La Junta Departamental de Maldonado aprobó su Presupuesto quinquenal con apoyo de todos los partidos

El proyecto recibió ajustes durante su tratamiento en comisión, lo que permitió avanzar con la nueva estructura y funcionamiento del organismo hasta 2030.

La Junta Departamental de Maldonado aprobó su presupuesto quinquenal con apoyo de todos los partidos.

La Junta Departamental de Maldonado aprobó por unanimidad el Presupuesto quinquenal 2026-2030, una herramienta que definirá el funcionamiento del organismo durante el resto del actual período de gobierno, luego de una extensa jornada que se prolongó hasta la madrugada y que estuvo marcada por negociaciones, ajustes y acuerdos.

El plenario aprobó el informe en mayoría elaborado por el Partido Nacional (PN), aunque el texto final incorporó modificaciones surgidas durante el trabajo en comisión a partir de planteos hechos por la oposición y por la Asociación de Funcionarios del Legislativo.

La presidenta de la Junta Departamental, Verónica Robaina, destacó el alcance de la iniciativa y señaló que es una primera etapa dentro de un proceso más amplio de actualización institucional. Asimismo, sostuvo que el presupuesto representa una señal orientada a ordenar y acompasar el funcionamiento del organismo, al tiempo que permite atender situaciones que permanecían pendientes desde hacía varias décadas.

Durante el análisis del proyecto, la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Adjudicaciones emitió dos informes, uno en mayoría y otro en minoría. Sin embargo, ambos coincidieron en recomendar la aprobación del presupuesto. Finalmente, el plenario votó el informe elaborado por la mayoría, que recibió respaldo de los 31 ediles, tanto en términos generales como en la consideración particular.

Los cambios impulsados por la oposición

Una clave para tener el consenso fue la incorporación de cambios reclamados por sectores de la oposición. El informe aprobado dejó constancia de que resultó necesario realizar ajustes al proyecto original para contemplar reivindicaciones gremiales vinculadas a la protección de derechos adquiridos y a la carrera funcional, así como diversas propuestas presentadas por otros partidos políticos.

Entre las modificaciones más relevantes figura la referida a la prima por antigüedad. El texto establece que el tope de 30 años para el cálculo de este beneficio se aplicará únicamente a los funcionarios que ingresen a la Junta Departamental una vez que entre en vigencia el nuevo presupuesto. En cambio, quienes actualmente integran la plantilla, ya sea como presupuestados o contratados permanentes, continuarán amparados por el régimen vigente sin la aplicación de ese límite.

El presupuesto aprobado prevé una asignación global de 2.255.579.808 pesos para todo el quinquenio. La distribución anual establece partidas de 452.149.789 pesos para 2026, 452.882.984 pesos para 2027, 446.146.140 pesos para 2028, 448.318.491 pesos para 2029 y 456.082.404 pesos para 2030.

Cambios en la organización de la Junta

Además de la planificación financiera, la norma incorpora una reestructuración organizativa de la Junta Departamental. Entre las medidas previstas se encuentra la eliminación futura de la Dirección General cuando se produzca la vacante correspondiente, la transformación de las actuales Subdirecciones Generales Administrativa y Legislativa en Prosecretarías Generales, la creación de dos cargos de Secretario de Bancada y ascensos para funcionarios del área de taquigrafía.

Otro de los puntos destacados es la creación de un régimen de retiro incentivado para funcionarios que ya hayan configurado causal jubilatoria. El beneficio consistirá en el pago de 12 cuotas mensuales consecutivas equivalentes al sueldo base nominal al momento de acogerse al sistema, siempre que el trabajador cumpla con las condiciones establecidas y opte voluntariamente por retirarse.

Si bien el Frente Amplio (FA) acompañó la aprobación del presupuesto, también planteó algunas cuestiones como que el tiempo destinado a analizar el proyecto fue limitado y propuso la creación de un ámbito específico para seguir su implementación. Tanto oficialismo como la oposición coincidieron en que la puesta en práctica de la nueva estructura y el monitoreo de los cambios serán claves para evaluar los resultados. El expediente continuará ahora su trámite ante el Tribunal de Cuentas antes de su entrada en vigencia definitiva.