Son 300 los uruguayos estafados por Wenance, que presentó concurso de acreedores

La fintech argentina, que ofrecía préstamos online, pidió ese recurso preventivo luego de dos meses de incertidumbre.

Alejandro Muszak, fundador y CEO de Wenance. 

La compañía Wenance, que ofrecía préstamos online, pidió la convocatoria de acreedores luego de casi dos meses de tensión, acusada de incumplimiento y estafa por 3.000 inversores que depositaron sus ahorros en fideicomisos privados por más de 35.000 millones de pesos, dentro de los cuales 300 personas son uruguayas.

La empresa argentina tenía un portfolio de 120 millones de dólares en Uruguay, Argentina y España. En el país, sus principales clientes eran empresarios, comerciantes, contadores y abogados. El día de ayer, los abogados penalistas Andrés Ojeda y Fernando Posada le presentaron al fiscal de Corte, Juan Gómez, la denuncia de los inversores.

Según la denuncia a la que accedió el país, más de 300 uruguayos fueron estafados en donde se sufrieron pérdidas 7.500 millones de dólares. Sin embargo, a partir de ayer a la tarde se confirmó que se sumaron 1.500 millones de dólares.

Cronología del caso Wenance

En los últimos meses la compañía había despedido a unas 200 personas y perjudicó además sus negocios en España y Uruguay. Desde la fintech que comanda Alejandro Muszak habían hecho una propuesta a sus inversores, pero ahora quedó sin efecto. "Es la forma jurídica que encontramos para avanzar", aseguran desde la compañía y señalan que de esa forma podrán "seguir funcionando".

Sin embargo, lejos de solucionarse, su situación parece empeorar: una vez establecido el real pasivo de la empresa, a través de un proceso de negociación se le efectuarán propuestas de pago a los acreedores para que estos puedan dar su conformidad o no con las mismas", dijeron en la fintech.

El ahora cuestionado modelo de negocios de Wenance se estructuraba de la siguiente manera: le prestaba dinero a la base de usuarios de menores recursos con intereses altos. Por otro lado, tomaban fondos de inversores grandes y ahorristas -que reunía en fideicomisos privados y sin control de los entes reguladores- y les prometía retornos muy por sobre el promedio del mercado.

El conflicto tomó relevancia la semana pasada, cuando la División Antifraudes de la Policía Federal Argentina (PFA) allanó a Muszak en su domicilio de la Avenida del Libertador, en el barrio de Capital Federal, Palermo, por órdenes del Juzgado de Instrucción número 3 de Ushuaia, Tierra del Fuego, por una causa por estafa centrada en fideicomisos de la empresa.

La PFA ingresó también en Promotora Fiduciaria (PF), una firma vinculada a la empresa, donde secuestraron los libros contables. El empresario Martín Santiago Albacens, presidente de PF, se encuentra bajo investigación.

Como consecuencia de los allanamientos, se produjeron los despidos. En los telegramas que la compañía envió en estos días, la empresa reconoció la crisis, pero le echó la culpa de la situación al Gobierno. "Notificamos que prescindimos de sus servicios a partir del día de la fecha, atento a la grave situación económica que transita la empresa, la que impide la continuidad del vínculo. En consecuencia, su indemnización será abonada a la espera de algún ingreso de dinero que lo permita", señalaron los telegramas.

A su vez, argumentan que la situación de la compañía "obedece a la grave crisis económica que atraviesa el país (Argentina) que llevó a esta Empresa a resultar imposible el recupero del dinero prestado". La empresa finalmente no reestructurará la deuda como prometió cuando comenzaron las denuncias, sino que deberá seguir el procedimiento que dispone la convocatoria de acreedores.