Proyecto Arazatí: el gobierno avanza con las primeras expropiaciones a pesar de la cautelar y la oposición de vecinos

Se trata de 51 hectáreas en Rincón del Pino, aunque todavía no se firmó el contrato para la obra ni se concluyeron los estudios de impacto ambiental.

La obra busca sumar una fuente de agua potable a la zona metropolitana uruguaya.

Foto: Ministerio de Ambiente

El Estado ejecutó la primera expropiación de terrenos en el marco del proyecto Arazatí y la construcción de la nueva planta potabilizadora de agua en San José. Se trata de 51 hectáreas que estaban destinadas a la producción agrícola. Mientras tanto, otros productores de la zona de Rincón del Pino fueron notificados y ya preparan acciones legales a la par que el gobierno busca habilitar la iniciativa con la apelación al fallo del juez Alejandro Recarey.

El proyecto Arazatí requerirá que el Estado uruguayo expropie un total que supera las 350 hectáreas para la construcción de la nueva planta potabilizadora. En consecuencia, son más de 15 las familias afectadas en una de las zonas más productivas del país y, por lo tanto, generadora de gran cantidad de puestos de trabajo.

Por este motivo, hay descontento en el lugar, que se incrementó luego de que el gobierno avanzara con la expropiación de las primeras 51 hectáreas, tal y como informó el semanario Búsqueda; incluso cuando la firma del contrato fue detenida por la Justicia por la posibilidad de que la iniciativa constituya un proceso de privatización parcial en el suministro de agua potable.

Los cuestionamientos de los vecinos

Nucleados en el Grupo de vecinos y productores de Rincón del Pino, y con el apoyo de más de 2.000 firmas de ciudadanos y diversas instituciones, la preocupación también abarca la contaminación que el proyecto Arazatí generaría en el acuífero Raigón.

“No discutimos la necesidad ni los objetivos de este proyecto, porque Uruguay debe resolver el problema de abastecimiento de agua dulce en Montevideo y el área metropolitana, pero nos oponemos firmemente a la ubicación del monorrelleno, que es donde se tiran los residuos químicos de la potabilización, que está ubicado al lado del pólder y, al ser una cuenca interior, su capacidad de contaminación es altísima”, explicó el productor Diego Bonino, integrante de la agrupación vecinal.

Justamente, el pólder —o reserva de agua bruta (RAB)— es otro de los aspectos cuestionados por los vecinos, debido a que una eventual ruptura llevaría a la inundación de 700 hectáreas aledañas que pondría en riesgo todo el ecosistema e, incluso, la vida humana. “Nos oponemos al monorrelleno y al pólder”, pero “no a la planta potabilizadora”, puntualizó Bonino.

De todos modos, el avance de las expropiaciones enciende alarmas no solo porque todavía está vigente la medida cautelar del juez Recarey, sino también porque los estudios de impacto ambiental todavía se están llevando a cabo y, por lo tanto, no hay conclusiones firmes al respecto.