El coordinador general de la Federación Uruguaya de Grupos Crea (Fucrea) y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Martín Aguirrezabala, planteó una reorientación profunda del uso de los recursos públicos destinados a políticas de acceso a la tierra, al considerar que la compra de campos por parte del Instituto Nacional de Colonización (INC) es hoy "la opción menos eficiente" desde el punto de vista económico y fiscal.
Proponen exonerar del Impuesto a la Renta los arrendamientos de largo plazo para riego, lechería y arroz
Desde la oposición creen que es preferible usar los fondos del INC en reducir impuestos y ofrecer créditos a tasa 0% antes que comprar tierras.
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Martín Aguirrezabala, exministro del MGAP, sostuvo que destinar 30 millones de dólares a comprar tierras tiene un impacto limitado frente a alternativas fiscales y financieras con mayor retorno productivo.
En diálogo con Búsqueda, el ingeniero agrónomo propuso exonerar del Impuesto a la Renta a los arrendamientos de largo plazo destinados a riego, lechería y producción arrocera, como una herramienta con mayor impacto productivo y menor costo para el Estado que la adquisición directa de tierras.
"Comprar tierra es lo menos eficiente que puede hacer el gasto público hoy", afirmó Aguirrezabala, al tiempo que sostuvo que la exoneración fiscal sería "mucho más barata" y tendría un efecto "mucho mayor por cada dólar que el Estado resigne".
Mayor retorno por dólar público
El exjerarca del MGAP argumentó que el cambio de uso productivo del suelo genera retornos muy superiores para la economía. "Si se pasa un área ganadera que produce 300 dólares por hectárea a un área lechera o de riego que produce 2.500 dólares por hectárea, para el Uruguay sería muy favorable", señaló.
En ese sentido, estimó que si los 30 millones de dólares anuales que hoy se prevén para la compra de tierras por parte del INC se destinaran a una exoneración fiscal orientada a promover arrendamientos de largo plazo, podría abarcarse casi 1,2 millones de hectáreas.
"Sería una forma mucho más eficiente de gastar el dinero público, que hasta probablemente ni se gaste, porque se exonera de impuestos a quienes lo hacen; si nadie lo hace, no tenés costo por eso. En cambio, si comprás 30 millones de dólares en tierras, aunque nadie la explote, igual el costo ya lo pagaste", explicó. Incluso en un escenario más acotado, sostuvo que si la herramienta se aplicara sobre 600.000 hectáreas, el esfuerzo fiscal sería de 15 millones de dólares, pero permitiría "duplicar el área de la lechería".
Colonización y alternativas financieras
Aguirrezabala fue crítico con la estrategia de seguir ampliando el stock de tierras del INC. "El Estado no puede seguir comprando tierras", afirmó, y agregó que si esos recursos se destinaran a sostener explotaciones lecheras ya instaladas en Colonización, "el impacto sería enorme".
Como alternativa adicional, propuso utilizar los 30 millones de dólares anuales para crear líneas de crédito a tasa de interés cero. Según explicó, si una empresa de riesgo elevado enfrenta una tasa de mercado del 7%, con ese subsidio implícito se podrían movilizar préstamos por unos 430 millones de dólares. "En 400.000 hectáreas que tiene Colonización, es equivalente a 1.000 dólares por hectárea. Es un montón de dinero. Esto tiene mucho más retorno que comprar tierras", insistió.
Desde una mirada macroeconómica, el dirigente colorado remarcó la necesidad de mejorar la eficiencia del gasto público. "Hay que reducir el gasto público y mejorar su eficiencia", afirmó, y volvió a enfatizar que "comprar tierra es lo menos eficiente que puede hacer el gasto público hoy en términos de políticas públicas".
Impacto fiscal y escala del problema
Aguirrezabala subrayó la magnitud de los recursos en discusión al compararlos con el presupuesto total del sector. "30 millones de dólares es muchísimo dinero", dijo, y precisó que el presupuesto anual de toda la institucionalidad agropecuaria, incluyendo al MGAP, el Instituto Nacional de Colonización (INC), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), Instituto Nacional de Semillas (Inase), Instituto Nacional de Carnes (Inac), Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) y otros organismos, ronda los 250 millones de dólares.
En ese marco, advirtió que para corregir el déficit fiscal y mejorar la competitividad del país, "probablemente el gasto público en Uruguay tiene que reducirse 7%". Sin embargo, señaló que el presupuesto destinado a la compra de tierras "en el agro lo está aumentando 12%", por lo que reclamó mayor retorno por esos fondos.
"No lo gastes en comprar tierra, gastalo en otra cosa, que tenga muchísimo más efecto en mejorarles la calidad de vida y los ingresos a los colonos, y en mejorar la productividad", enfatizó.
Críticas al rol del INC
Consultado sobre el futuro del Instituto Nacional de Colonización, Aguirrezabala consideró que Uruguay no debería seguir comprando tierras y que el organismo debería reconvertirse. "Se podría transformar en una gran herramienta para generar instrumentos de desarrollo para los productores pequeños y familiares, para que sean competitivos", afirmó, aunque advirtió que, de lo contrario, "no tiene sentido".
Cuestionó la efectividad promedio del modelo actual. "Existe la sensación de que el INC es un gran instrumento para que gente de pocos recursos se inserte competitivamente en la sociedad, y creo que eso no es cierto en promedio", sostuvo. Si bien reconoció casos exitosos, señaló que "no son la mayoría, ni los suficientes como para que ese esfuerzo sea el que estamos haciendo". Recordó que con 30 millones de dólares en compra de tierras "vas a darles una oportunidad a 30 familias", mientras que en Uruguay existen cerca de 40.000 productores.
Riego, Comap y energía
En materia de riego, Aguirrezabala identificó dos factores clave para su desarrollo: el costo y la eficiencia de la energía eléctrica y el rol de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap). Defendió la continuidad de los mecanismos de exoneraciones fiscales para incentivar inversiones productivas.
Destacó además la posibilidad prevista en la ley de riego de canalizar rentas de terceros hacia inversiones en infraestructura hídrica. "Que un supermercado pueda descontar de la renta la inversión en riego de un tercero", ejemplificó.
No obstante, aclaró que el riego no es una solución única. "No creo que el riego sea la panacea de lo que tiene que hacer el país", afirmó, aunque valoró la creación de la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego y el liderazgo de Tabaré Aguerre. "A mi modo de ver, los mejores mecanismos son crédito de largo plazo y Comap", resumió.
Gestión del MGAP y contexto internacional
Sobre la gestión actual del MGAP, señaló como una señal negativa que las gremiales agropecuarias "prefieran hablar con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) antes que con el MGAP". Además, definió al ministerio como "poco operativo y muy confrontativo" y dijo no ver "una estrategia" clara en la conducción.
Si bien valoró el énfasis en el combate a la garrapata, cuestionó otros programas, como ProCría. "Es más de lo mismo, algo que se hace desde hace más de 30 años y no funciona; creo que es un error", afirmó.
Al referirse a las cuotas cárnicas otorgadas por China, relativizó el optimismo del sector. "Festejar eso es como festejar un córner", dijo, y advirtió que la escalada de aranceles y la mayor competencia de países como Brasil y Australia complejizan el escenario para Uruguay.


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