Gabriel Oddone buscará blindar la regla fiscal ante la rigidez presupuestal de la Rendición de Cuentas y las presiones por el gasto social.
El MEF se prepara para defender la consistencia de sus metas financieras en el Parlamento.
El gobierno enfrenta en los próximos meses un ciclo de debates en el Parlamento sobre los temas más importantes de la economía: cómo gastar sin descontrolar las cuentas públicas, qué pasará con las jubilaciones y las AFAP, si los deudores van a tener alivio o no, y si Uruguay podrá crecer más; todo en simultáneo con la oposición empujando y el propio oficialismo con fracturas internas.
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Blancos y colorados ya aprobaron citar al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, a una interpelación en el Senado en este mes. La acusación central: que el gobierno está comprometiendo la solidez fiscal del país con promesas hechas en el Diálogo Social, el proceso de negociación con sindicatos y empresarios, sin que quede claro cómo se van a financiar. La oposición también quiere respuestas sobre las AFAP, las administradoras de fondos jubilatorios, después de que trascendió que el gobierno habría negociado con el PIT-CNT un esquema que las dejaría prácticamente sin función.
El Frente Amplio (FA) votó en contra de la interpelación considerando que es inoportuna, a pocas semanas de que el Poder Ejecutivo envíe la Rendición de Cuentas con las respuestas concretas. Pero no pudo evitarla.
Oddone ya adelantó su postura de que la sostenibilidad fiscal no está en riesgo, que las medidas previstas para infancia y jubilaciones entran dentro de las metas, y que las AFAP no van a desaparecer. Si el gobierno da marcha atrás con la idea de reemplazar a las AFAP por un ente estatal, el PIT-CNT y varios sectores del propio FA, comunistas, socialistas, Casa Grande, MPP, van a reaccionar con fuerza.
En junio hay dos frentes abiertos, el primero es el proyecto de Competitividad e Innovación, que Oddone quiere votar cuanto antes y que es, en sus propias palabras, la apuesta del gobierno para que la economía crezca más. El segundo y más pesado es la Rendición de Cuentas, que el Poder Ejecutivo tiene que presentar antes del 30 de junio.
El problema es que el gobierno tiene menos plata de lo esperado, la economía creció menos, y al mismo tiempo tiene compromisos políticos importantes que cumplir: subir y unificar las asignaciones familiares para los hogares más vulnerables, fortalecer transferencias para la primera infancia, y crear una opción de jubilarse a los 60 años para trabajadores de bajos ingresos. Junio va a ser el mes en que cada sector del oficialismo intentará meter sus partidas: salud, educación, obras, todo al mismo tiempo, con un presupuesto ajustado.
El FA tiene un proyecto en comisión que busca proteger a familias endeudadas bajando el techo de tasas de interés que pueden cobrar las financieras. El MEF fue al Parlamento, reconoció que hay problema, pero en la práctica lo frenó y advirtió que poner topes rígidos puede terminar expulsando a los sectores más vulnerables del crédito formal y empujándolos al préstamo ilegal, el famoso gota a gota. La alternativa que propone es una mesa técnica con el Banco Central del Uruguay (BCU) para diseñar algo más quirúrgico, con tasas diferenciadas según el tipo de crédito y mejor información para el consumidor. El proyecto del FA no tiene mayoría en Diputados, así que el camino pasa por esa negociación.
El margen político es estrecho. El gobierno necesita votos que no siempre tiene, la oposición va a usar cada debate para mostrar lo que considera errores del Ejecutivo, y dentro del propio FA hay visiones muy distintas sobre hasta dónde ceder en cada tema. Los próximos tres meses van a mostrar si el gobierno puede transformar los acuerdos del Diálogo Social en leyes reales o si termina cediendo en lo que prometió para no descontrolar las cuentas.