Amnistía Internacional advierte sobre la situación de la libertad de expresión y la impunidad en Uruguay

La ONG también fue crítica sobre la situación de reclusión en las cárceles, en consonancia con el Departamento de Estado norteamericano.

Foto: Pexels/ Lara Jameson

La ONG Amnistía Internacional (AI) desaprobó, en su informe anual, a Uruguay en cuanto a la situación actual de la libertad de expresión y la lucha contra la impunidad en lo referido a los delitos cometidos durante la dictadura militar.

El apartado sobre el país resalta que “no se produjeron avances sustanciales en el esclarecimiento del paradero de las víctimas de desaparición forzada” durante la dictadura (1973-1985) aunque destacó que algunos miembros de las fuerzas armadas fueron procesados por delitos comunes cometidos en ese período.

AI, en su informe al que accedió Ámbito.com, criticó, además, el proyecto de ley que ingresó al Parlamento para otorgar arresto domiciliario a detenidos mayores de 65 años. De aprobarse, beneficiaría a más de 20 personas que cumplen condenas por crímenes de lesa humanidad, algo que la ONG calificó de una forma de indulto.

Sobre la libertad de expresión, el documento –que repasa la situación social, económica y de derechos en la mayoría de los países del mundo- hace mención a ataques contra periodistas y medios de comunicación que se registraron el año pasado, destacando el caso de los comunicadores de El Observador que debieron publicar datos sobre espionaje por fuera de su medio.

De acuerdo al ranking de Reporteros Sin Fronteras, Uruguay descendió 26 puestos en el ranking sobre la libertad de expresión, pasando del lugar 18 al 44.

La situación en las cárceles, otro signo de alerta

Amnistía Internacional fue particularmente crítica respecto a la situación que viven los reclusos en los centros de detención del país, donde hay una superpoblación del 120%.

“Las ya duras condiciones de reclusión empeoraron durante el año. El sistema penitenciario adolecía de un grave hacinamiento”, señala el informe anual.

Según datos del Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario, la población de las cárceles aumentó de forma constante, y al concluir el 2022 alcanzó la cifra de 14.497 personas. Además, se registraron 42 muertes bajo custodia.

Así, Uruguay presentó el año pasado la mayor tasa de encarcelamiento per cápita de América del Sur: 411 por cada 100.000 habitantes.

La situación en las cárceles uruguayas también fue señalada por el Departamento de Estado norteamericano en su informe anual sobre los derechos humanos, publicado la semana pasada.

En él alertó que “las condiciones son malas e inhumanas en varias instalaciones debido al hacinamiento, las malas condiciones sanitarias, la atención médica inadecuada, la programación socioeducativa inadecuada y los altos niveles de violencia entre los reclusos”.