20 de noviembre 2022 - 16:42

Rechazaron el recurso presentado por Supra para anular el contrato con Katoen Natie

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo alegó que el sindicato portuario no tiene legitimidad para este tipo de impugnaciones.

Las exportaciones de las Zonas Francas Uruguayas alcanzaron los 1.766 millones de dólares durante el 2022.

Las exportaciones de las Zonas Francas Uruguayas alcanzaron los 1.766 millones de dólares durante el 2022.

Foto: Freepik

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), rechazó el recurso que presentara el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) con la intención de anular el acuerdo que extiende la concesión de Terminal Cuenca del Plata (TCP), que fuera acordado entre la empresa de origen belga y principal propietaria de la terminal, Katoen Natie, y el Estado nacional. El principal motivo que sostuvo el TCA fue que el sindicato no puede imponer ningún recurso que modifique la operativa del puerto, y alegó que Supra no tiene legitimidad para impugnar este tipo de resoluciones.

En qué se basó Supra para pedir la nulidad del contrato entre Katoen Natie y el Estado

El recurso presentado por Supra argumentaba que Terminal Cuenca del Plata tenía preferencia para explotar la terminal de contenedores, volviéndola "un monopolio" (entre la empresa y el Estado) y dañando el derecho de trabajo.

Con particular foco en el decreto 114/021 (Determinación que la administración, ampliación, conservación y explotación de una terminal de contenedores del Puerto de Montevideo, continuara siendo efectuada por la Sociedad Terminal Cuenca del Plata S.A), y el decreto 115/021 (Aprobación del reglamento general de atraque de buques del Puerto de Montevideo y el régimen de sanciones por incumplimiento del Art. 22º del mencionado reglamento), dictados como marco jurídico para el contrato.

El primero de estos decretos extendió la concesión de la terminal de contenedores del puerto montevideano en manos de Terminal Cuenca del Plata. El segundo aprobó el nuevo reglamento de atraque en el puerto. Desde el gobierno nacional se asegura que los decretos "están en línea" con la ley de puertos del año 1992, y los demás decretos reglamentarios.

La empresa de contenedores y carga, Montecon (cuyos accionistas son la empresa chilena Ultramar y el grupo canadiense ATCO), ha declarado verse perjudicada por esta reglamentación y también ha presentado recursos de anulación. En la misma línea, también lo ha hecho el Frente Amplio.

El TCA tiene la potestad constitucional, como organismo máximo, de confirmar o anular los actos administrativos que se emiten desde el Estado.

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