El máximo tribunal determina que la gratuidad es una obligación constitucional que debe cumplirse desde la licenciatura hasta el doctorado; ordena al Congreso de Guanajuato asignar presupuesto prioritario para este rubro.
El litigio se originó en la Universidad de Guanajuato.
En una sesión que marca un precedente irreversible para el sistema educativo nacional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha blindado el derecho a la educación pública. Los ministros determinaron que el acceso a la educación superior y posgrados debe ser totalmente gratuito, conforme a lo estipulado en la reforma constitucional de 2019, obligando a las autoridades a garantizar los recursos necesarios para que ningún estudiante sea excluido por motivos económicos.
Esta resolución, dictada el jueves 7 de mayo de 2026, surge del análisis del Amparo en Revisión 526/2025, promovido por un estudiante de la Maestría en Justicia Constitucional de la Universidad de Guanajuato (UG). Al alumno se le había cancelado su reinscripción debido a un pago extemporáneo de cuotas, lo que no solo frenó sus estudios, sino que puso en riesgo su beca otorgada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías.
Al analizar el caso, la Suprema Corte verificó que, a nivel federal, el Congreso de la Unión y el Ejecutivo han cumplido con la Ley General de Educación Superior y la asignación de fondos en los Presupuestos de Egresos de la Federación 2023 y 2024. No obstante, el fallo identificó una falla crítica en la estructura local que impide el ejercicio del derecho:
Omisión legislativa en Guanajuato: El Congreso del Estado no incluyó recursos suficientes en su presupuesto para cubrir la gratuidad mandatada por la Constitución.
Orden de corrección prioritaria: La SCJN ordenó al Congreso local iniciar un proceso legislativo urgente para asegurar la asignación de partidas presupuestales destinadas a la educación superior gratuita.
Validez de reglamentos internos: Se determinó que las universidades autónomas pueden mantener reglas administrativas, siempre que estas no se traduzcan en barreras económicas o cobros de contraprestaciones.
La Suprema Corte fue enfática al definir los alcances de la reforma de 2019. Según el criterio del Pleno, el principio de gratuidad es exigible para todos los niveles de educación superior, incluyendo maestrías y doctorados, bajo las siguientes premisas:
Acceso y permanencia: No pueden estar condicionados al pago de inscripciones, reinscripciones o cualquier otra contraprestación económica por el servicio educativo.
Reglas académicas razonables: Las universidades pueden establecer criterios de ingreso y permanencia (calificaciones o tiempos), pero nunca basados en la capacidad económica del alumno.
Responsabilidad del Estado: La falta de presupuesto no es una excusa válida para realizar cobros, por lo que los estados deben ajustar sus finanzas para absorber estos costos.
Como consecuencia directa de este fallo, el estudiante quejoso obtuvo una protección integral que servirá de guía para futuros casos en todo el país. La SCJN concedió el amparo para que se ejecuten las siguientes acciones:
Reincorporación inmediata: El alumno deberá ser inscrito en la maestría sin realizar pago alguno de reinscripción.
Restitución de derechos: Se le deben reintegrar plenamente sus derechos académicos y, en caso de haber realizado pagos bajo protesta, se le deben devolver las cantidades cubiertas.
Protección de becas: La universidad deberá informar a las autoridades de becas nacionales para que la situación del estudiante sea regularizada y no pierda sus apoyos por este conflicto administrativo.
Con esta decisión, la Suprema Corte reafirma que la educación superior gratuita es un derecho humano y una obligación estatal ineludible. Este hito judicial obliga a los congresos de todos los estados a revisar sus presupuestos para 2026 y 2027, asegurando que el principio de gratuidad deje de ser una promesa en papel para convertirse en una realidad presupuestaria en cada universidad pública del territorio mexicano.