La subasta de la red 5G en Uruguay sigue generando polémicas entre las empresas.
El ministro de Industria, Energía y Minería (MIEM), Omar Paganini, respondió las críticas y cuestionamientos de las empresas de telefonía involucradas en el proceso de licitación para el tendido y uso de la red 5G en Uruguay; y defendió las decisiones del gobierno.
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La subasta por los bloques en el espectro de la red 5G sigue generando nuevos capítulos en la polémica a apenas días de que, finalmente —y, hasta el momento—, se realice la licitación; incluso a pesar de la intención de varios sectores de que la misma se suspenda hasta que todas las cuestiones señaladas no sean debidamente resueltas.
En este contexto, el titular del MIEM, junto con la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec), Mercedes Aramendía, comparecieron frente a la Comisión de Industria, Energía, Comercio, Turismo y Servicios para dar explicaciones sobre los puntos que, todavía, despiertan desacuerdos con los actores privados.
En principio, y como se conoció con la publicación del decreto oficial, la subasta de 5G será en tres bloques de 100 MHz en la banda de 3.5 GHz —banda media—, y tiene la particularidad de que uno de los bloques ya está reservado para Antel. Asimismo, la fecha fue prolongada hasta el 9 de mayo cuando, originalmente, sería el 28 de abril, debido a “problemas operativos vinculados con los feriados que tiene esta etapa”, según explicó Paganini en el Parlamento.
Hasta el momento, y tal y como se esperaba, las únicas dos empresas que han comprado el pliego de bases y condiciones —uno de los pasos requeridos para participar del proceso competitivo— fueron Movistar y Claro. Sin embargo, ambas empresas recurrieron el decreto del Poder Ejecutivo, previo a la presentación del ministro ante la comisión. Principalmente, ambas compañías reclaman por los requerimientos exigidos para la licitación, los cuales consideran injustificados y limitantes para el despliegue y desarrollo de la red.
Sobre el precio de base, fijado en 28 millones de dólares, Paganini sostuvo que el mecanismo utilizado fue la solicitud a la Ursec de un valor indicativo del precio de mercado internacional y luego “entender que en Uruguay vale un poco más”. En esta línea, mencionó el antecedente de Chile, que de tomarlo hubiese llevado a fijar el precio base en 50 millones de dólares, pero el análisis de la unidad reguladora, que tomó 27 países, llevó a que el precio de referencia del mercado internacional fuese 22 millones de dólares.
A su vez, sobre el cuestionamiento de por qué no se subastaban las bandas milimétricas, las cuales también permitirían brindar estos servicios, explicó que el modelo de 5G no está “maduro”. Por su parte, Aramendía señaló que en Brasil luego de la subasta hubo casos donde las bandas milimétricas fueron devueltas y que en España, al subastarse la frecuencia de 26 GHz, solo se subastó el 20% de los bloques disponibles. “Si se hace una licitación pública para hacer el arreglo de las rutas 8, 9, 10 y 11, ¿tengo que hacer la licitación de todas ellas al mismo tiempo? Es claro que la respuesta es que no”, afirmó la funcionaria.
En cuanto a la participación de Antel de forma predeterminada que llevó a las empresas a criticar por competencia desigual, Paganini señaló que esta asignación previa a la subasta “ha sucedido muchas veces”, en donde “es cierto que hay una posición que le da alguna ventaja competitiva a Antel, pero también es cierto que si Antel participara de la puja eligiendo primero —como sucede con el procedimiento de subasta—, porque tiene capacidad financiera, esta capacidad financiera mayor que tiene Antel es objetada por ser juez y parte, porque al fin y al cabo es la caja del Estado, al fin y al cabo es el Estado mismo. Entonces, históricamente, se ha tomado la decisión de que para que no exista el problema de que Antel pueda subir el precio artificialmente para los demás y estos se quejen de una posición de alguna manera asimétrica por su capacidad financiera, se le hace elegir primero y pagar el promedio”.
Sobre la empresa local Dedicado, que recurrió el decreto debido a que, según su presentación, las condiciones “discriminan” y excluyen adrede a las compañías nacionales, el titular del MIEM señaló que la demanda de experiencia brindando servicios de telefonía móvil se incluyó para que “quien adquiera la banda no sea solamente alguien que tenga la capacidad financiera de adquirirla y después salga a ver cómo desarrolla el servicio, sino asegurarla a alguien que tenga la experiencia y las credenciales necesarias, como suele suceder en muchísimos procedimientos para entregar concesiones del Estado o dar licitaciones públicas”.
“Cabe destacar que ser operador de telefonía celular en Uruguay no es solamente decir: ‘Yo puedo transmitir algunas cosas; yo puedo instalar ciertos equipos’. Es tener capacidad financiera, capacidad de atención al público, capacidad de dar atención técnica, atención a reclamos, etcétera, y, sobre todo, expandirse a un volumen razonable de clientes que lo hagan sustentable”, agregó.
En ese sentido, Paganini señaló que Dedicado “no es una empresa de telefonía móvil”, sino que es “una empresa que está dando un servicio de Internet punto a punto, fijo y que tiene más o menos 9.500 clientes en Uruguay”. “Pensemos nomás en los centenares de miles de clientes que tienen las operadoras que existen”, subrayó.
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