Uruguay recibió otra buena noticia en los tribunales internacionales, esta vez en el juicio impulsado por los inversores vinculados al proyecto minero Aratirí, con la ratificación del fallo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya a favor del Estado; y podrá recuperar 4 millones de dólares.
Aratirí: la Justicia internacional ratificó el fallo a favor de Uruguay tras seis años
El Tribunal de Apelaciones de París dio marcha atrás con la sentencia de anulación del primer laudo a cargo de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya.
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Uruguay ganó una instancia importante dentro del juicio de u$s 4.000 millones por la minera Aratarí
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El gobierno puede perder u$s 4 millones por Aratirí
Aratirí: la Justicia internacional ratificó el fallo a favor de Uruguay tras seis años.
El Tribunal de Apelación de París falló a favor del Estado uruguayo en el mayor juicio de la historia —en términos económicos— en su contra, en tanto los inversores del proyecto Aratirí reclamaban 3.536 millones de dólares. Finalmente, esta pretención impulsada desde 2017 por integrantes de la familia Agarwal —herederos del empresario indio Pramod Agarwal, dueño de la minera Aratirí (Zamin Ferrous)— fue desestimada en una sentencia con fecha del martes 27, según informó Búsqueda.
¿En qué consiste el fallo a favor de Uruguay?
El fallo del Tribunal de Apelaciones consiste en el rechazo de la solicitud de anulación presentada por los demandantes —Vinita Agarwal, Prenay Agarwal y Ritika Mehta— respecto de la sentencia de 2020; por lo que, en realidad, se trata de una ratificación que mantiene la vigencia del laudo en cuestión, con sus efectos jurídicos y su carácter de cosa juzgada, tal y como destacaron desde el gobierno.
Los herederos del inversor del proyecto de explotación de hierro a cargo de la empresa Aratirí habían denunciado al Estado uruguayo como el responsable del "fracaso" del proyecto, a partir de "un proceso progresivo de expropiación ilícita entre 2012 y 2017" y del incumplimiento de "obligaciones de trato justo y equitativo de las inversiones protegidas en su territorio” por el convenio entre Uruguay y Reino Unido sobre promoción y protección de las inversiones de capital, vigente desde agosto de 1997. Un reclamo que la primera resolución judicial de la Corte Permanente de Arbitraje desestimó en 2020, haciendo lugar a las objeciones planteadas por la defensa uruguaya y ordenando el pago de 4 millones de dólares a los demandantes en concepto de costos judiciales.
Sin embargo, la familia Agarwal interpuso un recurso contra este laudo y, en 2023, el Tribunal de Apelación de París anuló el fallo. En respuesta, Uruguay acudió a la Corte de Casación de Francia, el máximo tribunal judicial francés, que en 2025 anuló la sentencia de apelación al considerar que el tribunal había excedido los límites de su potestad de revisión.
Asimismo, la nueva decisión del Tribunal de Apelaciones, en tanto mantiene todos los efectos jurídicos de la sentencia original, permite avanzar en el cobro de los 4.097.149 dólares adeudados al Estado uruguayo, en virtud del fallo de 2020; e impone a los demandantes el pago de 300.000 euros adicionales por las costas judiciales correspondientes al proceso de anulación.
En el Poder Ejecutivo consideran que el reciente fallo sobre Aratirí “consolida y fortalece” la posición de Uruguay como país con seguridad jurídica en la medida en que, cada vez que es demandado, gana; con la única excepción del caso Pluna, durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.
