El presidente sostuvo que la creación de una nueva cartera es una discusión que debe seguir profundizándose y que los legisladores definirán el camino.
La iniciativa de Orsi para crear un Ministerio de Justicia forma parte de los compromisos del gobierno, pero enfrenta dificultades para reunir los apoyos parlamentarios necesarios.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, volvió a referirse a la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sostuvo que la discusión debe continuar, aunque remarcó que la prioridad es preservar el funcionamiento del sistema judicial actual.
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"Casi todos los partidos en la última campaña electoral planteamos la necesidad de un Ministerio de Justicia, para administrar los recursos, pero se verá cuál es la mejor fórmula. Pero lo principal y primordial es cuidar lo que tenemos, que es de lo mejor", afirmó Orsi este lunes, durante el acto por el bicentenario de la Administración de Justicia.
"Es una reflexión que la debemos seguir profundizando, algunos imaginamos algunas herramientas, otros pensarán en otras. El legislador lo verá", agregó el mandatario, en referencia al debate sobre cómo organizar la administración de los recursos y las instituciones vinculadas al sistema.
Orsi también se refirió a las vacantes en distintos tribunales y a la situación de la fiscal de Corte subrogante, Mónica Ferrero y señaló que la definición de ese cargo no constituye una urgencia y que la prioridad es alcanzar acuerdos políticos para cubrir los puestos vacantes en diferentes organismos, incluida la Corte Electoral. "Tenemos sí que resolver a nivel de partidos políticos las vacantes que se van generando en distintos tribunales, y eso es lo primero que tenemos. Hasta la Corte Electoral, pero sé que vamos a llegar a acuerdos", expresó.
La creación de un Ministerio de Justicia no es una idea nueva en la agenda de Orsi. Durante la campaña electoral de 2024, el entonces candidato del Frente Amplio (FA) defendió la iniciativa como una herramienta para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar el soporte institucional que reciben los organismos del sistema.
En setiembre de 2024, Orsi sostuvo que el Poder Judicial necesitaba "otro tipo de soporte" y planteó que una nueva institución podía contribuir a articular áreas como la Fiscalía, el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y la Defensoría Pública. Al mismo tiempo, remarcó que la autonomía y la independencia de los jueces debían quedar garantizadas.
El tema volvió a ocupar un lugar central en junio de 2025, cuando el presidente participó en un seminario internacional sobre la creación de un Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En esa instancia, afirmó que estaba convencido de que avanzar en esa dirección era el camino correcto y destacó que distintos partidos con representación parlamentaria habían incluido la propuesta en sus programas de gobierno.
"Una justicia que funcione bien resuelve bastante mejor nuestros temas de convivencia", sostuvo entonces. Desde el gobierno, el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, defendió que la nueva cartera se ocupe de asuntos vinculados al funcionamiento general del sistema, sin intervenir en la función jurisdiccional, que corresponde a los jueces. También afirmó que el organismo no debería asumir competencias constitucionales de la Suprema Corte de Justicia ni del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
El 2 de marzo de 2026, al presentar ante la Asamblea General el balance de su primer año de gobierno, Orsi anunció que había tomado la decisión de enviar al Parlamento un proyecto de ley para crear el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. "Es por esto que tomé la decisión de enviar al Parlamento para su consideración en las próximas semanas un proyecto de ley para la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos", dijo en su discurso.
La iniciativa busca reorganizar competencias que actualmente están distribuidas entre diferentes organismos estatales. Entre los cambios que se manejaron durante la preparación del proyecto se encuentra el eventual traslado del Instituto Nacional de Rehabilitación, hoy bajo la órbita del Ministerio del Interior, a la nueva cartera. Sin embargo, la propuesta requiere una mayoría absoluta en ambas cámaras y el FA necesita apoyos de otros partidos en Diputados. Aunque la creación del ministerio figuró en programas electorales de distintos sectores, después de las elecciones surgieron cuestionamientos sobre la conveniencia de crear la nueva estructura y sobre las garantías para preservar la independencia del sistema judicial.
En abril, el debate seguía abierto y el Poder Ejecutivo evaluaba si impulsar la iniciativa en una ley específica o vincularla a otras instancias legislativas, mientras que la bancada del FA pretendía discutir previamente el tema con los legisladores.
En paralelo, desde la oposición se expresaron reparos sobre la creación de la cartera y sobre el papel que podría tener Díaz en su diseño. Entre las críticas se planteó el riesgo de politización de la Justicia, mientras que el oficialismo defendió que el objetivo es ordenar competencias administrativas y fortalecer el acceso a los derechos sin afectar la independencia judicial. Las declaraciones de Orsi durante el bicentenario vuelven a colocar el énfasis en la búsqueda de acuerdos políticos y en la necesidad de definir el diseño institucional. Por ahora, el presidente insistió en que la discusión debe continuar y dejó en manos del Parlamento la definición sobre la fórmula más adecuada.