El gobierno y el consorcio empresario llegaron a un acuerdo por el Ferrocarril Central

El Ejecutivo y el grupo Vía Central modificarán el contrato tras la tensión por la deuda estatal. No habrá cambios contractuales sobre montos, confirmaron a Ámbito.

Vía Central reclama u$s 160 millones de deuda.

El gobierno de Yamandú Orsi y el consorcio empresario Vía Central, que gestiona el Ferrocarril Central, llegaron a un acuerdo y anunciarán este mediodía una nueva modificación del contrato.

Presidencia de la República anunció la firma del acuerdo por la “tercera modificación bilateral del contrato de participación público privada de la obra tramo ferroviario Puerto de Montevideo – Estación Paso de los Toros”. Desde el consorcio empresario aseguraron a Ámbito que hubo concesiones, pero que el resultado es positivo luego de una negociación profesional. En tanto, desde el Ejecutivo confirmaron a este medio que no habrá cambios contractuales sobre montos, solo de forma.

A mediados de abril, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, a cargo de las negociaciones en representación del gobierno, había informado un principio de acuerdo con las empresas del grupo Vía Central, aunque en ese entonces persistían posiciones encontradas respecto al monto de la deuda del Estado, cifrada en 160 millones de dólares según las compañías.

El grupo Vía Central activó el pasado 24 de febrero un arbitraje internacional contra Uruguay por no haber recibido los pagos correspondientes a la obra ferroviaria inaugurada en 2023 y que permitió conectar la planta de UPM 2 Paso de los Toros con el Puerto de Montevideo.

"El Ferrocarril Central es el proyecto de infraestructura pública más importante desarrollado en Uruguay bajo la modalidad PPP, con una inversión aproximada de 1.500 millones de dólares, cuyo financiamiento fue estructurado y realizado por los accionistas del proyecto", señalaron entonces las compañías.

Se espera que como parte del acuerdo, cuyos detalles serán presentados este mediodía en la Torre Ejecutiva, las empresas desactiven el arbitraje internacional iniciado contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

La administración de Luis Lacalle Pou se escudó en un informe elaborado por la Unidad de Participación Público-Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para justificar el impago millonario a las empresas del Ferrocarril Central.

El mismo destacó supuestas imprecisiones que quedaron plasmadas en las modificaciones previas que sufrió el contrato. Entre ellas, por ejemplo, diferencias respecto al comienzo de la disponibilidad de la vía, donde no están definidos “los criterios técnicos de aplicación y clasificación de los indicadores de disponibilidad”, por lo que este hito aún no está cumplido.

Desde que asumió, el gobierno se puso manos a la obra para evitar otro juicio internacional en la lista de procedimientos que ya tiene en marcha -si bien, recientemente, se resolvió el caso Pluna y tuvo una buena noticia en una instancia por la minera Aratirí- y recientemente el presidente Orsi expresó el deseo de extender la red ferroviaria de la obra hacia Paraguay.