Denuncian que una multinacional frenó inversión por el nuevo impuesto a los autos eléctricos

ACAU acusó al equipo económico de pasar de la agenda ambiental a un afán puramente recaudatorio para tapar el agujero de la Rendición de Cuentas.

Cruce entre las empresas y el Poder Ejecutivo por el nuevo impuesto a los autos eléctricos.

Foto: Magnific

El gerente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, denunció que una empresa multinacional del sector automotor decidió frenar una inversión ya en marcha tras el anuncio del gobierno de aplicar el Impuesto Específico Interno (Imesi) a los vehículos eléctricos con determinado valor de importación.

"Ayer escuché a un empresario, que ya invirtió un montón, diciendo: nos mandaron a frenar una inversión", relató Paz este jueves en el programa Arriba Gente de Canal 10. El gerente de la gremial fue enfático al remarcar que se trataba de información de primera mano: "Esto que te estoy diciendo es de ayer, tendrás que creer en mi palabra, que lo mandaron de su matriz a frenar unas inversiones". Paz evitó identificar a la empresa involucrada y dijo desconocer si otras compañías del sector podrían seguir el mismo camino.

El decreto que motivó la controversia fue firmado el martes por el presidente de la República, Yamandú Orsi, junto a los ministros de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, y de Industria, Energía y Minería (MIEM), Fernanda Cardona. La norma establece que, a partir del 1° de enero de 2027, los vehículos eléctricos de la Categoría F, destinados al transporte de pasajeros, con exclusión de los utilitarios, comenzarán a tributar Imesi quedando gravados aquellos con un valor de importación superior a 19.000 dólares, lo que equivale aproximadamente a un precio de venta al público de 30.000 dólares.

Los vehículos con un valor de importación de entre 19.001 dólares y 27.000 dólares pagarán un Imesi del 5%, mientras que los que superen los 27.001 dólares tributarán 9%. La medida reemplaza el régimen vigente desde 2021, que exoneraba completamente del impuesto a los eléctricos de pasajeros sin importar su valor.

Paz: "¿Un vehículo eléctrico de 29.000 dólares es de alta gama?"

Uno de los principales cuestionamientos de ACAU apunta a que el gobierno cambió el argumento inicial con el que había presentado la medida. Según Paz, las autoridades habían planteado en un primer momento que el objetivo era gravar a los vehículos eléctricos de alta gama, pero el decreto terminó alcanzando a la gama media.

"No se gravó la alta gama, se gravó la gama media en adelante, que no es lo que se nos dijo en un primer momento", sostuvo el gerente de la gremial. En una entrevista posterior, Paz fue todavía más directo con la pregunta retórica: "¿29.000 dólares de precio de venta al público es alta gama?".

La ministra Cardona salió a matizar el alcance de la medida a través de la red social X, donde sostuvo que, considerando las importaciones de los últimos seis meses, el 75% de los vehículos eléctricos puros continuará con exoneración total de Imesi, por lo que el nuevo gravamen afectaría únicamente a una cuarta parte de los modelos que hoy se comercializan en Uruguay.

Un relevamiento de los diez modelos eléctricos más vendidos en lo que va de 2026, según datos de la propia ACAU, mostró que solo dos de ellos tributarían el nuevo impuesto de cumplirse el esquema anunciado por el gobierno. El subsecretario del MEF, Martín Vallcorba, había señalado en el mismo sentido que "el 66% de los vehículos no van a tener ninguna afectación".

Paz: "Es recaudatorio"

Consultado sobre si la medida responde a un afán recaudatorio del gobierno más que a un criterio energético, Paz remitió directamente a las propias declaraciones oficiales sobre el destino de los fondos y dijo: "Lo dicen ellos, no yo. No lo digo yo, lo dijeron muchos actores, que cuando trataron la Rendición de Cuentas, tiene un gasto superior, iba a ser gasto cero pero se pasaron por 31 millones (de dólares) y lo vamos a financiar con el impuesto a los eléctricos, lo dijeron ellos. Entonces, eso es recaudatorio".

La referencia de Paz remite a las propias declaraciones del ministro Oddone y del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, quienes explicaron que 16,5 millones de dólares de los 31 millones de dólares de gasto adicional previstos en la Rendición de Cuentas se financiarán específicamente con la recaudación proyectada de este nuevo Imesi. Para Paz, esa lógica implica un cambio de rumbo en la política energética del país: "Dejaron de lado lo energético, la política de Estado que se venía llevando, por recaudar".

La gremial que ya había elevado un reclamo formal

El planteo de Paz no es un hecho aislado, sino la continuidad de un reclamo que ACAU había formalizado por escrito apenas conocido el decreto. En un comunicado de prensa, la gremial expresó su "profundo descontento" con la forma en que fue conducido el proceso, ya que sus asociados se enteraron de la medida "a través de los medios de comunicación", pese al compromiso previamente asumido por las autoridades de informar al sector antes de su adopción.

ACAU consideró que el conjunto de cambios implica "un cambio sustancial respecto de la política de Estado que Uruguay ha sostenido durante las últimas décadas en materia de transformación de la matriz energética y promoción de la movilidad sostenible", una política que según la gremial cuenta con reconocimiento internacional y respaldo multipartidario. La asociación exhortó al Poder Ejecutivo a "reconsiderar esta decisión, promoviendo un ámbito de diálogo con todos los actores involucrados".

ACAU también cuestionó la rapidez con la que se impulsó el cambio, sin lo que consideró "un proceso adecuado de diálogo ni una evaluación integral de sus consecuencias económicas, sociales, energéticas y ambientales", y afirmó haber presentado a las autoridades alternativas basadas en experiencias internacionales que permitirían compatibilizar la recaudación con los incentivos a la eficiencia energética, propuestas que según la gremial no fueron consideradas.

Una polémica con voces divididas dentro del propio sector automotor

La Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu) también había reclamado cambios en los beneficios tributarios de los eléctricos, pero desde una perspectiva distinta a la de ACAU: consideró la medida como "un primer paso" positivo, aunque insuficiente.

Según un estudio encargado por Unvenu y elaborado por el economista Juan Dubra, la resignación fiscal que implicaba mantener el régimen de exoneración plena para los vehículos eléctricos ascendía a unos 300 millones de dólares anuales entre 2026 y 2030, contemplando el Imesi no cobrado, la tasa arancelaria del 23% exonerada, la falta de pago de patentes y el Imesi que se deja de recaudar por menor venta de naftas. Frente a esa cifra, la nueva recaudación oficial estimada en 16 millones de dólares anuales le resultó modesta al sector de estaciones de servicio, que propuso destinar ese dinero a bajar el Imesi de las naftas "para que también los que usan gasolina tengan un beneficio y les baje un poco el precio del combustible".