacional de las Obras Sanitarias del Estado (OSE) aprobó un aumento del 8,5% en las tarifas de agua potable y saneamiento, que comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2026, en el marco del proceso anual de ajuste de las facturas públicas.
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La suba no será uniforme para todos los usuarios: los hogares considerados socioeconómicamente vulnerables, como beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y de la Tarifa Social, tendrán un incremento menor, del 4,8%, según la propuesta elevada al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con el informe técnico del ente, el ajuste total del 8,5% se explica por dos componentes. Por un lado, una actualización por evolución de costos del 4,8% y, por otro, un adicional del 3,7% destinado a corregir desequilibrios acumulados y a financiar el plan de inversiones previsto por OSE. Este componente adicional no será aplicado a los usuarios vulnerables, que solo absorberán la actualización vinculada a los costos operativos del servicio.
OSE estimó que para el 90% de los hogares, que consumen hasta 15 metros cúbicos de agua por mes, el aumento representará un incremento aproximado de 70 pesos mensuales en la factura de agua. En el caso de los usuarios del interior del país que cuentan además con servicio de saneamiento, el impacto combinado será de alrededor de 130 pesos por mes.
Para los hogares incluidos en los regímenes sociales, el aumento será sensiblemente menor: en consumos de hasta 15 m³, el ajuste rondará los 10 pesos mensuales, y ascenderá a unos 21 pesos por mes si también cuentan con saneamiento.
El ajuste de OSE se enmarca en el proceso de revisión general de tarifas públicas que se define a fin de año. En ese contexto, la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel) también elaboraron y remitieron sus respectivos informes con propuestas de actualización a partir del 1° de enero. Ahora será el Poder Ejecutivo el que deberá resolver sobre la aplicación final de los ajustes tarifarios de las empresas públicas para el comienzo de 2026.
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