22 de junio 2026 - 19:05

Yamandú Orsi anunció el despliegue de blindados del Ejército en Montevideo para luchar contra el crimen organizado

El gobierno destinará 12 vehículos Mamba a patrullajes en zonas de alta criminalidad bajo mando de la Policía.

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos en 2024 al Ejercito uruguayo y serán utilizados en los operativos Dominio y Atenea en barrios con mayor incidencia delictiva.

Los vehículos fueron donados por Estados Unidos en 2024 al Ejercito uruguayo y serán utilizados en los operativos Dominio y Atenea en barrios con mayor incidencia delictiva.

Foto: gentileza del Ejercito del Uruguay

El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció este lunes una nueva estrategia de seguridad que incluirá el uso de vehículos blindados del Ejército Nacional en barrios de Montevideo con altos niveles de criminalidad, en coordinación con la Policía Nacional.

"A partir de un encuentro con los ministros del Ministerio de Defensa Nacional (MD), Ministerio del Interior (MI) y Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin", expresó Orsi a través de su cuenta de X.

El anuncio se produce luego de que el ministro del MI, Carlos Negro, informara en el Parlamento que el gobierno trabaja en un convenio con el MD para incorporar vehículos militares a tareas de apoyo en la seguridad pública.

Doce blindados Mamba patrullarán zonas de alta criminalidad

El plan prevé el despliegue de 12 vehículos blindados Mamba MK7 del Ejército Nacional en distintos barrios de Montevideo donde se concentra una mayor incidencia delictiva. Según explicó Negro durante su comparecencia ante la Comisión de Seguridad y Convivencia de Diputados, los vehículos operarán bajo el mando de la Policía Nacional y estarán afectados a los operativos Dominio y Atenea.

"Son 12 en total que van a estar a cargo o como colaboración y bajo el mando de la Policía Nacional. Serán destinados al estricto patrullaje de las zonas con mayor incidencia de criminalidad", señaló el ministro.

Los Mamba fueron incorporados al país en 2024 a través de un programa de cooperación con Estados Unidos valuado en aproximadamente 14 millones de dólares. Se trata de vehículos blindados diseñados para operar en entornos de riesgo y brindar protección al personal transportado. Negro destacó además el trabajo conjunto entre las carteras de Interior y Defensa para ampliar el uso de recursos militares en apoyo a las tareas de seguridad pública.

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El gobierno busca reforzar la respuesta frente al crimen organizado

Desde el Ejecutivo sostienen que la utilización de estos recursos forma parte de una estrategia más amplia para enfrentar el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado. La decisión también supone una mayor coordinación entre organismos del Estado para aprovechar infraestructura ya disponible y reforzar la presencia institucional en territorios considerados críticos.

El anuncio llega en momentos en que la seguridad se mantiene entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y cuando el gobierno busca mostrar nuevas herramientas para combatir los delitos complejos.

Reacciones divididas en la oposición

La decisión generó distintas reacciones dentro de la oposición, donde algunos dirigentes respaldaron la medida mientras otros reclamaron mayores precisiones sobre su alcance legal y operativo. El diputado de Cabildo Abierto (CA), Álvaro Perrone, expresó apoyo a cualquier iniciativa destinada a fortalecer la seguridad, aunque planteó dudas sobre la implementación. "Todo lo que sea para reforzar las medidas de seguridad nosotros lo apoyamos", afirmó, aunque señaló que aún no está claro cuál será el papel específico de los militares.

Perrone cuestionó además si los efectivos utilizarán armamento y advirtió que "no es la tarea de las Fuerzas Armadas hacer de Policía". Su sector analiza solicitar un pedido de informes para conocer los detalles del acuerdo entre los ministerios.

Por su parte, el diputado nacionalista, Pablo Abdala, consideró que la iniciativa requiere respaldo legal específico y criticó la estrategia del MI. "El ministro está muy preocupado porque está desbordado por la situación", sostuvo, al tiempo que aseguró que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas policiales "requiere ley". Además, anunció que la bancada del Partido Nacional (PN) solicitará información formal sobre el convenio y cuestionó la conducción de la política de seguridad. "No tiene estrategia, no tiene plan, no tiene rumbo", afirmó.

Apoyos desde el Partido Nacional y el Partido Colorado

No todas las reacciones opositoras fueron críticas. El senador nacionalista, Sebastián Da Silva, respaldó la decisión y la vinculó con el crecimiento de la violencia asociada al crimen organizado.

"Hay una especie de mexicanización de la violencia, que nosotros como país le tenemos que poner coto", afirmó. Da Silva consideró positivo utilizar recursos militares disponibles y sostuvo que "no puede haber elementos ociosos en el Estado". Asimismo, respaldó la posibilidad de recurrir a efectivos especializados de las Fuerzas Armadas para colaborar en tareas de seguridad.

En la misma línea se expresó el senador colorado Andrés Ojeda, quien valoró el involucramiento directo del presidente en el anuncio. "Nobleza obliga, es bueno ver al presidente encabezando este anuncio. Lo veníamos reclamando", escribió en la red social X.

Seguridad, una prioridad para el gobierno

La incorporación de los blindados Mamba se enmarca en la estrategia del gobierno para reforzar la presencia estatal en zonas con altos niveles de violencia y mejorar la capacidad operativa de la Policía.

Según informó el Ejecutivo, los vehículos comenzarán a desplegarse en los próximos días como apoyo a los operativos Dominio y Atenea, bajo control policial y en coordinación con el MD. Con esta decisión, el gobierno busca enviar una señal de endurecimiento frente al crimen organizado y profundizar la cooperación entre las distintas agencias encargadas de la seguridad pública.

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