A 20 años de la aprobación de la Ley 18.065 de trabajo doméstico, la informalidad continúa afectando al 45% del sector en Uruguay, pese a los avances registrados desde su implementación; el dato fue destacado por el exministro de Trabajo Ernesto Murro durante un encuentro realizado este miércoles en la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSUy), donde autoridades, especialistas y representantes de trabajadores y empleadores analizaron los resultados de la normativa y los desafíos pendientes.
La actividad, organizada por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay, contó con la participación del expresidente Julio María Sanguinetti, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, el presidente de la CCSUy, Julio César Lestido, y representantes del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, encabezados por Laura Rivero. También intervino de manera virtual desde Lima el oficial de Información Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur, Juan Jacobo Velasco.
Promulgada el 27 de noviembre de 2006, la ley estableció una jornada máxima de ocho horas diarias y 44 semanales, habilitó la negociación colectiva y amplió derechos como el acceso al seguro de desempleo. Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), a diciembre de 2025 se registraban 73.400 puestos cotizantes de trabajo doméstico, un crecimiento del 83% respecto al inicio de la aplicación de la normativa.
Murro advirtió sobre la informalidad y propuso nuevos incentivos
Uno de los principales planteos de la jornada estuvo a cargo del exministro de Trabajo Ernesto Murro, quien destacó la transformación experimentada por el sector, pero puso el foco en las desigualdades que todavía persisten. El exministro señaló que la informalidad en el trabajo doméstico pasó del 67% antes de la aprobación de la ley al 45%, una reducción significativa que, sin embargo, mantiene al sector en una situación de vulnerabilidad respecto al promedio del mercado laboral.
También advirtió que los niveles de pobreza en los hogares donde viven trabajadoras domésticas son superiores a los registrados en hogares con mujeres ocupadas en otras actividades. Murro sostuvo que la evolución del sector constituye un ejemplo de los resultados que puede alcanzar la negociación colectiva cuando existe un compromiso sostenido entre el Estado, las organizaciones de trabajadores y los empleadores.
En ese sentido, recordó las campañas de sensibilización y los mecanismos administrativos impulsados para facilitar la inscripción de trabajadoras ante el BPS, que permitieron incrementar considerablemente la cantidad de personas registradas. Sin embargo, consideró necesario avanzar hacia una nueva etapa de políticas públicas que atiendan las características actuales del empleo doméstico.
Entre sus propuestas, planteó estudiar la posibilidad de establecer deducciones del IRPF y del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS) vinculadas a los aportes por trabajo doméstico, como mecanismo para incentivar la formalización. También propuso incorporar al personal doméstico rural a la negociación colectiva del Grupo 21, recuperar acuerdos institucionales que facilitaron la cobertura de accidentes laborales y fortalecer la capacitación tanto de trabajadoras como de empleadores.
Sanguinetti llamó a evaluar la sostenibilidad de la seguridad social
Por su parte, Julio María Sanguinetti realizó un recorrido histórico por la construcción de la legislación laboral uruguaya y destacó el valor de evaluar los resultados de las políticas públicas a lo largo del tiempo. El expresidente recordó que muchos de los derechos laborales actualmente consolidados fueron resultado de procesos prolongados de discusión y negociación, desde la legislación sobre la jornada de ocho horas hasta la creación de los Consejos de Salarios y el desarrollo de la seguridad social.
En relación con el trabajo doméstico, evocó los debates jurídicos que precedieron a su regulación, particularmente las dificultades para identificar una representación de los empleadores y las tensiones entre las facultades inspectivas del Estado y la inviolabilidad constitucional del hogar. Sanguinetti calificó la experiencia de la legislación sobre trabajo doméstico como una "historia de éxito", aunque advirtió que el país enfrenta nuevos desafíos derivados de las transformaciones demográficas y económicas.
En particular, señaló que el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y los cambios en la economía mundial obligan a revisar permanentemente la sostenibilidad de los sistemas de protección social. "El gasto social hay que incorporarle la constante evaluación para ver su rendimiento", sostuvo, al defender la necesidad de medir los resultados de las políticas públicas para asegurar su continuidad y eficacia.
El exmandatario también destacó la importancia de la inmigración como factor de renovación demográfica y de sostenimiento de los sistemas de seguridad social, en un contexto de creciente competencia económica internacional.
La OIT destacó que Uruguay fue una referencia para la legislación internacional
Desde Lima, Juan Jacobo Velasco subrayó que la experiencia uruguaya tuvo una influencia que trascendió las fronteras nacionales y contribuyó al desarrollo del Convenio 189 de la OIT, aprobado en 2011 para establecer estándares internacionales de protección del trabajo doméstico. Uruguay se convirtió en 2012 en el primer país del mundo en ratificar ese instrumento.
El especialista destacó especialmente el papel del diálogo social y la capacidad de organización de las trabajadoras y de las empleadoras, una característica que consideró excepcional en el contexto internacional. Explicó que, mientras las organizaciones sindicales de trabajadoras domésticas se han fortalecido en diferentes países, existen muy pocos ejemplos de asociaciones de empleadores capaces de participar institucionalmente en procesos de negociación colectiva. En ese sentido, valoró el papel desempeñado por la Liga de Amas de Casa y su capacidad para desarrollar mecanismos de representación y negociación.
El sistema de cuidados y las nuevas modalidades de empleo, entre los desafíos
Otro de los ejes del encuentro fue la transformación del trabajo doméstico y su creciente vinculación con las tareas de cuidado. Murro recordó que el acuerdo salarial de diciembre de 2025 reconoció tres categorías dentro del sector: trabajo doméstico general, cocina y cuidados.
En ese marco, destacó que la demanda de atención a personas enfermas o con discapacidad se ha incrementado considerablemente durante los últimos años, lo que plantea nuevas necesidades de capacitación, regulación y protección laboral.
También señaló la importancia de fortalecer el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, al considerar que su desarrollo resulta fundamental tanto para la protección de las personas dependientes como para facilitar la participación de las mujeres en el mercado laboral.
Las empleadoras reclamaron simplificar los trámites y ampliar derechos
Durante el intercambio, representantes de la Liga de Amas de Casa plantearon nuevas reivindicaciones vinculadas a las obligaciones administrativas y a la representación de quienes contratan personal doméstico. Una de las propuestas fue la creación de una plataforma digital que permita confeccionar automáticamente los recibos de sueldo y generar los documentos necesarios para realizar los aportes correspondientes.
La organización mencionó como referencia el sistema utilizado en Argentina, donde los empleadores pueden ingresar los datos laborales y obtener tanto el recibo salarial como la documentación de pago. Según explicaron, una herramienta de esas características permitiría reducir errores, facilitar el cumplimiento de las obligaciones y otorgar mayor seguridad tanto a empleadores como a trabajadoras.
También se planteó la necesidad de estudiar mecanismos de reconocimiento previsional para las amas de casa, así como revisar la situación de los empleadores de trabajo doméstico en relación con su participación en las elecciones de representantes sociales del BPS.
Una ley que transformó el reconocimiento del trabajo doméstico
En la apertura del encuentro, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Julio César Lestido, destacó el significado social de la normativa y el reconocimiento de una actividad históricamente invisibilizada. El dirigente empresarial sostuvo que el trabajo doméstico cumple una función fundamental para el funcionamiento de los hogares y permite que miles de personas puedan desarrollar sus actividades laborales y personales.
La conmemoración puso de relieve una experiencia uruguaya que combinó legislación, negociación colectiva y participación de organizaciones sociales, y que terminó convirtiéndose en referencia para otros países. A veinte años de su aprobación, el balance presentado durante la jornada dejó en evidencia que la Ley 18.065 permitió transformar sustancialmente las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas, pero la reducción de la informalidad, la ampliación de la cobertura social y la adaptación a las nuevas necesidades de cuidados continúan siendo asuntos pendientes.
El desafío será sostener los avances alcanzados y desarrollar nuevas herramientas que permitan extender efectivamente los derechos a quienes todavía permanecen fuera de la protección laboral.
