Los jueces podrán intervenir y remover a la defensa, pero bajo condiciones estrictas. El objetivo es evitar que los imputados queden indefensos ante negligencias graves, sin confundir una "mala estrategia" con incompetencia técnica.
Los jueces pueden cambiar abogados de la defensa en un juicio.
En un sistema penal donde la libertad está en juego, tener un abogado que no conozca las reglas básicas es tan peligroso como no tener ninguno. Bajo esta premisa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado este martes 27 de enero de 2026 la constitucionalidad del artículo 121 del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgando a los jueces la facultad de prevenir el cambio de defensor cuando detecten una “incapacidad técnica manifiesta y sistemática”.
Sin embargo, el Alto Tribunal ha puesto candados firmes a esta decisión para evitar arbitrariedades. La Corte aclaró que esta medida no es un cheque en blanco para que los jueces impongan su criterio sobre los litigantes, sino una herramienta de uso excepcional para garantizar una defensa efectiva y en igualdad de condiciones frente al Ministerio Público.
La sentencia es clara: no basta con un error aislado. Para que un juez pueda sugerir u ordenar el relevo de un abogado, deben existir indicios objetivos, relevantes y reiterados de que la defensa ha colapsado.
Los casos específicos señalados por el Pleno son:
Desconocimiento total de herramientas básicas: Cuando el abogado ignora cómo litigar, desconocer los procedimientos esenciales o las reglas del juicio oral.
Omisión injustificada: Cuando se dejan pasar oportunidades claras de defensa o presentación de pruebas sin razón alguna.
Abandono de la defensa: Cuando, estando presente o nominalmente a cargo, el abogado muestra una actitud pasiva y de abandono real hacia los intereses del imputado.
Uno de los puntos más delicados del fallo es la protección a la autonomía profesional. La Corte advirtió que los tribunales no deben valorar si una estrategia fue "buena o mala".
"Debe partirse de una presunción de respeto a la estrategia profesional de la defensa. No puede confundirse una estrategia que no le gusta al juzgador con una incapacidad técnica", establece el criterio.
El juez debe limitarse a verificar negligencia o abandono, no a calificar la táctica legal. Remover a un abogado solo porque su estrategia es arriesgada o poco convencional sería inconstitucional y afectaría el honor y la libre práctica de la abogacía.
Si un juez detecta esta incapacidad manifiesta, no puede simplemente expulsar al abogado de la sala. La Corte fijó un debido proceso para esta situación:
Escuchar al imputado: El juez debe respetar el derecho del acusado a elegir su defensa.
Motivación sólida: La decisión judicial debe estar explicada detalladamente, justificando por qué la actuación del abogado vulnera el derecho a la defensa adecuada.
Plazo razonable: Se debe otorgar tiempo suficiente para que la defensa se reorganice y el imputado no quede en el limbo jurídico.
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