Alejandro Ruibal descartó juicios al Estado por el Ferrocarril Central o el proyecto Arazatí

El presidente de la Cámara de la Construcción y director de Saceem reconoció demoras en los pagos por la obra de transporte.

Alejandro Ruibal descartó juicios contra el Estado.

Foto: Presidencia

El presidente de la Cámara de la Construcción y director de Saceem, Alejandro Ruibal, confirmó que existieron problemas y atraso en pagos durante la construcción del Ferrocarril Central, pero descartó que se lleven adelante juicios contra el Estado por dichas situaciones.

“El Ferrocarril Central está funcionando y funcionando bien. Es un ferrocarril con un estándar altísimo, de última generación, que ha ido incrementando la carga y ya en los últimos meses el 100% de la carga de UPM va por el ferrocarril”, señaló Ruibal en diálogo con Radio Sarandí.

Sin embargo, el empresario de la construcción reconoció que “hay cosas pendientes que se están discutiendo y hay cobros pendientes”. “De hecho, hubo hasta una mediación en su momento, se hizo un acuerdo entre las partes y lo que se está esperando es que se cierre ese capítulo”, explicó. “Eso lo debe pagar el Estado uruguayo, es una obra pública”, remarcó.

“Les puedo decir que con el Ferrocarril Central, que fue la obra pública más grande de la historia del país, las empresas hicimos un esfuerzo enorme para poder terminar esta obra de inversión. Hemos puesto muchísimo dinero que no lo hemos recuperado, porque esto se recupera con el pago por disponibilidad”, explicó. Aunque descartó la posibilidad de que se lleven a cabo juicios contra el Estado por las demoras existentes.

¿Cuáles son las perspectivas del proyecto Arazatí?

Ruibal también fue consultado por el proyecto Arazatí, también conocido como Neptuno, cuyo contrato de proyecto fue firmado en enero por el gobierno saliente, pese a los cuestionamientos de la administración entrante.

“Hoy la obra no empezó, se está trabajando en tema expropiaciones. Pero es claro que algunas modificaciones se pondrán sobre la mesa por parte de las nuevas autoridades, y están en todo su derecho”, señaló el presidente de la Cámara de la Construcción, y remarcó que las empresas pondrán la mejor voluntad para buscar alternativas y soluciones a los nuevos requerimientos, si bien no tienen conocimiento aún de los mismos.

De todos modos, aseguró que tiene confianza en el gobierno electo en que éste respetará los contratos, tal y como han dicho públicamente sus autoridades, partiendo desde el futuro presidente Yamandú Orsi. “Eso no quiere decir que nosotros nos vamos a sentar con el contrato bajo el brazo y arrancar un juicio, nos vamos a sentar y vamos a buscar las alternativas”, consideró Ruibal.

En paralelo, el consorcio de empresas Aguas de Montevideo realiza otras tareas como la averiguación previa a la compra de suministros, la evaluación del lugar de implantación de la planta potabilizadora y los empleos, que serán alrededor de 500.

¿Considera posible que el gobierno entrante active la cláusula de terminación del contrato? “No creo, creo que no es la idea y no es lo que han manifestado ni siquiera públicamente”, apuntó Ruibal.