La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República fue escenario de un áspero debate entre quienes promueven el plebiscito sobre la reforma de la seguridad social y quienes lo rechazan. Entre cifras y citas a informes nacionales e internacionales, no faltaron las chicanas y las ironías.
"Terraplanistas de la ciencia" y "el Netflix del que no nos podemos borrar", así fue el debate por el plebiscito de la seguridad social
Referentes a favor y en contra de la iniciativa promovida por el PIT-CNT se cruzaron fuertemente sobre la viabilidad de la reforma constitucional.
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Ope Pasquet, Rodolfo Saldain, Karina Sosa y Sergio Sommaruga.
Al comienzo del debate el moderador Ricardo Leiva planteó un tiempo para que cada una de las partes presentaran sus argumentos para estar a favor y en contra de la consulta popular.
El dirigente del sindicato de trabajadores de la enseñanza privada Sintep y uno de los principales voceros de la campaña Sergio Sommaruga afirmó: “Partimos de una ley que es parte de la explicación de por qué hay un plebiscito, porque tuvimos una ley que nace del desconocimiento de un compromiso electoral. Se nos mintió al momento de pedirnos el voto a los ciudadanos. Se nos dijo que a los trabajadores no se nos iba a cambiar las condiciones de jubilación”.
“Se nos impuso cincos años más de laboral obligatorio para acceder a la causa jubilatoria. Una confiscación de tiempo de libertad. Pero no fue la única confiscación que tuvimos. Tuvimos una confiscación económica. ¿Por qué? Porque nos hacen trabajar 5 años más para cobrar un 10% menos de promedio jubilatorio. O sea, hay una reducción del salario jubilatorio. Porque a los 65 años las personas se jubilaban con un 55%. Y ahora, gracias a la ley del gobierno, vamos a jubilarnos con un 45%. Esto es pérdida de calidad de vida. No hay doble lectura”, agregó el sindicalista.
Sommaruga se refirió también a las AFAP. “Se nos obliga a estar en una AFAP, que es un servicio privado. Y que nos cobra un 20% de la asignación computable destinada a ese servicio. Es como que hay una ley que nos obliga a tener Netflix, un servicio privado que tenemos que pagar con nuestro salario, al igual que la AFAP. Pero de el que nunca nos podemos borrar”, concluyó.
A su turno, la dirigente sindical de la Asociación de trabajadores de la Seguridad Social (ATSS), Karina Sosa, afirmó que “entendimos que había que ir a plebiscito en reacción a una muy mala ley de seguridad social que en realidad fue de jubilaciones y pensiones. Hay muchos aspectos que hacen que no se respeten derechos adquiridos. La cuestión es que tú te acostaste un día y te levantaste al otro teniendo que trabajar cinco años más”.
Desde la otra posición el diputado colorado Ope Pasquet se preguntó: “¿Por qué no puedo hacer un ahorro con fines jubilatorios, un ahorro personal? Es simplemente una pulsión colectivista, autoritaria que no tiene ninguna justificación”.
“En segundo lugar, acá hay un atentado grosero contra la seguridad jurídica, que es básicamente el respeto por los derechos adquiridos”, cuestionó y siguió: “Hay gente que hace 28 años que está ahorrando en un sistema, que tiene una cuenta a su nombre donde van depositándose el mes a mes sus ahorros y le dicen de buenas a primeras que eso ya no va a ser suyo, que se va a poner en un fideicomiso cuyo fideicomitente sería el Banco de Previsión Social (BPS). Eso es una confiscación, no en sentido figurado y retórico sino en sentido técnico”.
Cerrando el espacio de argumentaciones el doctor Rodolfo Saldain, presidente de la comisión de expertos en seguridad social y autor de la reforma votada en el Parlamento el año pasado, comenzó con una definición polémica. “Esta iniciativa es un ejemplo de texto de cómo no formular una política pública. Hubo una definición, de carácter ideológico, y quienes han estado siendo representantes de una visión de perfil económico, de apoyo al Sí, parecen ser terraplanistas de la ciencia actual. ¿Qué quiero decir con eso? Que no creen y que la vida dirá cómo se financia esta iniciativa. Es realmente una cruz de caminos donde se ha colocado el Uruguay con un antes y un después, con impacto en consensos macroeconómicos básicos”, criticó.
Sostenibilidad y financiamiento del sistema de seguridad social
Este fue el segundo punto del debate y el diputado Pasquet el encargado de abrirlo manifestando que “todos los economistas dicen que lo planteado por plebiscito que promueve el PIT-CNT no es sostenible”. “El 99% de los economistas, los del Partido Colorado, los del Partido Nacional, los del Frente Amplio, los del Partido Independiente, los del Cabildo Abierto, los de centros de estudio independientes, dicen que esta reforma es insostenible. Algo quiere decir todo esto, ¿no? “, se preguntó.
Saldain agregó algunas cifras a ese planteo: “Uruguay emite en los mercados por año, entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. El gran comprador de esa deuda pública es el ahorro jubilatorio que beneficia tanto al Estado uruguayo, a la sociedad y a los ahorristas con una tasa de rentabilidad real. Hay que tener presente que el 100% de la rentabilidad de las inversiones se coloca o va a las cuentas de los afiliados directamente. ¿Cuál es el problema que va a tener el gobierno uruguayo? El acceso al financiamiento. No estando las AFAP, inmediatamente va a haber efectos. Y lo que hoy son 23.000 millones de dólares, ya no lo van a ser, va a ser bastante menos por una pérdida de poder adquisitivo”, mencionó.
El argumento fue inmediatamente rebatido por Sommaruga. “No admito que en este país se hable naturalmente de tener 308.000 jubilados y pensionistas ganando 18.000 pesos por mes. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, lo que no puedo dejar pasar es que se naturalice la no sostenibilidad social, dejar afuera tanta gente, no es normal, no está bien”, aseguró.
“El sistema de ahorro individual le pone precio a la solidaridad. Por encima de 256.000 pesos se aporta si se quiere y si no se quiere no se aporta. Esto no sucedía antes. Y los trabajadores tenemos que tener memoria, pero también tenemos que tener conciencia social. Esto del ahorro individual prohibido tiene una connotación, y es que o me salvo solo o me salvo en colectivo. Por tanto decir que el ahorro colectivo sí está permitido y eso será lo que nos va a salvar al fin del camino cuando necesitemos de una prestación”, definió a su turno Karina Sosa.
En línea al anterior razonamiento Sommaruga elevó la apuesta y planteo que “se hace una reforma que nos recorta el derecho jubilatorio y salario, pero parece que a las multinacionales no se les puede poner aporte patronal”. “Se escandalizan porque queremos subirle 3.500 pesos de jubilación a personas que ganan 3.500. El 54% del IRAE no se cobra. ¿Por qué en vez de hablar de subir el IVA al 40%, que es un impuesto absolutamente regresivo, no combaten el IRAE? El 36% es por evasión. No veo a ningún partido político pidiendo la cabeza del ministro de Economía Nacional por no combatir esto”, afirmó.
“En el año 2023 se exoneraron 1.200 millones de dólares más de IRAE y de impuesto al patrimonio, a los más ricos. 1.200 millones de dólares más que en el 2019 por el famoso empleo. ¿Cuánto era el desempleo en el 2019? 8,9%. ¿Cuánto es hoy? 8,4. 1.200 millones de dólares para 0,5 reducción del desempleo. ¿Saben cómo se financia la reforma a la seguridad social de los trabajadores? Yendo contra los privilegios”, dijo el dirigente sindical levantando aplausos de una parte de los oyentes en la sala Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales.
El día después al plebiscito de la seguridad social
El ultimo tema planteado fue el vinculado a la percepción de cada una de las partes sobre el “día después” cualquiera sea el resultado del plebiscito promovido por el PIT-CNT y sus consecuencias.
Tomó la palabra Saldain dando cuenta que “Uruguay tiene aproximadamente 325.000 personas que están residiendo en hogares pobres. Y tiene otro número importante, unos 200.000 que están ahí, un 20% de riesgo. Ahí hay aproximadamente 22.000 jubilados en esas situaciones. La sociedad puede tomar una decisión de decir que 1,7% de incidencia de pobreza en los mayores es no aceptable y, por lo tanto, puede destinar recursos presupuestales que no son infinitos”, expresó el técnico autor de la reforma.
Pasquet agregó que “si la reforma es aprobada, quedan pautas rígidas en la Constitución y los efectos van a empezar a producirse al otro día, no solamente en el sentido de la deuda que va a tener el BPS, sino que van a empezar a producirse fenómenos económicos que van a impactar también en la economía general”.
“Ya leímos en la prensa que hay inversores que se están despojando de los títulos de deuda del Uruguay, porque tienen dudas sobre el cumplimiento futuro. El grado de inversor se va a perder. O sea, va a haber un empeoramiento de la situación fiscal general, un empeoramiento del déficit, eso por supuesto que va a traer, entre otras consecuencias, más impuestos” alertó el diputado colorado.




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