16 de febrero 2023 - 10:30

Las ventajas de Antel, el punto observado en la subasta del 5G

Movistar y Claro, como se presumía, expresaron su disconformidad con las condiciones de la empresa estatal y el precio de base de la subasta por los espectros del 5G en el país. No confirmaron su participación en el proceso.

Además de Uruguay, otros ochos países de América Latina avanzan en esta tecnología.

Además de Uruguay, otros ochos países de América Latina avanzan en esta tecnología.

Foto: Telefónica

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) cerró el período para que las empresas de telecomunicación pudieran presentar comentarios y modificaciones al pliego de la subasta, y Movistar y Claro presentaron quejas sobre las condiciones de licitación y las ventajas que tendrá Antel en la licitación por la red 5G en Uruguay.

Las tensiones continúan en el proceso en torno a la adjudicación de espectros para la red 5G, y esta vez tiene a Movistar y Claro, las dos empresas que ya funcionan en el país, como protagonistas; y a las quejas que presentaron mayormente respecto del decreto del gobierno que habilitó la licitación de tres lotes de frecuencias radioeléctricas correspondientes a la banda de 3,5 GHz.

Las críticas de las empresas

El lunes 13 venció el plazo que la Ursec había establecido para que las empresas de telecomunicaciones pudieran acercar sus opiniones respecto del pliego para la subasta. En ese contexto, fueron siete las compañías que aportaron al proceso desde su punto de vista: Movistar, Claro, Antel, Dedicado, 5G Americas, GSMA y Asiet.

Las quejas de las dos primeras no sorprendieron, ya que las tensiones son relativamente públicas desde hace unos meses. De hecho, la posibilidad de que las firmas accedieran al borrador del pliego en una etapa temprana y pudieran dar sus comentarios fue algo que se habilitó luego de que Movistar y Claro —las dos empresas de telecomunicaciones privadas que operan en el país— reclamaran una mayor apertura al diálogo con los actores que, finalmente, llevarán a cabo la instalación y puesta en marcha del 5G en Uruguay.

En ese sentido, las críticas, tal y como ya habían anticipado, se centraron en dos puntos fuertes: por un lado, las ventajas de Antel en la licitación —que le reserva uno de los tres bloques a subastar, limitando la participación de los privados a los dos bloques restantes— y el precio de base para la subasta.

Respecto del primer punto, las empresas consideran que la ventaja otorgada a la compañía pública viola tratados internacionales y deja poco espectro disponible como para que se realice una subasta abierta como plantea el gobierno. Asimismo, señalan que es un privilegio discriminatorio y anticompetitivo que hasta podría violar la Ley de Promoción de Inversiones.

En cuanto al precio de base, que es de 28 millones de dólares y estaba señalado ya en el decreto del gobierno, reclamaron que se baje a 20 millones de dólares, teniendo en cuenta las inversiones adicionales que deberán realizar para poner en marcha la red 5G —tanto en términos legales como de ingeniería.

También solicitaron extender el plazo de las licencias de 25 a 28 años.

A esto, además, se le suma el conflicto con Dedicado, que sostiene la exclusión adrede de su participación en la subasta a partir de la inclusión de requisitos excesivos; mientras que Movistar y Claro todavía no confirmaron su participación en el proceso.

Tensiones de larga data

Lo cierto es que las tensiones en el sector de las telecomunicaciones ya vienen desde antes de la subasta de la red 5G, cuando se renovaron automáticamente los espectros 3G y 4G. En ese entonces, la oposición denunció el intento de beneficiar a las compañías adjudicatarias de las redes —Movistar, Claro y Antel— al no llamar al proceso licitatorio correspondiente.

Sin embargo, también la empresa de origen mexicano se quejó por la renovación, que consideró los mismos montos y plazos de explotación asignados en un primer momento, ya que el precio por las bandas era elevado e injustificado. Como respuesta al decreto del gobierno, Claro presentó un recurso legal en su contra.

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