El máximo tribunal validó el marco sancionatorio de la Ley de la Industria Eléctrica, confirmando que las multas impuestas por la autoridad cumplen con el debido proceso y la seguridad jurídica.
Fallo clave de la Suprema Corte.
En un fallo decisivo para el sector energético del país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del procedimiento sancionatorio aplicable a quienes cometen infracciones a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE). Con esta resolución, el Alto Tribunal sienta un precedente firme: el marco legal vigente es válido y las empresas no podrán escudarse en vacíos procedimentales mediante juicios de amparo para evadir multas justificadas.
La decisión, resuelta en la sesión del Pleno este 16 de abril de 2026, confirma que las autoridades reguladoras cuentan con el respaldo constitucional para castigar los incumplimientos en el mercado eléctrico.
El debate de los ministros se centró en la validez de los artículos 165 y 169 de la Ley de la Industria Eléctrica, operados en conjunto con múltiples artículos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Tras el análisis, el Pleno concluyó que este andamiaje normativo garantiza plenamente el derecho de audiencia y la seguridad jurídica de las empresas sancionadas.
Bajo una interpretación sistemática, la SCJN advirtió que la ley prevé todas las formalidades esenciales para un procedimiento justo antes de aplicar cualquier castigo económico. Entre estas garantías destacan:
Notificación oficial: Aviso claro sobre el inicio del procedimiento sancionatorio en contra de la empresa.
Defensa y desahogo: La oportunidad irrestricta de ofrecer y desahogar pruebas documentales o técnicas a favor del particular.
Derecho de réplica: La posibilidad de formular alegatos legales.
Resolución transparente: La emisión de una resolución definitiva que, además, sigue siendo susceptible de impugnación por las vías correspondientes.
El amparo en revisión (35/2026) que motivó este fallo de la Suprema Corte fue promovido por una empresa que buscaba invalidar una sanción impuesta por la entonces Comisión Reguladora de Energía (CRE).
El castigo económico se aplicó debido a que la compañía privada cayó en un incumplimiento directo de su obligación de adquisición de potencia, una falta regulatoria registrada durante el ejercicio del año 2022.
Para dimensionar la falta que originó la multa, es fundamental entender cómo funciona este concepto en el sector energético nacional. En términos regulatorios, la "potencia" es un producto que los generadores eléctricos pueden ofrecer dentro del mercado, el cual conlleva responsabilidades estrictas para asegurar el suministro en el país.
Esta obligación implica dos compromisos ineludibles para las empresas:
Garantizar la disponibilidad: Asegurar que existe la capacidad de producción física en las plantas de generación.
Oferta continua: La obligación de ofertar la energía respectiva en el Mercado de Energía de Corto Plazo, asegurando que el sistema no sufra de desabasto.
Con este revés judicial a la empresa quejosa, la SCJN envía un mensaje claro de certidumbre regulatoria: el Estado mantiene sus facultades sancionatorias intactas para velar por el correcto funcionamiento y la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional.
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