Comerciantes locales celebran la inclusión del IVA, pero consideran que la ampliación de la franquicia, que propone el gobierno, es preocupante.
El nuevo régimen de franquicias fue incluido en la ley de Presupuesto presentada por el Poder Ejecutivo.
Los empresarios de comercios y servicios manifestaron este lunes su "preocupación" por el aumento del límite de franquicias para compras en el exterior previsto en el proyecto de Ley de Presupuesto presentado por el gobierno, ya que la medida autoriza hasta tres compras anuales, que podrán unificarse, libres de impuestos aduaneros hasta un tope de 800 dólares lo que podría perjudicar las ventas locales.
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La presidenta de la Cámara de Comercio y Servicios, María Fernández, señaló que el nuevo esquema podría ampliar el alcance de las franquicias a sectores que hasta ahora no eran afectados por la competencia del comercio digital internacional.
"Lo vemos con preocupación en el sentido de que hoy la franquicia impacta en determinados rubros, pero cuando hablamos de que la compra puede llegar hasta 800 dólares, claramente puede estar incluyendo otros rubros que hoy no están en la órbita de preocupación, pero podrían sumarse", expresó Fernández en una rueda de prensa.
Fernández agregó que, aunque la incorporación del IVA es "una buena noticia", el aumento del monto máximo anual introduce elementos que generan incertidumbre para los comerciantes locales. "Lo que refiere a los cambios previstos en la Ley de Presupuesto para los comerciantes es una preocupación. Por un lado se sumaría el tributo del IVA, que lo vemos como positivo, pero se adicionan otros aspectos que hacen al incremento de la franquicia", afirmó.
El sector comercial viene alertando desde hace varios años sobre el impacto de las compras en el exterior, particularmente a través del comercio electrónico, en rubros sensibles como vestimenta, calzado, perfumería y artículos electrónicos. Con la suba del tope a 800 dólares, la advertencia es que otros segmentos del consumo podrían comenzar a desplazarse hacia las importaciones particulares, aumentando la presión sobre el comercio interno en un contexto de costos elevados y retracción en las ventas minoristas.
Los empresarios sostienen que la medida debe ser acompañada por un debate más amplio sobre la competitividad del sector comercio y servicios, que incluye desde tarifas públicas hasta el régimen tributario.
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