Para el ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado una medida que impactará directamente a un sector clave de la población: los pensionados y jubilados. Se trata de la implementación de visitas domiciliarias para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta noticia subraya una realidad económica ineludible: recibir una pensión o jubilación no exime a los ciudadanos de sus responsabilidades como contribuyentes, y la autoridad fiscal tiene la facultad de realizar auditorías para asegurar que todos los ingresos estén debidamente declarados.
SAT confirma visitas casa por casa a pensionados y jubilados que olviden este trámite en 2025
SAT visitará a pensionados y jubilados en 2025 por un trámite clave. Conoce tus derechos, cómo actuar y la importancia de tu situación fiscal para evitar multas.
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La medida ha generado una ola de inquietud entre los adultos mayores, un grupo que a menudo puede sentirse vulnerable ante los complejos procedimientos del fisco. Sin embargo, es fundamental entender que estas acciones no son de carácter punitivo per se, sino parte de los mecanismos de fiscalización estándar que buscan garantizar la equidad en el sistema tributario. El objetivo de estas visitas es detectar posibles omisiones o inconsistencias en las declaraciones y ofrecer al contribuyente la oportunidad de regularizar su situación antes de que se generen sanciones mayores.
Por ello, la información se convierte en la herramienta más poderosa para pensionados y jubilados. Conocer a fondo sus derechos, los protocolos que deben seguir los auditores del SAT y las opciones disponibles para corregir cualquier error es crucial para navegar este proceso con tranquilidad y seguridad. Este artículo busca ser una guía clara y precisa para que los adultos mayores y sus familias comprendan el alcance de estas visitas y estén preparados para actuar de manera informada y oportuna.
SAT: qué hacer ante la visita al hogar
Recibir una visita del SAT en el domicilio puede ser una experiencia intimidante, pero es vital mantener la calma y saber que, como contribuyente, se cuenta con un marco de derechos que protege durante todo el proceso. Lo primero y más importante es verificar la identidad de los funcionarios. Ellos deben presentar una orden de visita y una identificación oficial vigente que los acredite como personal del SAT. No se debe permitir el acceso a nadie que no cumpla con este requisito fundamental.
Una vez iniciada la auditoría, los adultos mayores tienen derechos específicos que deben ser respetados. La autoridad está obligada a entregar la "Carta de Derechos del Contribuyente Auditado", un documento que detalla de forma clara todas las garantías durante la revisión. Entre los derechos más importantes se encuentran:
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Derecho a ser informado: El personal del SAT debe explicar de manera detallada el motivo de la visita y los aspectos que se van a revisar.
Derecho a corregir: En cualquier momento, desde el inicio de la visita y hasta antes de que se notifique la resolución final, el pensionado puede presentar una declaración normal o complementaria para subsanar las omisiones detectadas.
Asesoría gratuita: La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores garantiza el acceso a asesoría legal y fiscal sin costo, un recurso invaluable para entender el proceso.
Conclusión de la visita: Si durante la auditoría se demuestra que la situación fiscal está en orden o se corrige por completo, el contribuyente puede solicitar que la visita concluya formalmente. Tras esto, el SAT tiene un plazo de un mes para emitir un oficio que confirme la corrección.
SAT: la importancia de la situación fiscal
Mantener una situación fiscal saludable es tan importante como cuidar la salud física, especialmente durante la etapa del retiro. Ignorar las notificaciones o las inconsistencias detectadas por el SAT puede derivar en consecuencias económicas significativas. Si la autoridad determina la existencia de contribuciones omitidas, el contribuyente deberá cubrir el monto adeudado más las actualizaciones y recargos correspondientes.
En caso de no poder liquidar el adeudo en un solo pago, el SAT ofrece facilidades. Es posible solicitar un pago en parcialidades (hasta 36 meses) o de forma diferida (hasta 12 meses), siempre que se garantice el interés fiscal. No obstante, si no se corrige la situación, el organismo procederá a emitir una resolución y aplicará multas. Estas sanciones pueden ser del 20% del monto omitido si el pago se realiza después del inicio de la auditoría pero antes de la notificación del acta final, o ascender al 30% si se paga después de dicha notificación.
Es crucial saber que la ley también establece límites para la autoridad. El SAT tiene un plazo máximo de seis meses para determinar las contribuciones omitidas durante el proceso de revisión. Si este periodo concluye sin una resolución, legalmente se considera que no existe ninguna deuda fiscal para el periodo y la contribución revisada, protegiendo al contribuyente de procesos indefinidos.




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