Un informe oficial señala que la venta ilegal del cannabis cayó del 58% en 2014 al 6,7% en 2024, en paralelo a la expansión del mercado legal.
El mercado regulado de cannabis desplaza al narcotráfico y gana terreno en el país.
La regulación del mercado de cannabis en el país provocó "una caída drástica" del narcotráfico clásico y consolidó un sistema de acceso controlado que, a ocho años de su implementación plena, muestra avances tanto en seguridad como en salud pública, según una evaluación oficial presentada por la Secretaría Nacional de Drogas (SND).
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El informe analiza el desarrollo del mercado regulado desde la aprobación de la ley 19.172 en 2013 y su implementación completa años después, destacando una transformación en las formas de acceso al cannabis. Mientras que en 2014 el 58% de los usuarios recurría al narcotráfico como principal vía de obtención, en 2024 ese porcentaje se redujo al 6,7%, lo que evidencia un cambio estructural en el mercado.
Según el reporte, Uruguay estableció un control estatal con tres vías de acceso: farmacias, clubes de membresía y cultivadores domésticos. El informe detalla que el 46% de los consumidores operan en el mercado legal. A pesar de ello, las autoridades reconocen la persistencia de un “mercado gris” basado en intercambios informales, aunque subrayan que este no presenta los mismos niveles de riesgo asociados al narcotráfico tradicional.
El secretario general de la Junta Nacional de Drogas (JND), Gabriel Rossi, destacó que “el mercado regulado ha incidido positivamente para que las personas que deciden consumir cannabis lo hagan dentro de un mercado seguro”. Además, señaló avances en la expansión del sistema de distribución, con cerca de 40 farmacias habilitadas en 2024, aunque reconoció desafíos pendientes en términos de cobertura territorial y abastecimiento.
El impacto de la regulación también se refleja en el plano económico, con la generación de aproximadamente 5.000 puestos de trabajo vinculados al sector. Este desarrollo se enmarca en una política pública que, según las autoridades, logró trascender diferencias partidarias y consolidarse como una política de Estado, integrando dimensiones de salud, seguridad, derechos y gobernanza.
Otro aspecto destacado del informe es el cambio en la percepción social del cannabis desde la aprobación de la ley. Según Rossi, esta transformación responde a un proceso sostenido de gestión responsable y a la disponibilidad de información confiable, respaldada por el Observatorio Uruguayo de Drogas, considerado un referente internacional.
Por su parte, el director ejecutivo del Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), Martín Rodríguez, subrayó que el diseño de la normativa incluyó desde el inicio mecanismos de monitoreo y evaluación, lo que permitió ajustar la implementación y medir sus ados. En ese sentido, afirmó que no se confirmaron los riesgos negativos que se habían planteado durante el debate previo a la regulación.
Como parte de los avances institucionales, Rodríguez anunció la creación del Consejo Nacional Honorario del IRCCA, integrado por representantes sociales, cultivadores, clubes y empresas. Este espacio buscará fortalecer el debate y contribuir a la mejora continua del sistema regulado. De la presentación del informe participó el secretario de la Presidencia, Jorge Díaz.
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