9 de abril 2024 - 08:34

¿Tiene Uruguay un núcleo duro de pobreza?

La mejora de varios indicadores económicos en los últimos años no alcanzó para sacar de esa situación al 10% de la población. ¿Qué opciones hay para revertir la problemática?

Los niños y adolescents son los más afectados por la pobreza en el país.

Los niños y adolescents son los más afectados por la pobreza en el país.

Foto: EFE

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó los datos de pobreza en Uruguay medida por nivel de ingreso, correspondientes al año 2023. En número de personas, la pobreza alcanza al 10,1%, dos décimas porcentuales mayor a la del año anterior, una diferencia no significativa. Sin embargo, dado el aumento en el salario real y en el empleo que se registró en el último año, era esperable cierta mejora (caída) en la pobreza. Además, si bien el PIB no avanzó el año pasado por la seca y la crisis argentina (entre otras cosas) venía con buen desempeño previo y seguramente retome el crecimiento este año.

Esto lleva a pensar en cuáles puede ser las causas de esta estabilidad que ya lleva algunos años (gráfica). En el corto plazo, hay que observar que la Línea de Indigencia y -en menor medida- la Línea de Pobreza (esto es, los niveles de ingreso por debajo de los cuales se consideran los hogares o las personas indigentes o pobres respectivamente) aumentaron por encima de la inflación. Esto seguramente se debe -entre otros factores- principalmente al fuerte aumento en el precio de algunos alimentos que ocurrió el año pasado. Esa diferencia se dio especialmente en el interior, donde la inflación fue 4,6%, mientras la Línea de Pobreza aumentó 5,4% y la de indigencia 6,2%.

Pobreza en Uruguay.jpg
Pobreza en Uruguay

Pobreza en Uruguay

Pero este seguramente sea un efecto secundario en el dato global. Dado que la economía se recuperó luego del impacto de la pandemia y el PIB está en niveles superiores, cabe poner entonces la mirada en lo que está sucediendo en términos de empleo y actividad en aquellos sectores más afectados por la pobreza, en particular en los trabajadores que están vinculados a empleos precarios -en general informales- con poca estabilidad laboral y con tareas de baja complejidad y (por tanto) bajos ingresos.

La informalidad laboral (puerta de entrada a la pobreza) bajó de 25% en los años prepandemia a 20% en los años posteriores, para luego ubicarse en el actual 22%. Es un avance, pero todavía hay mucho para mejorar.

Por otro lado, parece claro que hay un proceso de cambio tecnológico profundo -que incluso la pandemia aceleró- y todo indica que seguirá adelante con más fuerza, con los impulsos de la Inteligencia Artificial (IA) y los avances permanentes en las tecnologías de la información y las comunicaciones. Así como en su momento la revolución energética-industrial automatizó muchos procesos en el campo y luego en la industria hoy prácticamente todos los sectores de servicios (atención al cliente, porterías, ventas, finanzas) están expuestos a procesos de automatización y mayor eficiencia, lo que reduce allí las posibilidades de generar empleo para personas con baja capacitación.

Para mejorar la situación de las personas con menores ingresos, las políticas de las últimas décadas apuntaron a subir especialmente los salarios bajos (salario mínimo y categorías de menores ingresos en los consejos de salario). Esto seguramente fue clave para reducir los niveles de pobreza en las últimas décadas, pero si no se concreta el empleo -el vínculo laboral para aplicar esos mínimos- el impacto de esta medida queda por el camino y no resuelve el problema de las personas con baja capacitación que quedan fuera del mercado laboral. Podría estar planteándose allí un “núcleo duro” de pobreza, que -si se hace un análisis de la evolución de los últimos años (gráfica)- podría ubicarse en el eje del 10%.

En efecto, entre los años 2005 y 2010 (primer gobierno de Tabaré Vázquez) la pobreza bajó a menos de 20%, por las políticas implementadas y por la reactivación de la crisis. Un nuevo avance se dio en el gobierno de José Mujica, con la economía que seguía a todo tren, y la pobreza cayó al 10%. En 2017-18 (segundo gobierno de Vázquez) se llega al mínimo histórico, en el eje del 8% de personas en condición de pobreza, para luego (con la economía con mucho menor crecimiento) aumentar a 8,8% en 2019, con caída del empleo. Luego del impacto de la pandemia, la pobreza cayó, pero se mantiene ahora en 10% por segundo año. Es poco tiempo para sacar conclusiones definitorias, pero vale la preocupación.

Pobreza infantil y políticas sociales

Una vez más, los datos del INE muestran que la pobreza está concentrada en la infancia y adolescencia, con el porcentaje de pobreza en los menores de 18 años que se ubica entre 18 y 20%. Esos niños y adolescentes viven en hogares pobres, es decir, con adultos cuyos ingresos no logran sacar al núcleo familiar de dicha condición.

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Incidencia de la pobreza en personas.

Incidencia de la pobreza en personas.

Para enfrentar esta situación, el Estado despliega políticas sociales relevantes, las más importante el otorgamiento de Asignaciones Familiares a esos hogares. En el cuadro adjunto se muestra el aporte presupuestal en 2023, comparado con 2019, en los subsidios vinculados a familia y maternidad. El año pasado se destinaron más de 19.600 millones de pesos en estos subsidios (unos U$S 505 millones). La cifra es 17% mayor en términos reales a la de 2019, por el aumento en las Asignaciones de la ley de 2008 y los montos de la TUS (Tarjeta Uruguay Social).

Subsidio para familias e infancias.jpg
Subsidios para familias e infancias.

Subsidios para familias e infancias.

Es un esfuerzo presupuestal importante, pero bastante menor al que -por ejemplo- se aplica al subsidio de las jubilaciones (que tienen un déficit de U$S 2.000 millones). Visto así, pensaría que debería haber un consenso para cambiar esto. Sin embargo, al momento de las definiciones políticas presupuestales, los cincuentones, cajas paraestatales y ahora con la convocatoria al plebiscito, parece que siempre los niños y adolescentes quedan para atrás. En un Estado con un déficit fiscal del 3,8% del PBI, todo indica que -además de aumentar las partidas en términos absolutos- hay que priorizar de manera muy diferente el gasto. Pero claro…. los niños no votan.

Las Asignaciones Familiares alcanzan a más de 450.000 beneficiarios, pero con aportes promedio que van de 1.700 a 1.900 pesos. Aumentar esto seguramente haría mucho para reducir la pobreza infantil. En el diseño de esta política (es decir, cómo se aplica) el gobierno actual concretó un avance importante al mantener el subsidio aun cuando el núcleo familiar supera el ingreso que tenía al momento de ser beneficiado; antes, se “penaba” el progreso: un integrante conseguía trabajo y la Asignación se quitaba. Es un aspecto importante para reforzar la trayectoria de salida de la situación de carencia.

El otro punto clave son los cuidados: muchos hogares pobres son monoparentales (con mujeres jefas de hogar) que, si aspiran a tener a sus hijos y trabajar, precisan de un sostén más potente de ayuda para el tiempo de trabajo. Pero para esto también se precisa presupuesto y la correspondiente prioridad política.

Así las cosas, todo indica que, para abordar a fondo el problema de la pobreza hay que apuntar a la pobreza infantil, lo que implica apoyar más a los trabajadores y trabajadoras que -con pocos ingresos- quieren conformar y sostener una familia. Si el asunto no se aborda con cierta rapidez y efectividad, las condiciones de necesidad permanecen de generación en generación, y resultan cada vez más difícil de superarse porque luego llega la frustración, la exclusión y el daño social más permanente. Después de las graves crisis que sufrió el Uruguay hace ya décadas del país logró bajar la pobreza al eje del 10% o inferior, pero se precisa un nuevo esfuerzo.

Es posible (ojalá) que la pobreza baje este año, con mayor crecimiento económico y menor inflación, y en la medida que el empleo se sostenga. Las políticas públicas son clave para -a largo plazo- lograr un avance efectivo de la próxima generación; un cambio estructural con mayor integración social, mayor capacitación de los trabajadores y trabajadoras, y oportunidades para sus hijos.

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