El director del consorcio empresarial, Grupo Vía Central S.A. Alejandro Ruibal, contó cuál fue el problema que derivo en el pedido de arbitraje internacional ante la deuda por la obra del Ferrocarril Central que la administración anterior mantenía con la empresa y que fue solucionada por el gobierno actual.
Alejandro Ruibal festejó el final de arbitraje por el Ferrocarril Central y admitió que "se vieron forzados a plantearlo"
El gobierno y el grupo empresario Vía Central llegaron a un acuerdo de pago de la deuda que mantienen.
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La resolución llegó a comienzos de esta semana cuando el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, anunció la forma de pago a la empresa. “Se pudo salir de una situación compleja de un arbitraje que nadie quería pero que nos vimos forzados a plantearlo porque necesitábamos cobrar, sino colapsaba la empresa que hace el mantenimiento de la vías”, celebró Ruibal.
Respecto al período de prueba del ferrocarril y la polémica que se generó con el gobierno anterior, que argumentaba que la infraestructura no se estaba usando en su totalidad, Ruibal contó que llegaron a una etapa de mediación. Allí, se pactó un monto menor al que estimaba el grupo empresarial, pero, aun así, la administración anterior no emitió el pago. “No se pudo llegar a cobrar aquello que acordamos” comentó Ruibal.
“Teníamos una empresa con 200 personas y todo un equipamiento desplegado en el campo manteniendo la vía y usándose al 100%, y contábamos con la obligación de empezar a pagarle a los bancos”, añadió el director del Grupo Vía Central S.A., quien recordó que se llevó a cabo el mecanismo de Parcerías Público-Privadas (PPP) mediante el pedido de dinero a los bancos.
Las claves del pago
El ministro de economía adelantó algunas de las especificaciones que requiere la nueva forma de contrato y que se divide en dos grandes partes y que, según el ministro, el pago debería finalizar en ocho semanas como máximo. La primera de ellas corresponde al período de prueba del ferrocarril, que fue desde diciembre de 2023 y agosto de 2024, para la cual se estableció un pago de 56,5 millones de dólares que será aprobado por un mediador entre las partes.
En tanto, respecto al período que comprende el mes de agosto de 2024 hasta diciembre de 2025, momento en el que comenzó a funcionar el ferrocarril, se estableció un pago de disponibilidad por el 80% de lo que marca el contrato (que databa de un total de 160 millones de dólares), lo que supone unos 88 millones de dólares por ese período.
"Estamos aplicando el descuento máximo que podemos aplicar de acuerdo a lo que establece el contrato", explicó Oddone en conferencia de prensa y quien incluyó que en el nuevo acuerdo también se tienen en cuenta los costos financieros que generó el atraso de la deuda. En total, teniendo en cuenta el período de prueba, los intereses y el pago por disponibilidad hasta finales de este año, el gobierno pagaría un total de 144 millones de dólares.
Luego de especificar la deuda, Oddone insistió, una vez más, en los efectos que tendrá el pago de la deuda del gobierno anterior en la administración actual. "Esto tiene un impacto en el resultado del año fiscal para 2025. Estamos pagando por aspectos que comprenden al año 2024 pero tendrá un efecto en este año", explicó Oddone, quien aseguró que hay otros cosas similares pero no quiso especificar sobre cada uno.
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