Los empresarios exigen al Ministerio de Industria, Energía y Minería contratos más largos para recuperar lo invertido.
El sector transporta el combustible que consumen miles de vehículos en todo el territorio nacional.
A tres años del conflicto que dejó problemas de abastecimiento de combustibles en Uruguay, los transportistas volvieron a reclamar cambios en las condiciones de contratación del servicio que conecta las plantas de Ancap con las estaciones de servicio.
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La Asociación de Transportistas de Combustibles (ATC) pidió mayor previsibilidad para invertir y planteó la necesidad de revisar los contratos, que actualmente duran dos años y se renuevan automáticamente. El reclamo tiene una dimensión económica concreta: cada equipo compuesto por un camión tractor y una cisterna cuesta entre 220.000 de dólares y 250.000 de dólares y debe renovarse aproximadamente cada diez años. Sin embargo, el plazo contractual es considerablemente menor al período durante el cual las empresas deben recuperar esa inversión.
El abogado y asesor de la ATC, Robert Batista, presentó el planteo ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado. La gremial, que representa unas 200 unidades de transporte, no propuso una duración específica para los nuevos contratos, sino que pidió abrir una instancia de negociación para discutir las condiciones del servicio, la incorporación de tecnología, la eficiencia de los recorridos, la renovación de equipos y la capacitación de los choferes. "No es solo un reclamo de dame más plazo y chau", señaló Batista, quien advirtió que la falta de previsibilidad dificulta la planificación de inversiones de largo plazo.
Uno de los principales argumentos de la ATC es la diferencia entre el plazo de los contratos y el período de amortización contemplado en la paramétrica de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea). Según Batista, la fórmula utilizada para calcular los fletes considera siete años para amortizar los equipos, mientras que los contratos tienen una duración de apenas dos años.
A la inversión en camiones y cisternas se suma otro costo: las empresas históricamente debieron comprar los repartos, que tienen un "valor llave" para acceder a determinados recorridos y prestar el servicio. Por eso, el negocio no depende únicamente de adquirir los vehículos, sino también de mantener las condiciones comerciales que permiten utilizarlos.
El transporte se organiza a través de las distribuidoras Ducsa, Axion y Disa, que coordinan los viajes y contratan a las empresas transportistas, no obstante, el costo de los fletes lo asume Ancap. La remuneración se calcula en función de los litros transportados y los kilómetros recorridos, según una paramétrica regulada por Ursea. De acuerdo con los datos presentados por Batista, Ancap destina entre 35 millones de dólares y 40 millones de dólares por año al transporte de combustibles y el costo del flete ronda los 0,70 pesos por litro, según los valores manejados por el regulador.
Para la gremial, las condiciones actuales deben discutirse en un marco más amplio que contemple las necesidades de inversión y la continuidad del servicio. Batista también afirmó que la asociación mantuvo reuniones con autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y con los tres directores de Ursea, pero que no había logrado concretar un encuentro con las autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), pese a haberlo solicitado desde el inicio de la actual administración. "Hay mucha incertidumbre y a nadie le gusta tener que llegar a situaciones extremas para hablar", sostuvo el asesor, en referencia al objetivo de alcanzar acuerdos sin repetir los episodios de conflictividad que afectaron el suministro.
El reclamo de los transportistas coincide con un proceso de revisión más amplio de la distribución secundaria de combustibles. Según informó Búsqueda el 5 de noviembre, Ursea mantuvo desde mediados de año reuniones bilaterales con estacioneros, transportistas, distribuidoras mayoristas y Ancap para conocer sus posiciones sobre el funcionamiento del mercado y las posibles modificaciones regulatorias. El regulador prevé convocar a una reunión plenaria para reunir a los distintos actores, además, según fuentes de su presidencia citadas por el semanario, trabaja en una propuesta de modificaciones regulatorias de corto plazo con apoyo de un consultor internacional, que incluirá una instancia de consulta pública. También prevé elaborar recomendaciones al Poder Ejecutivo sobre los asuntos que excedan sus competencias.
El proceso se enmarca en el Decreto 109/025, promulgado en mayo de 2025, que creó un grupo de trabajo interinstitucional liderado por la Dirección Nacional de Energía del MIEM, con participación de Ursea. La norma estableció un plazo máximo de seis meses para proponer lineamientos sobre la distribución secundaria y exhortó al regulador a no aprobar ni modificar normas sobre esa actividad hasta completar la revisión integral.
El presidente de Ursea, Andrés Cardozo, había señalado que el Poder Ejecutivo encomendó realizar la revisión en un plazo de dos años, que vence en diciembre de 2027. Así, aunque la ATC considera que sus planteos todavía no tuvieron definiciones concretas, el regulador comenzó una nueva etapa de consultas para discutir posibles cambios en las reglas del sector.
La disputa actual remite al conflicto de noviembre de 2023, cuando los transportistas realizaron un paro de 72 horas contra una reforma impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que provocó problemas de abastecimiento en estaciones de servicio de todo el país.
La reforma preveía modificar el sistema de contratación y pago de los fletes, ya que hasta entonces, Ancap administraba los pagos a los transportistas, mientras que el nuevo esquema buscaba trasladar esa responsabilidad a las distribuidoras Ducsa, Axion y Disa. Los empresarios se opusieron porque temían perder estabilidad comercial y quedar en desventaja frente a operadores de mayor porte.
El 14 de noviembre de 2023, el gobierno y la ATC alcanzaron un acuerdo ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que permitió postergar por dos años la entrada en vigor del nuevo régimen. El Decreto 439/023 formalizó la suspensión de la metodología prevista por Ursea hasta el 30 de noviembre de 2025 y mantuvo a Ancap a cargo de la administración de los fletes, además de establecer ajustes semestrales de sus tarifas.
Tres años después, el sector vuelve a poner sobre la mesa las condiciones de contratación, ahora con el foco en la recuperación de las inversiones y la estabilidad del negocio. La revisión regulatoria en curso podría abrir una instancia para discutir esos planteos, aunque todavía no hay cambios definitivos anunciados.