El precio del gasoil en Uruguay volvió a ubicarse en el centro del debate tras el último ajuste de tarifas, en un contexto donde distintos análisis técnicos advierten por la existencia de distorsiones estructurales en su formación.
Según la Federación Rural, en la región los costos de distribución promedian el 15% y en Uruguay representan casi el 40% del valor final del gasoil.
Unos 100 millones de dólares anuales que se recaudan por impuesto al gasoil se destinan a financiar el transporte urbano de pasajeros.
El precio del gasoil en Uruguay volvió a ubicarse en el centro del debate tras el último ajuste de tarifas, en un contexto donde distintos análisis técnicos advierten por la existencia de distorsiones estructurales en su formación.
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De acuerdo con estimaciones de la Federación Rural, el combustible presenta un sobrecosto de 8,20 pesos por litro asociado a componentes que no forman parte del proceso productivo, como subsidios y costos de distribución.
El economista y asesor de la gremial, Milton Ramallo, explicó a Radio Oriental Agropecuaria AM 770 que "Esos 8 pesos que están sobrando no forman parte de la producción ni del refinamiento del combustible", sino que responden a decisiones de política pública que se han mantenido en el tiempo.
Uno de los principales factores identificados es el subsidio al transporte urbano, que se financia a través del precio del gasoil. Según detalló Ramallo, este componente ronda los 3 pesos por litro, lo que equivale a unos 100 millones de dólares anuales. "Es un subsidio que debería salir de Rentas Generales y no del gasoil", afirmó.
El economista señaló además que el esquema actual ha cambiado respecto a su concepción original "ha perdido su esencia" y hoy apunta a otros objetivos, como la renovación de flotas y la promoción de la movilidad eléctrica. En ese sentido, sostuvo que no se puede seguir "castigando al sector productivo" con este tipo de mecanismos, en un contexto donde los márgenes se ven cada vez más ajustados.
Otro de los componentes relevantes del sobrecosto está vinculado a la logística y distribución del combustible. Ramallo advirtió que este costo representa entre el 30% y el 40% del precio final en Uruguay, mientras que en otros países de la región se ubica en torno al 15%. "Cuando yo me comparo con la región y veo que estoy muy por encima, evidentemente algo tengo que mejorar porque no puedo seguir funcionando así", señaló. Según los estudios citados por la gremial, una revisión de este componente podría permitir una reducción cercana a 4 pesos por litro en el precio del gasoil.
Desde la Federación Rural remarcan que el problema no es nuevo y se ha reiterado en distintos contextos. "Siempre terminamos hablando de la misma situación (…) y siempre la distorsión se da al alza", sostuvo Ramallo, quien agregó que "el castigo siempre cae en el precio final, que es el que paga el productor".
En ese marco, planteó que existe margen para avanzar hacia un esquema más competitivo: "¿Podemos llegar a un precio más bajo? Sí, hay margen interno para amortiguar y transparentar un precio que es clave". El análisis también apunta a la evolución reciente del precio frente a la referencia internacional. Durante 2025, según la gremial, las bajas en la paridad de importación no se trasladaron plenamente al precio interno. "La baja no la vimos y ahora viene una subida que nos golpea", indicó Ramallo.
A su entender, esto responde a decisiones discrecionales en la política tarifaria: "La autoridad decide cobrarte un subsidio de cuatro, 5 u 8 pesos y no tenés a quién plantearle la situación".
En términos agregados, el sobrecosto del sistema de combustibles alcanzó unos 185 millones de dólares en el último año con impacto directo sobre la estructura de costos de la economía. "Cada litro más caro implica menos producción, menos empleo y más inflación", advirtió el economista.
Además, cuestionó el esquema de financiamiento de los subsidios y dijo que no es lo mismo 100 millones de dólares para un "sector productivo" que para "Rentas Generales", y subrayó que el mecanismo actual implica una transferencia regresiva dentro de la economía.
Desde la Federación Rural plantearon la necesidad de avanzar hacia un sistema más claro y previsible en la fijación de tarifas. "La tarifa tiene que ser transparente: si sube, sube, pero cuando baja también queremos ver los beneficios", sostuvo Ramallo y luego concluyó: "No puede ser que el ajuste se dé siempre en el precio final; tiene que distribuirse a lo largo de toda la cadena".